En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación ratificó la sanción de destitución e inhabilidad general por 20 años contra los patrulleros de la Policía Nacional Fabián Mauricio Castillo Bernal y Erwin Stid Quintero Acosta, involucrados en la retención ilegal de un ciudadano y el hurto de $753 millones de pesos.
De acuerdo con la información publicada por la entidad, los hechos se remontan al 19 de enero de 2021, cuando los uniformados, asignados al Grupo de Protección de la Rama Judicial, abandonaron su lugar de servicio sin justificación operativa durante gran parte del día.
Según determinó la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, los dos policías actuaron de manera concertada con un oficial superior para ejecutar un plan premeditado, en el que privaron de la libertad a un ciudadano y lo despojaron de una suma millonaria.
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La investigación estableció que, para dificultar su identificación, alteraron la placa de la motocicleta en la que se movilizaban y portaban chaquetas oficiales pertenecientes a un exmiembro de la institución, lo que evidenció una estrategia intencionada para encubrir sus acciones delictivas.
La Procuraduría calificó los hechos como una falta gravísima cometida a título de dolo, y concluyó que las pruebas aportadas al expediente eran “suficientes, precisas y concordantes” para establecer la responsabilidad directa de Castillo Bernal y Quintero Acosta en la planeación y ejecución del ilícito.
Con esta decisión, que no admite ningún recurso adicional, se cierra el proceso disciplinario contra los uniformados, quienes quedarán inhabilitados de por vida para desempeñar cargos públicos en Colombia durante los próximos 20 años.
El caso vuelve a poner sobre la mesa las alarmas por hechos de corrupción y abuso de autoridad dentro de la Fuerza Pública, y refuerza el llamado de los entes de control a mantener la vigilancia estricta sobre quienes ostentan funciones de protección ciudadana.
La Procuraduría reafirmó que este tipo de conductas, además de vulnerar los derechos fundamentales de las víctimas, afectan gravemente la imagen y la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad del Estado.
Esto es lo que debe hacer en caso de abuso de autoridad
El abuso de autoridad es una conducta que ocurre cuando un funcionario público utiliza su cargo para imponer su voluntad por encima de la ley, actuando con fines personales o arbitrarios, y dejando de lado el interés público. Este tipo de comportamiento no solo es considerado una falta disciplinaria, sino que puede constituir un delito penal sancionable por las leyes colombianas.
Según el Ministerio de Justicia, cualquier ciudadano que haya sido víctima o testigo de un acto de abuso de autoridad tiene el derecho de denunciar formalmente los hechos, ya sea de manera verbal o escrita. La denuncia debe contener una narración clara, precisa y detallada sobre lo ocurrido, incluyendo la fecha, el lugar, la forma en que se presentó la situación y los involucrados.
¿Dónde denunciar?
- Fiscalía General de la Nación: Es el primer canal habilitado para recibir denuncias penales. Cuenta con puntos de atención como:
- Las Salas de Atención al Usuario (SAU)
- Las Unidades de Reacción Inmediata (URI)
- Los Centros de Atención a Víctimas
- Las Casas de Justicia
- Procuraduría General de la Nación: Es el ente encargado de investigar y sancionar disciplinariamente a los servidores públicos cuando se determina que han cometido faltas en el ejercicio de sus funciones.
- Entidad donde labora el funcionario implicado: También se puede presentar una queja directamente en la institución donde trabaja el servidor público involucrado.
- Personería Municipal y Defensoría del Pueblo: Son organismos que velan por los derechos de los ciudadanos y actúan como canal de apoyo en la recepción de quejas y la orientación legal.
¿Qué debe tener una denuncia penal?
- Debe ser presentada ante una autoridad competente.
- Debe describir claramente los hechos, incluyendo circunstancias de tiempo, modo y lugar.
- El denunciante debe declarar bajo juramento y notificar si ya reportó los hechos a otra autoridad.
¿Qué comportamientos constituyen abuso de autoridad?
- Retención ilegal de personas
- Uso de la fuerza desproporcionada o sin justificación
- Amenazas, intimidación o coacción
- Uso indebido de información confidencial
- Favorecimiento electoral o perjuicio político utilizando el poder institucional
- Omisión en reportar delitos que deben ser investigados de oficio
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