Tras un aumento de quejas ciudadanas por el uso del cepo como mecanismo injustificado de depresión para el pago en la ‘Zonas de Parque Pago’ en Bogotá, el concejal de los conductores, Julián Forero, también conocido como Fuchi, presentó un proyecto de Acuerdo Distrital para eliminar el cobro por instalación y desinstalación del bloqueador de neumáticos en estos espacios.
“Nuestra propuesta es simple: si un conductor incumple, que pague lo que debe por el tiempo de parqueo. Pero no vamos a permitir que se le cobre $120.000 o $90.000 solo por quitar un cepo, como si se tratara de un castigo económico y no de una medida de control”, afirmó Forero.
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De acuerdo con la información proporcionada por el cabildante, actualmente, la Terminal de Transporte S.A. impone el cepo a través de trabajadores del Consorcio Servicios Temporales en varias situaciones: cuando el usuario no paga anticipadamente la tarifa por el uso del espacio o cuando retira el vehículo sin cancelar lo correspondiente.
Además, lleva a cabo esta actividad si el conductor excede el tiempo pagado sin ampliación, o si utiliza el espacio de forma no autorizada según la normatividad vigente (Acuerdo 695 de 2017, Decreto 519 de 2019, Decreto 379 de 2021, entre otros). Por cualquiera de estas razones, se instala el cepo y se exige una tarifa adicional de $90.000 para motos y $120.000 para carros únicamente por la desinstalación.
El concejal Forero sostiene que este esquema derivó en un modelo de negocio enfocado más en la imposición del cepo que en el uso real del estacionamiento. Las cifras recientes refuerzan esta percepción: en 2023 se instalaron 10.927 cepos, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 23.625, lo que representó un aumento del 116%. Además, solo en los primeros cuatro meses del 2025, ya se reporta un incremento del 12% respecto al mismo periodo de 2024.
El malestar ciudadano también se refleja en el número de quejas. Según datos de la Terminal de Transporte, las inconformidades por cepos crecieron en un 434%, pasando de 70 casos en 2024 a 374 en lo que va de 2025. Cantidad de peticiones, quejas y reclamos emitidas por los conductores en 2024 y 2025:
- Enero
- 2024: 11
- 2025: 123
- Febrero
- 2024: 36
- 2025: 77
- Marzo
- 2024: 12
- 2025: 73
- Abril
- 2024: 11
- 2025: 101
Qué propone el concejal Forero
La propuesta de Forero plantea que, mediante un Acuerdo Distrital, se prohíba el cobro adicional por el retiro del cepo en las Zonas de Parqueo Pago. El concejal argumentó que ya es suficiente que los ciudadanos deban pagar por estacionar en el espacio público y que cobrar por una medida represiva como el cepo constituye un abuso.
Igualmente, la iniciativa contempla que en el futuro tampoco se cobren otras medidas de retención, como bloqueadores panorámicos, inmovilizadores vehiculares u otros mecanismos similares que puedan estar incluidos en el contrato Usuario-Operador.
“Este proyecto no solo busca eliminar un cobro injusto. Busca dignificar el trato a los conductores, y ponerle un alto a los mecanismos de presión que hoy parecen más pensados para recaudar que para organizar la ciudad“, destacó el cabildante.
Vale recordar que, desde octubre de 2024, el cabildante ya había expuesto su indignación sobre las acciones que estaba asumiendo la Terminal de Transporte y sus funcionarios al asumir responsabilidades que no les compete y que la ley aclara quienes sí están en la facultad de detener un vehículo en la ciudad.
En octubre de ese año, Fuchi expresó que: “La Terminal de Transportes y sus funcionarios no tienen la autorización ni la competencia para retener vehículos. No son autoridad de tránsito, por lo que no pueden colocar cepos en las zonas de parqueo”.
Es importante aclarar que la Ley 769 de 2002 señala que la retención de vehículos son acciones con competencia exclusiva de las autoridades de tránsito, las cuales son: el Ministerio de Transporte, los gobernadores y los alcaldes, los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital; la Policía de tránsito urbano y la policía de carreteras, los Inspectores de Policía, los Inspectores de tránsito y corregidores; la Superintendencia General de Puertos y Transporte, las fuerzas militares, los agentes de Tránsito y Transporte.
Finalmente, desde el Concejo de Bogotá, el cabildante reiteró su compromiso de ejercer control político, denunciar abusos y proponer soluciones concretas, defendiendo que los conductores deben ser tratados como ciudadanos con derechos y no como infractores por defecto.
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