
El exdirector de Manejo de desastres de la Ungrd Sneyder Augusto Pinilla Álvarez fue imputado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en hechos ocurridos entre agosto y diciembre de 2023.
Según el material de la Fiscalía General de la Nación, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez presuntamente estaría involucrado junto a otros dos funcionarios de la subdirección general de la entidad en el direccionamiento de cinco órdenes de proveeduría para el suministro de horas de volquetas y maquinaria amarilla con sus interventorías para mitigar emergencias en municipios de Córdoba.
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Los municipios donde presuntamente Sneyder Augusto Pinilla Álvarez había intervenido se encuentran: Puerto Escondido, Moñitos, Canaletes, Ciénaga de Oro y Los Córdobas.
El ente acusador señaló que el total de los contratos alcanzó los 8.671 millones de pesos. “Estos recursos no fueron desembolsados a los contratistas”, indicó la Fiscalía General de la Nación.
Además, se evidenció que Pinilla Álvarez habría avalado contrataciones con particulares no inscritos en los registros oficiales de la entidad, seleccionados previamente por un funcionario de la UNGRD.

La audiencia se llevó a cabo ante un juez de control de garantías y hace parte del avance judicial frente a presuntos hechos de corrupción en la entidad.
Caso de Sneyder Pinilla
A inicios de 2024, el caso tomó notoriedad tras las declaraciones del propio Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, quien confesó ante la justicia haber entregado recursos públicos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, con el fin de lograr respaldo político al Gobierno.
Por estos hechos, un juez declaró a Pinilla culpable de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.
Se convirtió en el primer condenado del escándalo, en un proceso que ha involucrado a varios funcionarios y contratistas vinculados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Jorge Alberto Cerchiaro es acusado por contrato irregular y peculado cuando fue alcalde de Barrancas, La Guajira
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia formuló acusación formal contra el congresista Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Los hechos investigados se remontan a su gestión como alcalde del municipio de Barrancas, en La Guajira.
La Sala, bajo la dirección del magistrado César Reyes, utilizó pruebas testimoniales y herramientas tecnológicas para examinar la legalidad del contrato de reforestación en la ribera del río Ranchería.
“Practicó pruebas testimoniales y técnicas usando moderna tecnología para evaluar el cumplimiento del contrato firmado para la reforestación de la ribera del río Ranchería, el cual se habría adjudicado irregularmente”, indicó la Corte Suprema de Justicia a través de su cuenta en X.

La acusación también incluye presuntas irregularidades en un contrato de concesión para el alumbrado público y su interventoría, gestionados durante su administración municipal.
Los convenios fueron suscritos con las sociedades Alumbrado Público de Barrancas S.A.S. e Interventoría Alumbrado Público de Barrancas.
La Corte indicó que Jorge Alberto Cerchiaro habría tramitado el contrato sin garantizar que los recursos fiscales del municipio fueran suficientes para sostener la operación del sistema eléctrico.
Además, no se habrían realizado estudios técnicos adecuados que justificaran la viabilidad financiera del proyecto.
“El entonces alcalde sabía que los recursos recaudados por impuestos eran insuficientes para cubrir la totalidad de los costos de operación del sistema de alumbrado público, así como la provisión de energía eléctrica”, señaló la Corte.
El proceso pasará ahora a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, donde continuará el juicio formal en su contra.
Paralelamente, el congresista fue citado a indagación por un caso adicional relacionado con presuntas irregularidades en la liquidación de otro contrato durante su gestión como alcalde.
Jorge Alberto Cerchiaro permanece en libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra y hasta el momento no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos.
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