Un documento judicial divulgado el domingo 13 de julio por Caracol Radio volvió a poner en el centro de atención el caso del atentado perpetrado contra el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en Bogotá.
La revelación se relaciona con una controversia generada tras declaraciones hechas por el juez 37 de control de garantías de Bogotá durante una audiencia realizada durante el proceso penal que involucra a varios señalados por su presunta participación en el atentado.
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Lo dicho por el juez encendió alertas institucionales, al punto que la Unidad Nacional de Protección (UNP) elevó un derecho de petición para obtener una aclaración formal por parte del funcionario judicial.
En aquella diligencia, que tuvo lugar días después del ataque armado que dejó a Uribe Turbay hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Fundación Santa Fe, el juez José A. Hofmann incluyó una constancia en la que dejó entrever una posible omisión de las autoridades responsables de la protección del senador.
Según se conoció en su momento, al referirse a los elementos presentados por la parte civil, el juez declaró que habría indicios de una eventual responsabilidad del Estado, al tiempo que advirtió sobre una posible configuración del delito de prevaricato por omisión por parte de funcionarios de la UNP, encargada de garantizar la seguridad del congresista.
La implicación judicial de estas palabras fue tal, que la entidad de seguridad decidió actuar de manera institucional para exigir explicaciones. El 9 de julio, a las 8:32 a. m., el juez Hofmann respondió oficialmente a través de un correo electrónico, documento que solo hasta este 13 de julio fue revelado por la cadena radial mencionada.
La misiva a la que tuvo acceso la fuente citada, aclara que “la representación de víctimas en cabeza del abogado Víctor Mosquera planteó la actuación presuntamente negligente de la Unidad Nacional de Protección”, y se destaca que el despacho no realizó una valoración jurídica de fondo sobre posibles responsabilidades administrativas o penales.
“El despacho entonces se limitó a dejar unas constancias respecto de los derechos de las víctimas que estas pueden ejercer ante otras instancias y los hechos que fueron puestos de presente durante la audiencia de imposición de medida de aseguramiento; jamás se pronunció de fondo respecto de la posible responsabilidad administrativa y/o penal de la Unidad Nacional de Protección. Hacerlo, habría sido contrariar abiertamente el ordenamiento jurídico, empezando por el artículo 6 de la Carta Política”, se lee en uno de los apartes del documento conocido.
En su mensaje final, el juez Hofmann hizo un llamado directo a los actores involucrados en este proceso judicial: “El despacho insta a los involucrados en este proceso a mantener la prudencia en este delicado asunto”. Este pronunciamiento se da en medio de una situación donde diversas piezas del caso comenzaron a ser hiladas por las autoridades judiciales y los abogados representantes de las víctimas.
La situación de seguridad de Miguel Uribe Turbay, hoy en estado delicado tras más de un mes de hospitalización, fue un eje recurrente en las audiencias preliminares contra los presuntos responsables del atentado. Hasta el momento, fueron judicializadas seis personas por su supuesta participación en los hechos.
Entre ellas, figura un menor de edad que habría sido el autor material del disparo, Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco, señalado de haber conducido el vehículo en el que se movilizaba alias El Costeño; Katerine Andrea Martínez, apodada Gabriela, modelo webcam que habría sido utilizada para entregar el arma homicida; William Fernando González Cruz, conocido como “El Hermano” o “El Viejo”, y Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, identificado como presunto articulador de toda la operación criminal.
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