La aparente crisis financiera que atraviesan las Fuerzas Armadas, que ha negado el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, ha sido motivo de discusión en la opinión pública.
“Ni disminución del presupuesto de la fuerza pública, ni tropas desmoralizadas. Los hechos hablan por sí solos: Entre 2022 y 2025, el presupuesto del sector Defensa creció un 5,5% en términos reales. Por otra parte, en 2024, el presupuesto fue 59,3 billones de pesos, y en 2025, alcanzó 60 billones de pesos, a precios constantes. Este presupuesto representa el más alto de la última década y equivale al 4,1% del PIB, superando el promedio de los últimos diez años, que fue del 3,6% del PIB”, expuso el ministro Sánchez en un trino.
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Sin embargo, el militar en retiro reconoció que, si bien contrario a lo que se ha denunciado (es decir, que ha habido un recorte presupuestal para la fuerza pública), el gasto de funcionamiento se ha visto presionado, “principalmente por el incremento en los costos de personal”.
Una de las personas que cuestionó las versiones del ministro Sánchez fue el ex fiscal General Francisco Barbosa, que lanzó duras críticas contra el militar retirado que está a la cabeza del Ministerio de Defensa y el presidente Gustavo Petro, a quien acusó de desmantelarlas.
“A las Fuerzas Armadas de Colombia no las doblegaron ni el M-19, ni las FARC, ni Pablo Escobar. Resistieron los embates de los peores criminales del planeta. Pero en solo dos años, Petro logró lo que no pudieron con las armas: desmantelarlas desde adentro. Lo hizo sentado en el poder, con un ministro de Defensa que da entrevistas pero no da resultados.Y mientras tanto, los bandidos celebran. Porque saben que este gobierno los protege (sic)”, escribió Barbosa desde su cuenta en X.
Alerta por el supuesto recorte del presupuesto de la fuerza pública en Colombia
Una investigación publicada por Semana detalla que el Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial enfrentan recortes presupuestales que afectan la movilidad de tropas, la inteligencia y el equipamiento, mientras que los grupos armados ilegales incrementan su capacidad ofensiva.
El presupuesto asignado por el Gobierno Petro para 2025 asciende a 33 billones de pesos, aunque 921.000 millones permanecen congelados por restricciones fiscales, lo que ha obligado a suspender compras de bienes, detener proyectos de infraestructura clave y frenar inversiones en desarrollo humano para la fuerza pública.
Altas fuentes castrenses consultadas por Semana advirtieron que la reducción presupuestal ha generado retrasos en mantenimiento y modernización, así como desorden financiero.
Por otro lado, un informe de la Contraloría señala que tres helicópteros UH-1N saldrán de servicio este año sin reemplazo, y varias aeronaves permanecen en tierra por falta de recursos. Además, equipos existentes están siendo sobrecargados con misiones para las que no fueron diseñados.
El Ejército, según puntualiza la investigación del citado medio, solicitó 22 billones de pesos para enfrentar el crecimiento del crimen organizado, que opera en 28 departamentos con aproximadamente 17.500 combatientes ilegales. Sin embargo, solo recibió 12 billones, lo que representa el 54% de lo requerido.
En la Policía Nacional, el panorama es similar: su presupuesto, que es de 14,7 billones, está lejos de los 23 billones que requiere para operar. Aunque la institución recibe 2,3 billones por fuentes externas, el déficit persiste, según sostiene la investigación de Semana, que argumenta que el 63% del presupuesto policial se destina a nómina y solo el 1% a inversión en capacidades estratégicas.
Al menos 16 dependencias de la Policía han sufrido recortes: por ejemplo, Semana subrayó que la Dirección de Investigación Criminal e Interpol experimentó reducciones del 27% y las asignaciones para operaciones cayeron de 60.000 millones en 2022 a 18.000 millones, mientras que la inversión en tecnología bajó a 15.000 millones, menos de la mitad del año anterior.
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