Carlos Fernando Galán y Gustavo Petro ultimaron detalles sobre los buses eléctricos y la segunda línea del metro

En las últimas horas, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó que el Gobierno Nacional dio la aprobación para asumir un crédito por cincuenta millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a financiar la Línea 2 del Metro del distrito.

“Debo reconocer y agradecer al Gobierno Nacional. Fue la aprobación, digamos, de la resolución que autoriza el crédito que Bogotá asuma por cincuenta millones de dólares con el BID, para la Línea 2 del metro”, señaló el mandatario.

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El alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que espera que en el mes de julio de 2025 se deje todo claro para el metro de Bogotá, línea 1, línea 2 y recursos para la flota eléctrica.

“Que Bogotá asuma un crédito por más de $50 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BIC) es un avance. Vamos por buen camino, yo espero que de aquí a la próxima semana tengamos anuncios adicionales. La semana pasada el Gobierno nacional firmó la luz verde para dicho crédito”.

Uno de los principales retos ha sido la coordinación financiera entre la Nación y el Distrito, debido a las limitaciones fiscales del Gobierno Nacional.

Frente a ese panorama, la administración distrital ha propuesto ajustar algunas vigencias futuras con fechas definidas, con el fin de garantizar la ejecución de los proyectos sin comprometer su sostenibilidad financiera.

En cuanto a la movilidad eléctrica, el acuerdo contempla la incorporación de 269 buses eléctricos articulados a TransMilenio en 2026. A ello se suman 364 buses adicionales que serán adquiridos mediante convenios con operadores para renovar la flota existente, según explicó el alcalde.

Estos esfuerzos buscan consolidar el proceso de transición hacia un sistema de transporte público más limpio, mediante la expansión de la flota de buses eléctricos y el fortalecimiento de la infraestructura para la movilidad masiva.

Respecto a la segunda línea del metro, Galán recordó la urgencia de asegurar los recursos para mantener el ritmo de las obras.

“El proyecto metro está teniendo ya una necesidad de recursos muy grande. El pago que se va a hacer por ejecución de obra del último trimestre es de más de $700.000 millones”, afirmó, citado por Valora Analitik. Añadió que las necesidades de financiación para el tercer y cuarto trimestre serán similares o mayores.

Continúa la controversia en Bogotá por la decisión de trasladar a la comunidad indígena emberá a una sede del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (Idpac), ubicada en el barrio Montevideo, cerca de la Terminal de Transporte El Salitre.

La medida ha generado rechazo entre residentes del sector de Ciudad Salitre Occidental y zonas aledañas.

Uno de los pronunciamientos más visibles fue el del concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, quien criticó a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán por, según él, no atender las preocupaciones de los habitantes del sector.

“¿Por qué el alcalde @CarlosFGalan no quiere escuchar a las comunidades del Salitre en sus preocupaciones con el tema de la reubicación de las comunidades Embera?”, escribió en su cuenta de la red social X.

La Asociación de Propietarios de Salitre (Asosalitre) manifestó su oposición a la decisión del Distrito. A través de comunicados y declaraciones públicas, la organización aseguró que no se realizó un proceso de información previo ni se consultó a los residentes sobre el traslado.

Argumentaron que esta acción podría agravar problemáticas ya presentes, como inseguridad, deterioro del espacio público y presencia de menores en actividades de mendicidad.

Ante las críticas, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, defendió la medida. Afirmó en la misma red social que la reubicación ha contado con espacios de diálogo con la comunidad y que estos encuentros continuarán.

“Desde @gobiernobta siempre priorizamos el diálogo […] Hoy precisamente tuvimos espacio de encuentro y diálogo con la comunidad”, señaló el funcionario.

Briceño respondió cuestionando la sinceridad del proceso de concertación. En sus palabras, “simular diálogo no es dialogar”, y aseguró que la decisión ya está tomada por la Alcaldía, lo que convierte los encuentros con los residentes en una formalidad sin efectos reales.