En la tarde del domingo 13 de julio, el Ejército Nacional se pronunció a través de un comunicado oficial sobre la denuncia de José Leonairo Dorado, exagente de Inteligencia y testigo clave ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que habría sido hospitalizado en un centro psiquiátrico bajo custodia militar de manera involuntaria e injustificada.
En el pronunciamiento, el Ejército explicó que los procedimientos aplicados por el Establecimiento Penitenciario y Carcelario para Miembros de la Fuerza Pública de Alta y Media Seguridad (Cpams Ejepo) “para atender la situación médica manifestada por una persona privada de la libertad (PPL) al representante del Ministerio Público, se llevaron a cabo conforme a los protocolos y competencias penitenciarias establecidos en la Ley 65 de 1993. Cuando una persona privada de la libertad manifiesta la necesidad de recibir atención médica, se procede de manera inmediata”.
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La institución enfatizó que la información médica y los diagnósticos se mantienen bajo reserva por respeto al derecho a la intimidad y solo pueden ser divulgados por orden judicial o a solicitud de la familia. En el comunicado, el Ejército recalcó: “A la autoridad penitenciaria solo le corresponde hacer efectivos los traslados recomendados por los médicos, y así se procedió en este caso”.
Además, el Ejército sostuvo que los diagnósticos, citados en la publicación de revista Cambio, fueron emitidos por profesionales de la salud y no por autoridades penitenciarias. “La situación jurídica actual de la persona mencionada en dicha publicación no es de competencia del Ejército Nacional, sino de las autoridades judiciales correspondientes. En este sentido, llama la atención que el medio de comunicación publique una acusación que compromete a una institución que no hizo más que garantizar atención médica a una persona que la requirió”.
La comunicación concluyó: “El Ejército Nacional jamás desviaría su misión constitucional para adelantar acciones contrarias a la ley, como lo señala la publicación (…) Las disposiciones y políticas institucionales jamás han estado orientadas a la realización de actos contrarios a lo estipulado por la legislación; por el contrario, el conjunto de valores que promueve el Estado Social de Derecho y el Ejército Nacional de Colombia constituye un baluarte de respeto por la Constitución Política y la ley”.
Contexto de la denuncia y declaraciones de la familia
La controversia surgió la mañana del domingo 13 de julio, cuando la revista Cambio conoció el caso de José Leonairo Dorado, que habría sido internado sin justificación aparente en una clínica psiquiátrica, además de estar retenido más de 24 horas bajo custodia militar e incomunicado tras alertar sobre “intentos de silenciarlo”.
La familia indicó al medio de comunicación su preocupación, ya que Dorado fue llevado al hospital, donde supuestamente se le bloqueó la comunicación y se restringió cualquier información sobre su estado.
Cabe destacar que el testimonio del exagente Dorado ha sido fundamental para localizar fosas comunes, esclarecer la suerte de desaparecidos y atribuir responsabilidades a oficiales de inteligencia en crímenes históricos, como la toma y retoma del Palacio de Justicia y el genocidio de la Unión Patriótica, abarcando hechos ocurridos entre 1985 y 2008.
Los hechos denunciados indican que, tras conceder una entrevista a W Radio en la que advirtió sobre riesgos a su vida, Dorado fue trasladado de celda en la cárcel militar Ejepo y sometido a revisiones. Posteriormente, después de solicitar atención médica por migrañas e insomnio, fue remitido a un hospital y luego a una clínica psiquiátrica, donde ingresó el viernes 11 de julio en una sala de “alta seguridad psiquiátrica, aislado y privado de sus pertenencias”.
Según testigos consultados por el medio citado, el acceso a Dorado fue restringido hasta la intervención de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Cuando finalmente logró recibir visitas, el exagente aseguró: “Casi acaban conmigo a punta de droga”.
Asimismo, relató a sus hijos que pasó la noche amarrado y medicado para dormir, pese a negar tener padecimientos psiquiátricos y sostener que se encontraba en contra de su voluntad en la clínica.
La familia indicó que, tras el regreso de Dorado al centro de reclusión, habrían persistido las irregularidades por parte de los oficiales. Solo la presencia de una abogada y la presión directa de los familiares se habría logrado que se reconociera la naturaleza psiquiátrica de la remisión hospitalaria.
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