Crisis de pasaportes: las advertencias técnicas, jurídicas y políticas que salieron desde la Cancillería

Un amplio expediente en manos de la Procuraduría General contiene las advertencias reiteradas de la Cancillería sobre una eventual crisis en el sistema de expedición de pasaportes en Colombia. Dicho análisis, publicado por el diario El Espectador, expone con detalle los antecedentes técnicos, jurídicos y políticos que rodean este proceso y que, en conjunto, configuran un escenario de incertidumbre frente a la continuidad de este servicio esencial a partir del 31 de agosto de 2025.

La documentación incluye actas de reuniones, memorandos sin firma, cartas oficiales, mensajes en X con fuerte carga política y testimonios rendidos ante organismos de control. Todo da cuenta de una serie de alertas que, según las fuentes consultadas por ese medio, no fueron atendidas oportunamente, lo que en la actualidad pone al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, frente a una situación compleja.

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Una de las señales más explícitas fue registrada el 7 de julio, en una reunión entre la excanciller Laura Sarabia y funcionarios del Ministerio Público. En el acta de ese encuentro, la exministra expresó que “era imposible cumplir con el cronograma de implementación para que la Imprenta Nacional y el Gobierno de Portugal manejaran el contrato de los pasaportes”. Argumentó que no existía un convenio firmado y que había múltiples incógnitas en torno a los términos, costos y condiciones técnicas del nuevo modelo.

Debido a ello, propuso declarar la figura de urgencia manifiesta con el fin de prorrogar por once meses el contrato vigente con Thomas Greg & Sons (TGS), empresa encargada de la producción y expedición de los pasaportes. Esta propuesta fue desestimada por el presidente Gustavo Petro, que optó por encargar al jefe de gabinete, Alfredo Saade, la coordinación del proceso.

Durante el mismo encuentro con la Procuraduría, Sarabia calificó como una “usurpación” el papel de Saade en la negociación del nuevo contrato. Aseguró que desde el 27 de junio el jefe de gabinete le había mencionado que actuaría como “el articulador del proceso” por orden directa del presidente.

Pese a que este tipo de decisiones corresponde a la Cancillería, Saade habría ejercido presiones que derivaron en la renuncia de la entonces ministra. Su intervención se convirtió en uno de los ejes de la indagación disciplinaria abierta por la Procuraduría, en la que también figuran los excancilleres Álvaro Leyva y Luis Gilberto Murillo.

Cabe señalar que las tensiones alrededor de la expedición de pasaportes no son nuevas, pero sí se han intensificado desde que el Gobierno nacional decidió terminar su relación comercial con la firma TGS. Esta empresa, encargada del proceso desde 2007, quedó envuelta en una controversia tras la fallida licitación de 2023, en la que varias compañías desistieron de participar por considerar que los términos favorecían directamente a la compañía.

En sus declaraciones ante el órgano de control, el equipo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores también expuso una advertencia operacional relevante: el actual contrato con TGS prevé la producción de hasta 8.000 pasaportes diarios. No obstante, la incertidumbre que rodea el proceso ha generado una sobredemanda que alcanza las 11.000 citas diarias, lo cual excede la capacidad instalada.

Esta situación podría llevar a que el contrato vigente se agote antes del plazo establecido del 31 de agosto. A pesar de que no es una denuncia hecha por sectores de oposición, la advertencia provino del mismo ministerio encargado del servicio. Según este testimonio, sin una decisión de fondo que extienda la operación, el país se enfrentará a una interrupción en la expedición de documentos de viaje.

Otro punto que se destacó en el análisis de la fuente citada hace referencia a un requerimiento logístico. La empresa TGS notificó que, en caso de que se quisiera prorrogar el contrato más allá del 31 de agosto, dicha decisión debía comunicarse con cuatro meses de anticipación, con el fin de garantizar la disponibilidad del papel requerido para la impresión de pasaportes.

Este plazo ya fue superado, lo que implicaría que no existe posibilidad de continuidad con el contratista actual, incluso si se decidiera en este momento reactivar el acuerdo. La omisión de esta condición fue consignada en las actas entregadas a la Procuraduría como evidencia de la falta de previsión en el proceso.

Una inspección realizada por la Procuraduría a las instalaciones de la Imprenta Nacional el 7 de julio reveló que esta entidad apenas cuenta con un 10% de la infraestructura necesaria para asumir la totalidad del proceso de expedición de pasaportes. Así lo confirmó su gerente, Viviana León Herrera, que señaló que se necesitarían al menos 250 personas adicionales a las que actualmente componen la planta global.

Además, la funcionaria indicó que el convenio con Portugal preveía una fase de transferencia tecnológica de siete meses, periodo que no coincide con el tiempo restante del contrato actual. De acuerdo con lo expresado en esa visita, “no existen acuerdos ni obligaciones contractuales pactadas para adelantar el suministro de pasaportes”, lo que deja en evidencia la fragilidad de la transición anunciada por el Gobierno.

El acta de esas reuniones, obtenida por el mismo diario citado, detalla que entre abril y junio se realizaron seis mesas técnicas que concluyeron lo siguiente: “No existían condiciones materiales ni financieras que permitieran adelantar una licitación pública dentro del plazo disponible, sin poner en riesgo la continuidad del servicio de pasaportes”.