“El agua no puede ser una trinchera política”, advierte un agricultor de Balboa al describir la incertidumbre que se vive en el Cauca tras la entrada en vigor del Decreto 1094 de 2024.
Esta norma, firmada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en agosto del año pasado, ha convertido a los miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) en los administradores efectivos de los recursos hídricos del departamento.
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El decreto otorga a las autoridades indígenas del Cric facultades plenas para gestionar y decidir, bajo sus propios sistemas de gobierno y cosmovisiones ancestrales, el uso del agua en el territorio caucano.
La medida, presentada por el Gobierno como un avance histórico hacia la autonomía territorial de los pueblos originarios, ha generado una fuerte controversia.
El documento instauró la llamada Autoridad Territorial, Económica y Ambiental (Atea), que confiere al Cric un rol preferente y exclusivo sobre aspectos sociales y ambientales, incluyendo el manejo del agua en sus territorios ancestrales.
Sin embargo, estos territorios se superponen con la mayor parte del departamento, lo que ha provocado tensiones con otras comunidades que también han habitado y trabajado estas tierras durante generaciones.
Campesinos, afrodescendientes y otros grupos indígenas no afiliados al Cric denuncian haber sido marginados del proceso. Según un líder indígena misak, que solicitó anonimato por seguridad: “Nosotros también somos pueblos ancestrales. También cuidamos la naturaleza, también tenemos formas propias de gobierno. Pero aquí se privilegió al Cric, y ahora son ellos los que mandan sobre todos. Eso es peligroso, porque reproduce las mismas lógicas de exclusión que siempre hemos criticado del Estado”, explicaron a Semana.
Estas voces reclaman que el Gobierno nacional empoderó exclusivamente a una organización, desconociendo la diversidad étnica y cultural del Cauca.
En la práctica, la nueva normativa ha instaurado una “doble autoridad ambiental”: por un lado, la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) como entidad estatal, y por otro, el Cric como poder territorial habilitado por el decreto presidencial.
Esta situación obliga a muchos campesinos a solicitar doble permiso para utilizar fuentes hídricas y, en algunos casos, a enfrentar amenazas o sanciones comunitarias.
El conflicto ha escalado hasta el punto de registrarse bloqueos, asambleas tensas y amenazas verbales entre comunidades.
Las denuncias de cobros informales por parte de miembros del Cric a campesinos y pequeños productores que requieren agua para sus cultivos han incrementado la tensión. Héctor Valverde, líder campesino de la vereda Quinamayó en Santander de Quilichao, afirma: “Ahora no solo debemos ir a la CRC, sino que también tenemos que pedirle permiso al Cric para sacar agua de la quebrada que cruza nuestra finca. Y en algunos casos, incluso hay que pagar. ¿Qué clase de justicia ambiental es esa?“, cita el meido mencionado.
María Antonia Mina, lideresa afrodescendiente del norte del Cauca, sostiene: “Nos están cobrando por algo que siempre hemos usado con respeto. Ahora si uno no paga, lo acusan de estar en contra del proceso indígena o de afectar el territorio”.
Desde el Cric, la postura es que el decreto reconoce derechos históricos de los pueblos indígenas y permite ejercer el control territorial en coherencia con sus prácticas ancestrales. Un vocero de la organización declaró recientemente: “No estamos quitando el agua a nadie. Estamos ejerciendo el mandato de nuestros mayores y de la Constitución, que nos reconoce como autoridades propias”.
La situación ha encendido alarmas en varias comunidades negras e indígenas no afiliadas al Cric, que aseguran haber sido excluidas y sometidas a un nuevo poder centralizado.
La sensación de inseguridad jurídica se ha extendido, ya que muchos habitantes desconocen a quién acudir o cómo cumplir con los trámites. Algunos funcionarios del Cric exigen requisitos que no están escritos en ninguna parte, lo que ha profundizado la incertidumbre y el malestar en el departamento.
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