El activista y creador de contenido Beto Coral informó a través de su cuenta de X que fue notificado sobre una carta que fue enviada por congresistas colombianos al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que piden su deportación. De acuerdo con el influenciador, afín al Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, supo sobre la existencia del documento por una llamada que recibió de su abogado en Washington D. C., el 11 de julio de 2025.
Afirmó que su llegada y permanencia en el país norteamericano está sujeta a la normativa vigente en relación con su condición de asilo. De igual manera, insistió en que no ha violado ninguna ley y que en todo momento ha cumplido con sus obligaciones tributarias.
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De igual manera, se defendió indicando que ha ejercido su derecho a la libre expresión, que está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Asimismo, aclaró que su actividad en redes y sus declaraciones públicas siempre han estado orientadas a la visibilización de problemáticas de Colombia y son contenidos fácticos y de opinión.
“Nunca he interferido en la política de los Estados Unidos. Mis opiniones han estado siempre enfocadas en los temas que afectan la dignidad, la justicia y los derechos humanos en mi país Colombia. No he apoyado a ningún grupo armado ni terrorista. Soy víctima de la guerra y de la impunidad en Colombia, y me acogí a un derecho universal como lo es el asilo”, detalló.
En ese sentido, aseguró que no eliminará ningún contenido de sus redes sociales que esté siendo utilizado como justificación para solicitar su deportación. Pues, desde su perspectiva, los congresistas que allegaron el documento, cuyos nombres no reveló, están buscando amedrentarlo.
“No he cometido ningún delito. Pensar diferente no es un crimen. No cederé frente a un chantaje político e intento de amedrentamiento. No borraré ningún video, trino, pensamiento o comunicado. Asumiré las consecuencias de ello”, concluyó.
El creador de contenido no reveló los argumentos utilizados por los congresistas para pedir su deportación y la de otras personas, cuyas identidades también se desconocen. No obstante, el documento en cuestión fue enviado en un momento de tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos y en medio de la implementación de fuertes políticas migratorias que incluyen la deportación de personas que ingresaron al país de manera ilegal y que permanecen en él sin contar con la documentación requerida.
La crisis diplomática ligada a un supuesto golpe de Estado
Las relaciones diplomáticas entre ambas naciones atraviesan un momento de complejidad debido a afirmaciones del presidente Gustavo Petro y revelaciones del medio de comunicación El País, que indicarían que algunos congresistas republicados del país norteamericano podrían estar involucrados en un supuesto golpe de Estado en contra del primer mandatario colombiano.
De acuerdo con grabaciones compartidas por el informativo, el exministro de Relaciones Exteriores de Colombia Álvaro Leyva habría buscado ayuda de legisladores estadounidenses para sacar a Petro de la Presidencia, antes de que culmine su periodo como dirigente en agosto de 2026.
En consecuencia, 30 congresistas colombianos solicitaron al Comité de Ética de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos investigar a los congresistas presuntamente involucrados en el plan de afectar el mandatario del jefe de Estado.
“Nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra preocupación y solicitar una investigación respecto a ciertas conductas atribuidas a los representantes Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Antonio Giménez, que, de ser ciertas, podrían afectar las relaciones bilaterales entre nuestras naciones”, se lee en el documento enviado al comité, integrado por 10 legisladores.
Los senadores y representantes firmantes de la carta insistieron en que reconocen el derecho a la libertad de expresión del cual gozan los congresistas estadounidenses, así como la importancia del principio de presunción de inocencia y de garantizar el debido proceso. Sin embargo, se mantuvieron en la solicitud de adelantar una investigación al respecto.
“Consideramos importante señalar que, de verificarse estas presuntas conductas, las mismas podrían contravenir el principio de no intervención (artículo 19 de la Carta de la OEA), transgredir normas éticas parlamentarias sobre injerencia en asuntos internos y afectar las relaciones diplomáticas bilaterales”, detallaron.
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