La revisión reciente de las metas fiscales en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha generado inquietud dentro de los entes de control.
En marzo de 2025, la Contraloría General de la República inspeccionó las oficinas de esta entidad tras la reducción en las metas de ingresos: la cifra inicial de $315.86 billones de pesos colombianos cayó a $287.4 billones, lo que significó una disminución de $28.4 billones.
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Pese a este ajuste, la recaudación efectiva fue de apenas $245,4 billones, un cumplimiento del 85.4% respecto a la meta revisada, y una reducción de 11 puntos porcentuales en comparación con los resultados de 2023.
Esta baja en el recaudo tributario, que coincide con el periodo de Luis Carlos Reyes al frente de la Dian, ha derivado en investigaciones que buscan esclarecer si hubo faltas disciplinarias de relevancia en el establecimiento y seguimiento de las metas fiscales.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación disciplinaria contra Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, enfocada en supuestas irregularidades al formular y calendarizar las metas de recaudo para 2024.
Además de Reyes, el proceso también involucra a David Gustavo Suárez Castellanos (subdirector de Estudios Económicos de la Dian) y a Guillermo Alberto Sinisterra Paz (director de Gestión Estratégica y de Analítica), quienes participaron en la elaboración de las proyecciones fiscales.
Según lo detallado por la Procuraduría y reportado por Caracol Noticias, la investigación se desencadenó tras el análisis de información pública que puso en evidencia una caída significativa, superior al 10%, en el recaudo registrado entre enero y mayo de 2024.
“La apertura tuvo origen en información pública en la que se advirtió sobre una caída sustancial del recaudo entre enero y mayo de 2024 superior al 10%, situación que según diversos análisis podría comprometer el cumplimiento de la regla fiscal”, afirma el comunicado del Ministerio Público.
Los datos que respaldan la proyección de recaudo habrían, según la Procuraduría, sido formulados sobre “supuestos alejados de la realidad macroeconómica y sin el debido respaldo técnico”.
El Ministerio Público confirmó que el objetivo de la pesquisa es determinar si la actuación de los funcionarios constituye una falta disciplinaria relevante, considerando un posible “desconocimiento de los principios de planeación, responsabilidad, eficiencia y coordinación interinstitucional en la gestión fiscal”.
La Procuraduría también indaga si los responsables de la formulación de las metas desatendieron advertencias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y si implementaron medidas correctivas frente al bajo cumplimiento de los objetivos previstos.
Reyes, exdirector general de la Dian y brevemente ministro de Comercio, enfrentó directamente denuncias de ‘cuotas políticas’ en la entidad.
El exfuncionario suministró a la Fiscalía un listado de 48 nombres de altos funcionarios, congresistas y excongresistas que, según sus declaraciones, le solicitaron favores para ubicar cargos dentro de la Dian.
Entre los casos destacados se encuentra el de Roy Barreras, expresidente del Senado y entonces embajador en Londres, quien, según Reyes, habría sugerido candidaturas para la dirección de la Dian en ciudades estratégicas como Buenaventura y Cali.
De esos 48 nombres señalados por Reyes, 33 corresponden a aforados, integrantes del Congreso o excongresistas, sobre quienes las investigaciones deben adelantarse en organismos competentes.
Dentro de este contexto, la magistrada Cristina Lombana mantiene abierta una causa paralela contra Barreras, mientras que el presidente de la Sala de Instrucción, César Reyes, lidera otra averiguación contra el exsenador Juan Diego Gómez.
En este último caso, el secretario para la Transparencia, Andrés Idárraga, denunció que Gómez habría recibido pagos producto de sobornos asociados al puerto de Barranquilla, sumando una nueva arista al entramado de investigaciones.
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