La digitalización de las actas de escrutinio permite que cualquier persona, en cualquier momento, solicite y revise los documentos que sustentan los resultados electorales en Colombia.
Esta posibilidad marca una diferencia fundamental respecto a procesos previos y se deriva de mandatos judiciales que buscan garantizar la transparencia y trazabilidad de la información electoral.
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La noticia principal gira en torno a la confiabilidad del sistema electoral colombiano, cuestión que ha sido objeto de dudas recientes planteadas desde el gobierno y que la Misión de Observación Electoral (MOE) aborda, llamando a la precisión en los cuestionamientos y defendiendo el sistema como robusto y auditado.
Según informó Caracol Radio, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, rechazó la idea de una vulnerabilidad estructural en las elecciones en Colombia, al afirmar que el actual sistema es fiable y que las afirmaciones sobre manipulación masiva carecen de fundamento concreto.
De igual modo, insistió en que es vital que las observaciones y dudas que se expresan desde el ámbito político apunten a aspectos específicos y sean analizadas con base en información técnica, no en percepciones.
“El sistema electoral colombiano es fiable, no es preciso lo que se está señalando”, aseguró Barrios, al responder preguntas sobre la supuesta fragilidad del software y el cumplimiento de fallos judiciales.
El medio detalló que la discusión parte de recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro y de voces del partido de gobierno, quienes han manifestado desconfianza hacia el software utilizado para el conteo de votos y hacia los procesos implementados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Al respecto, Barrios explicó que el software general de escrutinios utilizado en 2022 fue adquirido por la Registraduría y está bajo la administración del Consejo Nacional Electoral (CNE). Para el proceso electoral en curso, se habilitará acceso al código fuente, y la registraduría realizó dos contrataciones adicionales que permiten un seguimiento puntual a la gestión y transmisión de datos.
Barrios enfatizó que la transparencia actual es superior a la del pasado, puesto que los formularios de escrutinio son escaneados y publicados, de modo que “todo mundo tiene acceso para poder hacer la comparación frente a los resultados que se publican”, expresó al medio.
En relación con el conocido caso judicial del Partido Mira, sobre manipulación del software en 2014, la directora de la MOE reconoció que hubo una sentencia que “correspondió a las elecciones del 2014, este fallo sale en el 2018 y en este fallo hay un mandato que es precisamente el que se cumplió parcialmente”.
A raíz de ese fallo, dijo Barrios, se reforzó la digitalización total y la custodia de los registros electorales, por lo que hoy la situación es diferente: “absolutamente toda la información incluyendo las actas de escrutinio, quedan completamente digitalizadas y pueden ser revisadas y solicitadas a la registraduría en cualquier momento”, aseguró Barrios a Caracol Radio.
No obstante, la directora explicó que el cumplimiento de esa sentencia ha sido solo parcial, dado que aunque el software general de escrutinios es propiedad del Estado y se utiliza para el conteo de votos nacionales, departamentales y en la capital, los sistemas implementados en otros niveles (departamental, municipal, zonal) corresponden a soluciones informáticas contratadas con terceros.
En este caso, la responsabilidad recae sobre la Unión Temporal de Integración Logística Electoral. Aunque ese software no es estatal, “absolutamente toda la trazabilidad en la información, tanto en imagen como en base de datos, que es lo que se puede revisar, queda bajo la custodia y es propiedad del Estado colombiano”, puntualizó.
Dentro de los cuestionamientos que han surgido figura el papel de la empresa Thomas Gregg en la elaboración de los kits electorales, que incluyen los tarjetones, lapiceros y cajas usadas el día de los comicios. Petro manifestó alarma sobre la intervención de esa empresa en dichos insumos, sugiriendo la posibilidad de que ello pudiera facilitar fraudes.
Ante esta inquietud, Barrios respondió: “lo que no logra entender muy bien es cómo logra uno poder hacer un fraude masivo en el país a través de lapiceros y tarjetas electorales que son previamente autorizadas por la registraduría que son por las organizaciones políticas. Es decir, una relación con la otra a nosotros no nos queda clara”.
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