Ministerio del Trabajo se meterá en miles de casas para verificar las condiciones laborales de las empleadas domésticas

El Ministerio del Trabajo anunció la puesta en marcha de inspecciones obligatorias a miles de viviendas en todo el país, una acción que forma parte de la recién aprobada reforma laboral y que apunta a asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes para este sector históricamente vulnerable.

La iniciativa, de acuerdo con el Gobierno, no es una cacería de brujas, sino un paso fundamental hacia la justicia social y la formalización laboral. Con este mensaje, la cartera busca resaltar el carácter transformador de la medida, que pretende garantizar los derechos de quienes trabajan en el servicio doméstico y otros empleos informales dentro de los hogares.

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El plan contempla una primera fase en la que 50.000 hogares de las principales ciudades serán seleccionados de manera aleatoria y programada para ser inspeccionados, con la intención de ampliar progresivamente el alcance de la iniciativa. Los inspectores, identificados y capacitados por el Ministerio del Trabajo, tendrán la responsabilidad de verificar la existencia de contratos laborales escritos, el pago del salario mínimo legal, la entrega de prestaciones sociales —incluyendo cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios y vacaciones—, así como la afiliación a la seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales.

Además, se revisará el respeto a los horarios de trabajo y los periodos de descanso establecidos por la ley.

La Reforma Laboral introduce cambios sustanciales para las empleadas domésticas, entre los que destaca la fijación de una jornada máxima de ocho horas diarias y la exigencia de formalizar la relación laboral mediante un contrato escrito. Con esto se refuerza la obligación de garantizar el acceso a prestaciones sociales y a la seguridad social, incluso, para las que trabajan a tiempo parcial, en cuyo caso los beneficios se calcularán de manera proporcional a las horas trabajadas.

Desde el ministerio se enfatizó que “es hora de que Colombia reconozca plenamente la dignidad y los derechos de quienes dedican su vida a apoyar el funcionamiento de nuestros hogares”.

El proceso de inspección no se limitará a la revisión documental. Los funcionarios comprobarán que las medidas exigidas por la reforma estén implementadas en la práctica y no solo en el papel. Entre los aspectos a evaluar se encuentran la actualización del reglamento interno de trabajo conforme a la nueva normativa, la existencia de políticas claras de desconexión laboral, prevención del acoso y regulación del teletrabajo, así como la aplicación efectiva de estas políticas en el día a día de los hogares empleadores.

La colaboración entre el Ministerio del Trabajo y las autoridades locales será clave para el éxito del programa. Ambas instancias recibirán capacitaciones específicas sobre la reforma y los derechos de los trabajadores del hogar. Además, se habilitará una línea de atención para que empleadores y empleados puedan resolver dudas y reportar posibles incumplimientos.

El costo de no acatar la normativa puede ser elevado: los empleadores se exponen a multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales vigentes ($7.117.500.00), además de enfrentar procesos administrativos derivados de las quejas presentadas ante el Ministerio del Trabajo.

El artículo 33 de la Reforma Laboral introduce una transformación en la vida de los trabajadores domésticos: la posibilidad de denunciar incumplimientos ante el Ministerio del Trabajo. Esta medida, que fortalece los mecanismos de protección, se suma a una serie de cambios que impactan de manera directa en las condiciones laborales de este sector. La noticia principal radica en que la nueva ley exige que los empleados domésticos sean contratados mediante un contrato escrito, lo que representa un giro respecto a la informalidad que caracterizaba a este tipo de empleo.

La reforma establece que los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico podrán acceder a prestaciones como salud, pensiones, riesgos laborales y cesantías. Aunque estos beneficios ya figuraban en la normativa anterior, la actualización legal impone una vigilancia más estricta para garantizar su cumplimiento. La supervisión sobre la entrega de estas prestaciones será ahora más rigurosa, lo que busca cerrar la brecha entre la ley y la realidad laboral de este grupo.

Otro aspecto relevante es la modificación de los horarios de trabajo y el sueldo. La reducción de la jornada laboral y el ajuste en el pago de las horas extras forman parte de los cambios que introduce la reforma. Dichas medidas pretenden equiparar los derechos de los trabajadores domésticos con los del resto de los empleados del país.

La posibilidad de presentar denuncias ante el Ministerio del Trabajo se convierte en una herramienta clave para que los trabajadores domésticos exijan el respeto a sus derechos. La reforma, al exigir contratos escritos y reforzar la supervisión de las prestaciones, busca garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a quienes corresponden.