Exministro de Hacienda advirtió que Colombia deberá afrontar una nueva reforma tributaria: “La gran angustia”

Durante el encuentro virtual organizado por el diario La República, Diego Guevara, exministro de Hacienda, dejó una advertencia que empezó a resonar en los círculos económicos y políticos del país, al tratarse de que Colombia deberá enfrentar una nueva reforma tributaria. Su intervención, cargada de diagnósticos técnicos y apreciaciones directas sobre la situación fiscal, encendió las alarmas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad del Estado para sostener su gasto sin comprometer la inversión ni deteriorar aún más la caja nacional.

Las declaraciones de Guevara se registraron durante un foro centrado en el déficit fiscal y las finanzas personales, donde se reunieron distintos expertos del sector económico. Aunque varios líderes del ámbito financiero compartieron sus análisis, fue la intervención del exministro la que marcó la pauta del debate al referirse con claridad a lo que considera un escenario inevitable: un nuevo ajuste tributario que permita reforzar los ingresos del Estado y hacer frente a la rigidez del gasto.

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Durante su exposición, Guevara afirmó: “Será inevitable retomarlo (...) será necesario revisar algunos umbrales de renta, uno podría insistir incluso en algunos temas de no deducibilidad de regalías, en general ver diferentes elementos que fortalezcan ingresos porque va la inflexibilidad hoy del, digamos, del gasto”. En su análisis, puntualizó que el país no puede depender exclusivamente de recortes presupuestales, ya que una porción significativa del gasto es de carácter constitucional y, por tanto, ineludible.

Más allá de los ingresos, el exministro también se refirió a la calidad del gasto. En ese sentido, planteó la necesidad de realizar una evaluación profunda de las misiones de gasto, con el fin de identificar ajustes que puedan mejorar la eficiencia del presupuesto. Adicionalmente, reconoció que la reforma tributaria impulsada durante su gestión y la del exministro José Antonio Ocampo perdió uno de sus pilares fundamentales con la eliminación de la no deducibilidad de las regalías, lo cual debilitó la estrategia fiscal inicialmente planteada.

En su análisis, Guevara advirtió que la caja de la Nación se encuentra bajo una presión constante, debido a obligaciones acumuladas desde la pandemia, al alto nivel de endeudamiento y a la inflexibilidad operativa del presupuesto nacional.

“La gran angustia de las misiones del Fondo Monetario cuando uno dialogaba con ellos es la caja. O sea, hoy la caja de la Nación, se está haciendo un ejercicio por mantenerlo a flote”, explicó. Además, que el servicio de la deuda sigue absorbiendo una porción sustancial de los recursos, lo que limita aún más las posibilidades de maniobra del Gobierno nacional.

A esa lectura se sumó la del presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, que durante el mismo foro compartió una advertencia relacionada con el efecto que el desvío de la regla fiscal puede tener sobre el acceso al crédito y el costo de la deuda.

Afirmó que “cuando un país incumple la regla fiscal, sube su tasa de interés soberana, es decir, la deuda pública se vuelve más cara”. Esto, según explicó, no solo afecta al Gobierno nacional, sino que repercute directamente en las tasas de interés que enfrentan hogares y empresas.

Malagón puntualizó que las decisiones de gasto del Gobierno tienen implicaciones directas sobre el bolsillo de los ciudadanos. “Hablar de un incremento de los impuestos por el desvío de la regla fiscal es un tema tremendamente material para las familias”, dijo, al advertir que la presión tributaria sobre ciertos segmentos de la población ya bordea el 45% de los ingresos anuales, lo que equivale a trabajar cinco meses del año únicamente para cumplir con las obligaciones fiscales.

En este sentido, la situación económicos y fiscal del país no ofrece márgenes amplios. Con una deuda pública que supera los USD200.000 millones, el Gobierno enfrenta una serie de desafíos simultáneos: mantener la credibilidad frente a los inversionistas, cumplir con las metas fiscales acordadas con entidades como el Fondo Monetario Internacional, y al mismo tiempo asegurar recursos suficientes para sostener programas sociales, inversión pública y funcionamiento administrativo.

El recaudo tributario, a pesar de haber tenido un comportamiento favorable en trimestres anteriores, no logra compensar el crecimiento del gasto ni permitió cerrar la brecha fiscal. La ausencia de una reforma estructural y el uso de cláusulas de escape han brindado soluciones temporales, pero según las proyecciones, se requerirían medidas más drásticas para contener el déficit y estabilizar los indicadores macroeconómicos.

Al respecto, organismos como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ya emitieron señales de advertencia, al sugerir que, sin un ajuste estructural, el país podría ver comprometida su sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. Aunque el crecimiento económico proyectado para 2024 se sitúa en torno al 1,9% y para 2025 cerca del 2,9%, estas cifras no bastarían por sí solas para corregir los desbalances actuales.