La propuesta del Ministerio de Ambiente para permitir el aprovechamiento comercial controlado del chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris) en la región de la Orinoquía encendió una nueva polémica en Colombia. Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Chigüiro, el jueves 10 de julio, sectores animalistas y voces políticas se unieron para rechazar la iniciativa.
Al frente de esta oposición está la senadora Andrea Padilla, reconocida por su defensa de los derechos de los animales, que lanzó una campaña en la plataforma Change.org con el objetivo de frenar el borrador de resolución impulsado por el Ministerio.
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Padilla calificó el documento como “inaceptable” y pidió públicamente a la ministra de Ambiente, Lena Estrada Añokazi, que suspenda de inmediato el trámite de esta normativa. “El chigüiro no puede convertirse en una mercancía; es un símbolo de nuestra biodiversidad”, afirmó la congresista en sus redes sociales, en las que su campaña ha recibido el respaldo de cientos de ciudadanos.
Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la propuesta se defiende sobre la base de más de 20 años de estudios científicos sobre la biología, comportamiento y distribución poblacional del chigüiro, realizados por universidades e institutos de investigación. Según la entidad, el objetivo es establecer un modelo de caza legal, regulado, monitoreado y con trazabilidad sanitaria, avalada por el Invima.
En términos prácticos, la resolución busca fijar un cupo global de extracción por temporada, establecer estándares para el tratamiento ético del animal y generar beneficios económicos para las comunidades locales, al tiempo que desincentiva la caza furtiva y el tráfico ilegal de carne y pieles. El enfoque, de acuerdo con el Ministerio, está orientado a la conservación activa más que a la explotación indiscriminada.
Una de las defensoras más visibles de esta postura es la bióloga Brigitte Baptiste, actual rectora de la Universidad Ean y referente en temas de biodiversidad. La experta reiteró que el uso responsable de fauna silvestre, cuando se hace bajo criterios éticos y culturales, puede ser una herramienta válida de conservación. “Comerse una especie no es incompatible con conservarla, siempre que se haga con conocimiento, respeto y regulación”, mencionó.
Este enfoque tiene su antecedente en el Proyecto Chigüiro, liderado desde 2001 por investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, que desarrollaron un modelo comunitario y científico de caza sostenible. De acuerdo con su líder, el biólogo Hugo López, el objetivo es reemplazar prácticas violentas e ilegales por una cadena de aprovechamiento completa —desde la matanza ética hasta el uso integral del animal (carne, piel, grasa y huesos)— que genere desarrollo local sin poner en riesgo la especie.
López también recordó que el chigüiro es considerado una especie de “preocupación menor” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Uicn) y que su población en la Orinoquía es abundante. “Esta especie no está amenazada, lo que nos permite pensar en un manejo sostenible sin comprometer su permanencia”, afirmó en declaraciones anteriores al diario El País de España, que en 2024 reveló detalles del proyecto.
Los riesgos del pasado y la necesidad de control
A pesar de los argumentos técnicos, el debate no está exento de antecedentes polémicos. En los años 90, un escándalo por la exportación masiva e ilegal de carne de chigüiro a Venezuela llevó a suspender la caza comercial de la especie. Desde entonces, no existen licencias activas ni zoocriaderos autorizados en Colombia, lo que ha dificultado cualquier tipo de regulación formal.
Ahora, con el nuevo borrador, el Gobierno busca reactivar esta práctica de forma regulada, apoyándose en el Decreto 1076 de 2015, que permite la caza comercial si se cuenta con licencias, y retomando elementos de la Resolución 072 de 1969, que ya contemplaba esta posibilidad, aunque su aplicación quedó en suspenso por falta de mecanismos adecuados de control.
El fondo de la controversia no parece radicar exclusivamente en si se puede cazar o no, sino en cómo hacerlo, bajo qué condiciones y con qué garantías. Para los sectores animalistas, permitir la comercialización del chigüiro representa una puerta peligrosa hacia la normalización de la caza de especies silvestres. Para el sector científico y algunos ambientalistas, en cambio, se trata de un ejemplo de conservación productiva, capaz de integrar sostenibilidad, cultura y bienestar social.
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