La Procuraduría General de la Nación confirmó que varios funcionarios de la Cancillería declararon haber recibido instrucciones directas de Alfredo Saade, actual jefe del despacho presidencial, para reducir el número de pasaportes expedidos diariamente.
Lo anterior surgió en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de la expedición de pasaportes en Colombia, tras revelaciones que involucran a altos funcionarios y señalan posibles irregularidades en la transición del sistema.
Estas declaraciones se obtuvieron durante una inspección liderada por la delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, bajo la dirección del procurador delegado Marcio Melgosa. Al ser consultado en el programa Mañanas Blu, del medio Blu Radio, sobre la existencia de testimonios que vinculan a Saade con la orden de reducir el número de pasaportes expedidos diariamente, Melgosa respondió: “Así es”.
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Aunque no existen actas formales que documenten la instrucción, los testimonios de varios funcionarios resultaron suficientes para que la Procuraduría elevara un informe con fines disciplinarios. Melgosa reiteró que “hay declaraciones de funcionarios de la Cancillería donde nos ponen de presente que estas órdenes se recibieron”, aunque aclaró que la competencia para sancionar recae en otra instancia disciplinaria dentro del Ministerio Público.
Durante la entrevista, Melgosa expuso deficiencias graves en la planeación del nuevo esquema de producción de pasaportes, que prevé el traspaso de la operación de la empresa Thomas Greg & Sons a la Imprenta Nacional, mediante un contrato con la Casa de la Moneda de Portugal.
Según la Procuraduría, el contrato aún no ha sido firmado y la Imprenta Nacional no está preparada para asumir la tarea. Melgosa advirtió: “No tienen un instrumento suscrito con la Cancillería ni preparación para asumir el proceso. Ellos mismos reconocieron que la puesta a punto tomará tiempo”. Además, recordó que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) establece que este tipo de transición requiere al menos siete meses de implementación.
La falta de planificación y la presunta improvisación han motivado la apertura de investigaciones disciplinarias no solo contra Saade, sino también contra los excancilleres Álvaro Leyva, Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo.
Las órdenes de “tasar” el número de pasaportes, según Melgosa, no se acataron finalmente, pero generaron un efecto en cadena. El funcionario explicó que el temor a una posible escasez de documentos provocó un aumento abrupto en la demanda, lo que saturó la plataforma de asignación de citas. “Se pasó de un promedio de 8.000 a 12.000 citas diarias, lo que ha puesto presión sobre el sistema”, detalló Melgosa.
El contrato actual con la Unión Temporal encargada de los pasaportes está vigente hasta el 31 de agosto o hasta agotar existencias. Hasta la fecha, la Cancillería no ha confirmado cuántas libretas hay disponibles, lo que incrementa la incertidumbre sobre la operación a partir del 1 de septiembre de 2025.
Otro aspecto crítico es el papel desempeñado por Alfredo Saade. Aunque su cargo no le otorga competencia directa sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores, los testimonios recogidos afirman que intervino en la toma de decisiones operativas.
Melgosa sostuvo que “presuntamente hubo extralimitación de funciones, lo cual constituye una posible violación a la ley disciplinaria”, y precisó que estos hallazgos forman parte del informe que dio origen a la investigación en curso. Consultado sobre si esta intervención podría considerarse una “usurpación de funciones”, Melgosa evitó pronunciarse, indicando que será la instancia correspondiente la que determine la legalidad de las actuaciones de Saade.
La Procuraduría General de la Nación ha asegurado que mantendrá la vigilancia sobre la prestación del servicio. El tiempo apremia: si no se concreta la firma del contrato con la Casa de la Moneda de Portugal y no se garantiza el stock de libretas, Colombia podría enfrentar un colapso en la emisión de pasaportes. “Para la Procuraduría, lo más importante es que se garantice la prestación del servicio a los ciudadanos. Aquí está en juego un derecho fundamental: la libertad de locomoción”, concluyó Melgosa al medio citado.
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