Medida del Gobierno Petro con la retención en la fuente tiene en problemas la venta de carbón en Colombia: ¿qué pasa?

Luego de dos meses de la expedición Decreto 0572 de 2025, que autoriza al Gobierno nacional a adelantar el cobro de la retención en la fuente correspondiente a 2026, trasladándolo al año en curso, decisión busca aliviar los problemas de liquidez que enfrenta la administración pública, siguen las críticas contra este.

Ahora, fue la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) la que advirtió que entre 2022 y 2024 la acumulación de saldos fiscales a favor de los contribuyentes del sector carbón tuvo una tendencia creciente, que alcanzí en 2023 la cifra récord de $2,8 billones, recursos que el Estado capturó de manera temporal y de forma irregular.

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Al respecto, el presidente ejecutivo del gremio, Carlos Cante, afirmó que la situación es resultado de diversas medidas tributarias sin análisis técnico, como el aumento de las autorretenciones, donde la tarifa fue modificada en menos de dos años, al pasar de 1,6% a 2,20%, y en la última reforma al 4,5% para la industria del carbón, lo que generó así un anticipo sobre rentas que este año el sector no generará.

“Estas altas cargas tributarias más la caída en los precios reducen la competitividad de los carbones colombianos, disminuyendo los volúmenes de producción en cerca de un 7% y la reducción de las exportaciones ya se acerca a un 44% en lo que va corrido del año”, precisó el dirigente

De igual forma, dijo que se estima que para 2025 la renta anticipada pagada en exceso, producto de estas nuevas tarifas, puedan sumar cerca de $2 billones, recursos que, con legitimidad, son de los contribuyentes, y que están siendo confiscados por el Estado, lo que aumenta la carga administrativa de este para su devolución y perjudica de forma muy grave la liquidez de las empresas.

De acuerdo con Cante, la situación está “limitando su capacidad de inversión, operación y generación de empleo, en una coyuntura actual de contracción de precios internacionales, caída de márgenes operativos y aumento de costos estructurales”.

Así las cosas, la medida del aumento en las tarifas de autorretenciones, implementada en el Decreto 0572 de 2025, demandado por Fenalcarbón ante el Consejo de Estado, se suma a otras disposiciones como la sobretasa a la tarifa de renta, la suspensión de las exportaciones de carbón a Israel, el impuesto al carbono, el impuesto especial a la venta de carbón por el estado de conmoción Interior y la nueva propuesta de reforma tributaria para volver permanentes los impuestos temporales.

Frente a ello, el gremio señaló que estas ocasionan la asfixia financiera de las empresas del sector carbón, siendo estas medidas desproporcionadas respecto a la capacidad económica real de los contribuyentes.

Anteriormente, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) había manifestado su profunda preocupación por las consecuencias que traerá el Decreto 0572 de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda y que establece un incremento en la tarifa de autorretención en la fuente hasta el 4,5% para múltiples actividades económicas, incluyendo sectores estratégicos como el carbón y la industria del oro.

Ante ello, el presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño, en su momento, dijo que “nos sorprende que se adopten medidas de esta magnitud sin un análisis técnico riguroso del contexto actual de las industrias afectadas”.

Para él, “esta decisión no solo golpea la competitividad del sector minero, sino que amenaza con debilitar el tejido empresarial nacional en un momento económico complejo para el país”.

En el caso del carbón térmico, los fundamentos del decreto resultan especialmente preocupantes. Solo en lo corrido de este año, el precio internacional cayó 11% frente a 2024, mientras que los costos operativos como mano de obra, energía y transporte, continúan al alza. La situación llevó a que muchas empresas proyecten pérdidas operativas al cierre del año, agravadas además por la creación reciente del impuesto al carbón por medio del Decreto 175 de 2025, que ya deterioró los márgenes financieros del sector.

Por su parte, en la industria del oro, la medida representa una nueva barrera para la formalización de pequeños y medianos productores, en un momento en que el país debería impulsar de manera decidida la minería legal y responsable, como herramienta efectiva para combatir la extracción ilícita de minerales y dinamizar el desarrollo regional.

“El déficit fiscal del país no puede resolverse debilitando los sectores que generan empleo formal, inversión y desarrollo en las regiones. Este tipo de decisiones puede terminar generando el efecto contrario: frenar la inversión extranjera, promover la ilegalidad y comprometer la estabilidad económica del país”, agregó Nariño.

Desde la ACM se le hizo un llamado al Gobierno nacional para revisar el decreto con responsabilidad y sentido técnico, con la adopción de decisiones que protejan el aparato productivo colombiano.