Los colombianos tendrán que pagar más intereses y mayores impuestos ante nueva movida que confirmó el Gobierno Petro

El 13 de junio de 2025, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, formalizó la decisión de no cumplir con la regla fiscal de Colombia, norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto -PIB- y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB. Esto, pese al concepto negativo del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf).

Casi un mes después, el 10 de julio de 2025, el presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Jonathan Malagón, se refirió al asunto con una dura crítica: “Se decide suspender la regla fiscal, y dentro de un aguacero de noticias pasa desapercibido como si fuese un tema menor, es un problema de todos, conforme sube la deuda soberana suben las tasas de interés”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La declaración, hecha durante el foro “Suspensión de la regla fiscal: ¿Quién paga el precio?,” organizado por La República y Asobancaria, resuena como un llamado de atención y pone en el centro del debate la reciente decisión del Gobierno. Y es que, el impacto de la decisión, lejos de limitarse a los tecnicismos de la política económica, se extiende a la vida cotidiana de los colombianos y a la estabilidad financiera del país.

De igual manera, la regla fiscal, concebida como un mecanismo para garantizar la disciplina en el manejo de las finanzas públicas, fue comparada por el vicepresidente técnico de Asobancaria, Alejandro Vera, con los frenos de un vehículo.

“La regla fiscal es como si uno estuviera manejando, si uno decide suspenderla es manejar sin frenos, va a tener muchos riesgos, y si doy un giro inapropiado se eleva el riesgo”, explicó el experto en el evento. La metáfora ilustra la percepción de vulnerabilidad que genera la suspensión de la norma, al dejar a la economía expuesta a riesgos que pueden traducirse en mayores costos para el Estado y para los ciudadanos.

El debate sobre la pertinencia y las consecuencias de la suspensión de la regla fiscal no es exclusivo de los economistas. Según Vera, “las reglas fiscales son un freno que cuida la economía”, una afirmación respaldada por el hecho de que, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), existen 106 países que adoptaron medidas para proteger la estabilidad macroeconómica. La decisión de Colombia de apartarse de esta tendencia internacional generó inquietud en los mercados y entre los analistas, que advierten sobre los posibles efectos adversos en el acceso al financiamiento y en la percepción de riesgo país.

Uno de los aspectos más tangibles del impacto de la suspensión de la regla fiscal es el aumento en el costo de la deuda. De acuerdo con cálculos de Asobancaria, en 2023 Colombia destinó el 3,7% de su Producto Interno Bruto (PIB) al pago de intereses, cifra que, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, podría incrementarse en 2025 hasta el 4,4% del PIB, lo que representa $14,6 billones adicionales en intereses.

“Eso afectará los bienes públicos, son dineros que implicarían construir 1.200 kilómetros de una vía 4G (Bogotá - Santa Marta), se les podría pagar la educación universitaria a más de 200.000 estudiantes, y se podría pagar la inversión en infraestructura educativa del país 1,6 veces”, detalló Vera. La magnitud de estos recursos ilustra cómo el aumento en el servicio de la deuda puede desplazar inversiones clave en infraestructura, educación y desarrollo social.

El efecto multiplicador de este mayor gasto en intereses se extiende a otros ámbitos. Según Vera, el dinero adicional que se destinará al pago de la deuda sería suficiente para construir 28 parques solares con una capacidad instalada de 200 megavatios, lo que equivale al 30 % de la capacidad instalada de energía que ya posee Colombia.

“Estos elementos no son cualquiera, son una discusión con bastantes aristas, son decisiones que nos conciernen a todos, con efectos en los mercados, pero también en los hogares, tasas más altas, menores puestos de trabajo y más impuestos futuros”, subrayó el vicepresidente técnico de Asobancaria.

El impacto de la suspensión de la regla fiscal ya se refleja en la calificación crediticia del país. Agencias como Moody’s y S&P ajustaron la nota soberana de Colombia, al pasar de Baa2 a Baa3 y de BB+ a BB, respectivamente. La degradación implica un mayor costo de financiamiento para el Estado y, por extensión, para el conjunto de la economía. Alejandro Vera enfatizó que “no es una discusión de los economistas, esto tiene un efecto sobre los colombianos, el desbalance fiscal afecta a todas las personas”.

De igual forma, el economista identificó tres canales principales por medio de los cuales la suspensión de la regla fiscal impacta a la sociedad:

• Aumento de la inflación y las tasas de interés.
• Reducción de la inversión extranjera.
• Necesidad de incrementar los impuestos en el futuro.

La preocupación por la credibilidad de la política macroeconómica de Colombia fue compartida por el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, que participó en el foro. “El principal efecto de la suspensión de la regla fiscal es uno de credibilidad en la política macroeconómica de Colombia. Eso se ha reflejado ya en las calificaciones de crédito, que a su vez tienen efectos en las tasas de interés que tiene que pagar el gobierno colombiano por su deuda”, explicó el experto.

Y es que la pérdida de confianza en la disciplina fiscal puede traducirse en condiciones de financiamiento más onerosas y en una mayor vulnerabilidad frente a los vaivenes de los mercados internacionales.

Ocampo también advirtió sobre la posible pérdida de la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, considerada la mejor línea de crédito que ofrece el organismo. “Es casi seguro que vamos a perder acceso a ella y que es también lo que genera confianza en los mercados internacionales”, señaló el exministro. La pérdida de este respaldo podría limitar la capacidad de Colombia para enfrentar choques externos y aumentar la percepción de riesgo entre los inversionistas.