Una postura contundente tomó la Procuraduría General de la Nación frente al caso que involucra a Diego Cadena y Juan José Salazar Cruz, ambos abogados que en el pasado estuvieron vinculados al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la audiencia que actualmente se adelanta por uno de los escándalos judiciales más espinosos de los últimos años.
La delegada del Ministerio Público no titubeó al solicitar al Juzgado Tercero de Conocimiento que emita un fallo condenatorio, tras considerar plenamente acreditada la responsabilidad penal de los acusados en delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
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A diferencia de otras intervenciones institucionales donde prima el tono reservado o técnico, la intervención del Ministerio Público se caracterizó por su carácter concluyente.
“Acompañamos la petición de condena que ha elevado la Fiscalía General de la Nación, al haberse acreditado más allá de toda duda razonable la comisión de los delitos”, expresó con firmeza la funcionaria ante el estrado. Este respaldo se suma al ya expresado por la entidad judicial, que desde el inicio del proceso insistió en que Cadena, en calidad de abogado, buscó alterar el curso de procesos judiciales mediante presiones a testigos privados de la libertad.
En el juicio se están evaluando dos puntos claves en el caso contra el abogado
Las acusaciones, además de graves, se centran en dos episodios concretos que el ente acusador denominó como los eventos “Vélez” y “Monsalve”. Ambos capítulos exponen una estrategia sistemática para manipular versiones judiciales con el propósito de favorecer al expresidente Uribe, y perjudicar al senador Iván Cepeda.
En lo referente al evento “Vélez”, la Fiscalía sostiene que Diego Cadena ofreció una suma inicial de 200 millones de pesos al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, a cambio de una declaración favorable del líder del Centro Democrático y en perjuicio de Cepeda. Aunque finalmente solo se entregaron 36 millones, el Ministerio Público insistió en que se configuró el delito, dado que la intención del soborno se materializó y el monto entregado no disminuye la ilicitud del acto.
Por otro lado, el evento “Monsalve” gira en torno a las gestiones que hizo Cadena en febrero de 2018 ante el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, recluido en la cárcel La Picota. Según las pruebas recaudadas, el abogado ofreció beneficios jurídicos con el fin de obtener una retractación que exonerara a Uribe de cualquier vínculo con grupos armados ilegales. El relato del exintegrante de las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC) entregó a la Corte Suprema en 2011, y que luego motivó una contraofensiva judicial, constituye una pieza clave del expediente que hoy compromete a Cadena.
Durante una diligencia ante la Fiscalía en 2021, la defensa del abogado —encabezada por el penalista Iván Cancino— intentó desestimar los señalamientos, al asegurar que Cadena actuó por cuenta propia, sin instrucción directa del expresidente, y que sus actuaciones se centraron en una estrategia de defensa legítima. Además, se defendió el derecho de su cliente a guardar silencio ante preguntas comprometedoras, en uso de garantías constitucionales.
En esa oportunidad, el abogado admitió haber visitado a Monsalve por iniciativa propia, reconociendo que el objetivo era lograr su retractación inmediata, pero porque el mismo exparamilitar así lo había dicho, no porque el abogado lo hubiese pedido, de acuerdo con su declaración juramentada.
A pesar de que tanto la Fiscalía como el Ministerio Público han solicitado una condena, el proceso judicial contra Diego Cadena sigue su curso y no está concluso. Este juicio avanza de forma paralela a la etapa final del proceso que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe, cuyo fallo se conocerá el 28 de julio. Aunque se trata de casos distintos, ambos están estrechamente ligados, ya que abordan los mismos hechos, aunque en procedimientos separados debido a la actuación individual de los implicados.
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