El presidente Gustavo Petro oficializó el jueves 10 de julio la renuncia de Tamara Matea Ospina Posse al cargo de viceministra de las Mujeres del Ministerio de Igualdad y Equidad, poniendo fin a más de un mes de incertidumbre sobre su permanencia en el alto cargo.
Aunque Ospina Posse presentó su dimisión el pasado 3 de junio, su salida se retrasó debido a trámites administrativos hasta la firma del decreto 0766 de 2025, según informó El Espectador.
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La exviceministra se retira en medio de una crisis que involucra graves acusaciones por parte de al menos 14 personas, que han denunciado ante el Ministerio, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo episodios de acoso laboral agravado, hostigamiento, discriminación, violencia de género, abuso de poder y persecución política.
Las denuncias describen un ambiente laboral “insostenible” dentro de la entidad, marcado por amenazas, violencia verbal, prohibiciones a la comunicación interna y, además, señalamientos de actos racistas contra personas negras que hacen parte de la institución, según el medio citado.
El escándalo tomó mayor fuerza luego de que una contratista vinculada al Consejo de Operaciones Públicas, Jenny Liliana Pulido Velásquez, acusara públicamente a Ospina Posse de agresión física durante una reunión virtual.
Pulido Velásquez denunció que, tras alertar sobre supuestas irregularidades en el manejo de recursos destinados a la participación ciudadana en la COP16, la viceministra la habría golpeado en la boca con un teléfono celular durante un altercado.
En su testimonio, Pulido Velásquez detalló que las irregularidades estarían relacionadas con pagos cuestionables a mujeres por traslados desde Suárez, en el departamento del Cauca, hasta Cali.
Estas beneficiarias, presuntamente familiares de la vicepresidenta Francia Márquez y originarias de Suárez, habrían recibido montos elevados por asistir a varios eventos del Gobierno nacional.
La contratista señaló que este presunto manejo irregular de fondos representa un problema serio para la transparencia en la gestión pública. Además, Pulido Velásquez aseguró que tuvo contacto directo con la vicepresidenta Márquez, quien le habría manifestado que, gracias al apoyo de estas mujeres, había logrado llegar a la vicepresidencia.
Sin embargo, tras el presunto ataque de Ospina Posse, la denunciante afirmó que la vicepresidenta la habría llamado para intimidarla, una situación que elevó aún más la tensión en el caso.
Durante la reunión virtual en la que ocurrió la agresión, varios compañeros de trabajo expresaron su apoyo a Pulido Velásquez y rechazaron contundentemente el comportamiento de la viceministra.
Entre ellos, un funcionario identificado como Castañeda expresó su indignación y calificó lo ocurrido como un asunto “supremamente grave”.
“Jenny hubiera podido reaccionar con un manotazo o defensa, pero no lo hizo. Creo que el Ministerio y la COP deben pronunciarse. No podemos negociar la dignidad de la compañera”, dijo.
Asimismo, cuestionó la contradicción entre el discurso oficial de igualdad y la violencia sufrida dentro de la misma institución: “¿Qué tipo de mensaje estamos enviando cuando se habla de género en una cumbre y se agrede a una contratista representante de la COP? Esto no puede quedar impune”.
La exviceministra siempre se mantuvo en firme con su inocencia
Tamara Ospina Posse siempre ha rechazado las acusaciones, calificándolas de “injurias” y “calumnias” con motivaciones políticas, y afirmó que no se le ha respetado el derecho a la presunción de inocencia ni al debido proceso.
La exviceministra también aseguró no haber sido notificada de ningún procedimiento disciplinario, información que en su momento fue confirmada por la Oficina de Control Disciplinario Interno del Ministerio de Igualdad y Equidad.
Como medida provisional, Olga Lucía Cifuentes asumió el cargo de viceministra encargada, sin dejar su posición como directora técnica del Programa de Prevención de Violencias.
Cifuentes enfrentará ahora el reto de liderar el viceministerio en un momento particularmente delicado, en el que además de la crisis de liderazgo, el Ministerio de Igualdad y Equidad atraviesa cuestionamientos por una baja ejecución presupuestal y varias investigaciones disciplinarias en curso.
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