El canciller Luis Gilberto Murillo se refirió a la fabricación de pasaportes por la Imprenta Nacional: “Claro que no estaba lista, siempre lo hemos dicho”

El centro del debate nacional sobre la expedición de pasaportes en Colombia se desplazó a la Procuraduría tras la apertura de una investigación que vincula a los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo.

Durante una entrevista concedida a Caracol Radio, el exministro Luis Gilberto Murillo afirmó sentirse tranquilo respecto al proceso y destacó que, durante su gestión al frente de la Cancillería, nunca se puso en riesgo el servicio de expedición de pasaportes para los ciudadanos. Murillo detalló que la urgencia manifiesta se implementó bajo el acompañamiento tanto de la Procuraduría como de la Contraloría, cumpliendo lo estipulado en la ley, y que la Contraloría validó este procedimiento mediante una resolución oficial.

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Murillo señaló que, bajo sus gestiones, “no se abrió una licitación ni internacional ni local”. Aunque el organismo de control reconoce que el suministro de pasaportes no se interrumpió, busca determinar si existieron fallas en la gestión, especialmente ante las decisiones tomadas frente a la declaración de urgencia manifiesta y la posterior adjudicación o suspensión de contratos.

Murillo explicó que, al asumir el cargo, la prioridad fue “alinear al gobierno en un esfuerzo grande de coordinación interinstitucional y llamar a la Procuraduría y a la Contraloría para que nos acompañaran”.

El exministro insistió en que los mecanismos de urgencia manifiesta se implementaron, “llenando todos los requisitos de ley y así lo estableció la Contraloría, que pidió una resolución donde valida esa urgencia manifiesta”. A su juicio, ello demuestra que la actuación del Ministerio de Relaciones Exteriores se apegó a los requerimientos legales y contó con respaldo de los entes de control.

Uno de los principales nudos expuestos por Murillo gira alrededor del modelo de expedición de pasaportes, el cual, según sus declaraciones a Caracol Radio, logró avanzar en más del 50%, específicamente “en lo que tiene que ver con agendamientos” y “la personalización de datos”, bloques que se hallaban previamente tercerizados y que pasaron a control estatal.

“Faltaba el tercer bloque de ese modelo que tenía que ver con la producción de las tarjetas y eso se hacía obviamente con el aliado internacional, pero no hubo continuidad. Y ese fue el problema, se perdieron 6 meses valiosos”, subrayó.

El exministro precisó que la Imprenta Nacional todavía no está en condiciones de producir y personalizar las libretas de pasaportes, aspecto previsto en el nuevo modelo mediante una alianza estratégica con un proveedor internacional.

“Por eso el modelo tenía previsto que se imprimieran las libretas por parte del aliado internacional en la imprenta, pero con una infraestructura que se instalaría allí y en el futuro, cuando la imprenta nacional de Colombia adquiriese la capacidad para imprimir tarjetas, lo haría en una alianza estratégica que fue el acuerdo a título de memorando de entendimiento que firmamos en octubre pasado”, detalló Murillo en la conversación citada por el medio mencionado.

Respecto al tiempo necesario para concretar la producción nacional de pasaportes, Murillo advirtió que se requieren al menos “entre 5 y 7 meses” para lograr que la infraestructura correspondiente esté en pleno funcionamiento.

“Hoy, la verdad, es que no es posible implementar la totalidad del modelo que quedó en más de un 50% porque se perdió un tiempo valioso”, enfatizó, en referencia a la falta de avances tras su salida del ministerio.

En contraste con las declaraciones del exministro, la también excanciller Laura Sarabia ha sostenido que “el tiempo para cumplir era imposible”, ya que no había avances suficientes ni respaldo presupuestal para cumplir con el cronograma propuesto.

Ante ello, Murillo reiteró la necesidad de que la investigación establezca responsabilidades y clarifique los hechos: “Por eso es importante que se haga la investigación, porque el proceso de expedición de pasaportes tiene tres bloques... Nosotros evitamos una demanda cuantiosísima a la nación, se implementó el pasaporte en línea que ya se había aprobado desde la administración Duque, pero no se había implementado”.

El exministro también defendió los progresos logrados en la atención al público y la seguridad del trámite, resaltando que “el agendamiento era de los más rápidos que se tenía en cualquier país en su trámite de su pasaporte”.

Sobre el bloque relacionado con captura y manejo de datos, aseguró que permanecía bajo dominio estatal como “un tema de seguridad nacional”.

Consultado sobre la selección del proveedor internacional, Murillo afirmó que la prioridad fue garantizar pluralidad de oferentes y objetividad en la selección, tras críticas e inconformidades previas por la falta de competencia en los procesos de licitación.

“Uno de los criterios que nosotros establecimos fue el de la pluralidad de oferentes. Porque hay muchas quejas sobre la falta de pluralidad... También hay muchas quejas sobre la selección del contratista”. Detalló que, inicialmente, en una licitación anterior, todos los oferentes se retiraron menos uno, y la siguiente recibió más de 500 observaciones. Estos antecedentes, según él, orientaron el giro hacia un modelo de contratación de gobierno a gobierno.

Murillo reveló que, en la estructuración de la nueva modalidad de cooperación internacional, se invitó a seis países con experiencia en impresión de pasaportes: Alemania, Austria, Canadá, Países Bajos, Polonia y Portugal. Tras un proceso de análisis, la propuesta portuguesa resultó la más conveniente, “por dos aspectos principales: su naturaleza, el 100% es de naturaleza pública, y tenía el mejor paquete de cooperación: 35 millones de euros, infraestructura para la cancillería, infraestructura para migración, para actualizar el laboratorio de control de calidad y además la entrega a título de donación de la planta de impresión de tarjeta de pasaporte en un lapso de 10 años”.

Negó que otros países invitados hayan objetado el proceso, y señaló que “ningún país manifestó desacuerdo”, defendiendo la transparencia y objetividad de la selección.

El proceso, según reportó Caracol Radio, atravesó obstáculos adicionales, como requerimientos de arquitectura legal y financiera compleja. Murillo manifestó que los acuerdos de cooperación estaban diseñados para financiaciones anuales, sin exigir vigencias futuras, lo que permitió “ir adicionando año a año en los convenios, en los contratos complementarios, subsidiarios de este acuerdo. Eso no solamente lo hacemos con Portugal, esa es la misma manera que hacemos los acuerdos el acuerdo, nosotros negociamos, por ejemplo, 1.500 millones de dólares con los Estados Unidos y se iban dando precisamente frente a las anualidades”.

En cuanto a la posibilidad de haber suscrito el acuerdo con Portugal en marzo, Murillo aseguró que, de haber existido continuidad, “sí se podía firmar”, indicando que delegaciones portuguesas ya se hallaban listas para concretar el convenio. En sus palabras: “Tuvimos una conversación al más alto nivel, porque estoy manejando al más alto nivel con el canciller de Portugal, Paulo Rangel... Le dije: ‘En febrero no estoy, pero hay que seguir las conversaciones obviamente con la cancillería, en febrero estuvo listo. Y en marzo se desplazaron a Bogotá para firmar, estaban listos para firmar’”.

No obstante, reconoció que su gestión dejó pendientes los trámites finales para la firma y que la falta de continuidad en el proceso significó “perder unos meses valiosos”, agravando la incertidumbre sobre la transición tras el fin del contrato vigente con Thomas Grechan Sons.

Sobre el valor económico del nuevo pasaporte, Murillo prefirió no divulgar cifras precisas en la entrevista, y prometió enviar esa información si así se requería. Ante la pregunta sobre la situación a partir del primero de septiembre, fue enfático al señalar: “Por eso tiene que responder el gobierno, yo ya no estoy en el gobierno, pero lo que yo siempre he dicho es que el criterio debe ser que tengan las tarjetas de pasaporte listas, que se puedan imprimir, que se le puedan ofrecer a los colombianos. Ese debe ser el criterio... Portugal necesita de esos cuatro o cinco meses para poder tener toda la infraestructura lista”.

A juicio del exfuncionario, la opción de cooperación internacional y fabricación nacional implica tanto transferencia tecnológica como una mejora en la soberanía del proceso y podría permitir a futuro incluso la exportación de pasaportes a otros mercados.

En relación con la existencia de un pliego de condiciones en enero de 2024 para una nueva licitación, Murillo aclaró que “hubo varias licitaciones”, la más avanzada de las cuales se abandonó ante la gran cantidad de observaciones y críticas. Esto llevó a adoptar el actual modelo de contrato intergubernamental como respuesta a la crisis.