El 9 de julio de 2025, a dos meses de que prescriba el proceso contra la multinacional Chiquita Brands, la Fundación Forjando Futuros presentó nuevos documentos ante la Fiscalía General de la Nación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia, con el propósito de que la justicia colombiana actúe de manera rápida.
La documentación incluía sentencias judiciales y fallos de tribunales que provienen de Estados Unidos, con la intención de evitar que se extinga la acción penal contra empresarios que, según la Fundación, habrían otorgado recursos económicos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la subregión de Urabá mediante pagos ilegales superiores a 1,7 millones de dólares.
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Entre los documentos figura una sentencia de 2007 que impuso una multa de 25 millones de dólares a Chiquita Brands por financiar a las AUC, así como un fallo de junio de 2024 que condena a la empresa a pagar 38,5 millones de dólares a familias víctimas del conflicto armado.
“Hacemos llegar la decisión del juez de 2007, donde se impone la multa, y la sentencia de 2024, mucho más cuantiosa. Las afirmaciones que hacen los defensores de Chiquita Brands y los empresarios colombianos, de que fueron extorsionados, ya fueron desmentidas. Está demostrado que pagaban antes. Los jueces señalaron que el pago que hicieron a la autodefensa no dependía de esa reunión con Carlos Castaño”, explicó Gerardo Vega, abogado de Forjando Futuros.
La preocupación de Forjando Futuros radica en que, pese a la existencia de dos fallos en Estados Unidos que establecen la responsabilidad de la empresa, en Colombia el caso permanece sin resolución tras más de dos décadas. “Si ya hay fallos en Estados Unidos, si ya se demostró que hubo responsabilidad, es inadmisible que en Colombia no haya ni una decisión”, sostuvo el togado.
Dadas estas circunstancias, solicitó al Gobierno nacional que lidere una reclamación directa ante Chiquita Brands y el Gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de lograr una reparación integral para las víctimas en Colombia. Según la organización, la multinacional, a través de su filial Banadex, no solo financió a grupos paramilitares mediante aportes por cada caja de banano exportada, sino que facilitó la entrada de armamento por sus puertos en Urabá.
Así mismo, la fundación recordó que los testimonios recogidos en el proceso de Justicia y Paz señalan que uno de los cargamentos más notorios fue el del barco Waterloo, que transportó cerca de 5.000 fusiles. Estas armas, según declaraciones de ex jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, no permanecieron únicamente en Urabá, sino que se distribuyeron en al menos siete departamentos de la zona Caribe: Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar; Urabá y en los Llanos Orientales.
La información aportada a la JEP podría resultar determinante para confiar el papel de actores económicos en el conflicto armado, en especial en el Macrocaso 04 sobre Urabá. Así las cosas, se prevé que los documentos entregados se integren al proceso que involucra a 14 empresarios bananeros investigados por apoyar económicamente a las AUC en Urabá a través de la Convivir Papagayo.
Mientras se resuelve el pleito legal, la multinacional pretende que la Corte de Apelaciones del Circuito Onceavo de Estados Unidos reconsidere su responsabilidad en los hechos relacionados con la financiación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar al que Chiquita admitió haber entregado hasta 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004.
Para la empresa, sus operaciones en Colombia quedaron atrapadas en medio de la lucha territorial entre guerrillas y paramilitares, así como en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, por lo que no considera que debería pagar una indemnización a las víctimas del conflicto armado.
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