Congresista del Partido de la U está ‘atado de manos’ entre su aspiración a la Presidencia de la Cámara y sus ‘problemas’ judiciales

Las aspiraciones políticas del actual representante a la Cámara por Norte de Santander Wilmer Carrillo Mendoza se encuentran en un terreno particularmente complejo, justo cuando su nombre comienza a resonar con fuerza entre los posibles candidatos para asumir la Presidencia de la Cámara de Representantes, en el nuevo periodo legislativo que inicia el 20 de julio de 2025.

Mientras se discuten los equilibrios políticos dentro del legislativo y se tejen alianzas para el siguiente año congresional, paralelamente se intensifican las miradas sobre su situación jurídica, compuesta por un conjunto de investigaciones formales y señalamientos provenientes de distintos despachos de la Corte Suprema de Justicia.

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Los expedientes judiciales que vinculan a Carrillo no son nuevos, puesto que, desde hace varios años, su nombre figura en distintos procesos que avanzan en varias fases dentro del alto tribunal. Buena parte de las pesquisas se remontan a su paso como secretario de Infraestructura de Norte de Santander, cuando William Villamizar lideraba la Gobernación. Durante ese periodo, el hoy congresista firmó y autorizó contratos que en la actualidad son materia de revisión judicial por presuntas anomalías en los procedimientos administrativos y financieros.

A su vez, el hospital regional de Ábrego figura como otro de los puntos sensibles en el historial del congresista. En enero de 2023, la Corte Suprema anunció la apertura de un nuevo proceso en el que se investigan posibles delitos de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y peculado. Las presuntas irregularidades habrían ocurrido entre 2016 y 2017, durante el desarrollo de varios contratos de infraestructura y prestación de servicios en el centro hospitalario.

Según las versiones recopiladas por El Tiempo y La FM, la investigación incluye señalamientos sobre posibles exigencias económicas a contratistas para asegurar la adjudicación de contratos públicos.

A pesar de estos señalamientos, no todos los fallos fueron adversos para el congresista. En junio de 2023, la Sala Especial de Instrucción resolvió absolverlo en un proceso relacionado con la liquidación de una obra vial, al determinar que no se encontraron elementos probatorios suficientes para inferir incumplimiento doloso de sus funciones.

En mayo de 2025, Ámbito Jurídico y La Silla Vacía dieron cuenta de una acusación formal contra Carrillo por haber autorizado la liquidación y pago de $258 millones en un contrato cuestionado. El contrato, según las investigaciones, presentaba fallas tanto en su ejecución como en el cumplimiento de sus objetivos, lo que pudo haber generado un detrimento patrimonial para el departamento.

Entre las investigaciones más citadas, se encuentra un proceso relacionado con la empresa Reingeniería Ltda, cuyo accionista mayoritario era Wilder Pacheco Llain, cuñado del hoy congresista. En ese caso, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema inició una indagación formal por la firma de un convenio que, según los documentos revelados por medios como W Radio y Blu Radio, habría sido celebrado sin los requisitos legales y con una posible intención de beneficiar económicamente a familiares del entonces secretario. Las autoridades judiciales exploran la posible comisión de peculado y tráfico de influencias.

Además, se conoció que la Corte Suprema volvió a incluir el nombre de Wilmer Carrillo en sus pesquisas, esta vez dentro de un expediente que investiga posibles nombramientos irregulares en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

En este caso, el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, que anteriormente se había desempeñado como director del departamento de operaciones comerciales externas en mención, entregó a la Fiscalía información que comprometería a Carrillo por presunta influencia en el nombramiento de una funcionaria en la seccional de aduanas de Cúcuta.

A estas diligencias se suma una referencia en el caso que involucra a decenas de congresistas por la posible manipulación de contratos asignados por el Instituto Nacional de Vías (Invías). La apertura de esta investigación fue confirmada en febrero de 2025 por el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda, luego de que María Alejandra Benavides —exasesora del Ministerio de Hacienda salpicada en el caso de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)—, entregara un cuadro que incluye nombres de legisladores y detalles de contratos en revisión.

Además, uno de los hechos más sensibles que rodean la figura de Carrillo está relacionado con la información recopilada por la Dijín por el crimen del veedor ciudadano Jaime Vásquez. En declaraciones entregadas por el autor material del asesinato, se mencionan vínculos de políticos regionales con posibles redes criminales y estructuras de corrupción administrativa.

Por lo que el nombre de Wilmer Carrillo figura en un documento interno de proyección de investigación con fines de extinción de dominio, en el que se incluyen 76 personas señaladas por el asesinado veedor. Si bien no existe hasta ahora una imputación concreta dentro de este caso, su inclusión en ese informe fue ampliamente difundida en medios.