Brisa de Angulo, abogada, activista y sobreviviente de violencia sexual incestuosa, lleva más de dos décadas buscando justicia, algo que le han negado dos países: Bolivia y Colombia.
Sus esfuerzos por lograr una sentencia condenatoria contra su primo y señalado agresor sexual, Eduardo Gutiérrez Angulo –de origen colombiano–, empezaron en 2002, en Bolivia, cuando, siendo apenas una adolescente, enfrentó un robusto pero cuestionado sistema judicial, denunciando a Gutiérrez por el delito de violencia sexual.
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Lo acusó de haberla abusado y violado sexualmente en repetidas oportunidades, durante ocho meses, cuando ella tenía 16 años. Y, aunque presentó una denuncia formal ante la Policía Técnica Judicial de Bolivia en agosto de 2002, casi 23 años después, su caso sigue en la impunidad y, ahora, el sistema judicial le juega en contra. Así lo expuso en conversación con Infobae Colombia.

Pues, mientras sigue esperando una decisión ejemplar, ahora tendrá que enfrentar al señalado agresor cara a cara, en una audiencia de conciliación programada para el 11 de julio de 2025, en la Casa de Justicia Mártires, en Bogotá, Colombia, donde Gutiérrez se oculta de las autoridades bolivianas y, además, lideraría un grupo de jóvenes de la iglesia cristiana El Lugar de su Presencia, en Bogotá, bajo el alias de Lalo Levi.
El hombre la denunció por injuria y calumnia, luego de haber evadido a la justicia por años y de, incluso, tener en su contra una circular roja de la Interpol por una solicitud de extradición de Bolivia –negada por Colombia–, que exige que se presente ante las autoridades judiciales.
Una denuncia sin “pies ni cabeza”
En 2025, Brisa fue notificada sobre la denuncia en su contra. “Cuando yo lo leí, emocionalmente, yo estaba deshecha. Yo no me levanté de la cama varios días, y dije: esto me puede llevar tres años a la cárcel”, confesó.
A su juicio, este nuevo suceso se traduce en una sola cosa: que el sistema judicial del que esperaba recibir ayuda, se volteó en su contra. Esto, al permitir que se adelante un proceso penal en el que el denunciante es un señalado violador, que no ha respondido a la justicia boliviana por más de dos décadas.
Según explicó, los argumentos que Gutiérrez enlistó en la denuncia son “absolutamente ridículos. No tiene ni pies ni cabeza”. Por eso, cree que el proceso “no va a salir adelante”. No obstante, supone una nueva revictimización para la sobreviviente.
De acuerdo con su relato, el procesado redactó un documento de 28 páginas en el que expone por lo menos cuatro razones por las cuales considera que De Angulo incurrió en los delitos de injuria y calumnia:
- Asegura que la sobreviviente se inventó el hecho de que fue violada por él.
- Dice que es falso que haya cambiado su nombre en Colombia –de Eduardo Gutiérrez a Lalo Levi– para evadir a la Interpol.
- Niega ser líder de una iglesia en Bogotá.
- Afirma no haber agredido sexualmente a las hermanas de Brisa.
De Angulo desvirtúa cada uno de los argumentos. Se mantiene en su denuncia de haber sido violada por su primo y afirma que este ha evadido la justicia ocultándose en Colombia bajo otra identidad. Además, confirma que tiene fotografías en las que se evidencia que Gutiérrez ha estado ejerciendo, o por lo menos ejerció, un liderazgo.
Supo de ello por información que recibió directamente de integrantes de la iglesia: “Miembros de la iglesia me dicen: ‘Brisa, la persona de la que tú estás hablando suena muy parecido a la persona que está aquí como líder de jóvenes, el que está casado con la pastora de la iglesia, pero se llama diferente", relató.
Tras recibir una fotografía de él, confirmó que eran la misma persona. Luego, en las redes sociales de la iglesia se percató de que, en efecto, era un líder para los jóvenes, aunque, posteriormente, la iglesia eliminó todo el contenido digital en el que aparecía. Brisa guardó las evidencias.
Por último, asegura que hay un registro de video en que queda claro que una de sus hermanas fue agredida sexualmente por el mismo sujeto, cuando tenía ocho años.
“Hay un video donde él está haciendo grabar a mi hermana, donde él –un adulto de 27 años, entonces– está acostado en la cama de mi hermanita y tiene a mi hermanita de ocho años jugando con las nalgas de él. Es repugnante. Te da asco”, detalló.
El cara a cara con su agresor
En ese sentido, aunque para Brisa resulta desconcertante tener que pasar de víctima a presunta victimaria, está dispuesta a enfrentar a su agresor en la audiencia de conciliación del 11 de julio.
“Es una desprotección completa, porque yo no voy a conciliar. O sea, me parece ridículo que me sienten en la mesa con mi agresor, que tengo 22 años tratando de llevar el proceso”, indicó.
Ahora, la pregunta es, ¿Brisa está lista para ver, por primera vez en muchos años, a quien acusa de haberla violentado?
“No sé. Sé que la niña que fue lastimada está acompañada por la Brisa grande de ahora”, confesó.
Ahora, no solo está respaldada por sus padres; cuenta con el apoyo de muchas personas que se han pronunciado y que dicen: “Todas somos Brisa”. Esto le permitió tomar la decisión de asistir a la audiencia de conciliación, a pesar de que muchas personas le recomendaron no hacerlo.
“Yo no tengo que ir, yo sí puedo mandar a mi abogada. Pero, siento que el mensaje que yo quiero dar a las miles de mujeres que han pasado por eso es que no tenemos por qué agachar cabeza, que nos podemos presentar con la frente en alto, porque no hemos hecho nada malo y que ya no estamos solas”.
Añadió: “Siento que no importa si no estoy lista; estoy respaldada”.

Cronología de su caso: años de errores y revictimizaciones en Bolivia
Desde 2002 hasta la actualidad, hubo todo tipo de decisiones, errores y revictimizaciones propiciadas por la justicia boliviana y, posteriormente, por la colombiana, que afectaron a Brisa.
En un fallo de primera instancia, Gutiérrez fue condenado por el delito de estupro agravado –y no por violencia sexual–.“El juez cometió un error al condenarlo por estupro, por otro crimen que no era”, dijo. Entonces, la sentencia fue anulada y, luego, en segunda instancia, el Tribunal de Bolivia absolvió al señalado agresor. Una decisión que habría sido tomada en tiempo récord, y sin contar con los testigos de la sobreviviente.
“Eliminaron a mis testigos porque estaban usando una cinta azul en solidaridad con niños víctimas de violencia sexual. Entonces, los eliminan. No dejan que mis testigos entren, y en 15 minutos hacen la resolución de la sentencia”, detalló De Angulo a este medio.
En 2007, la Sala Penal Primera del Tribunal boliviano anuló la sentencia de absolución y un año después, el Tribunal de Sentencia N.º 3 ordenó la realización de un tercer juicio, pero el señalado violador no asistió a las audiencias y fue declarado en rebeldía y se emitió orden de aprehensión en su contra.
Colombia, el país que se sumó a la lista de agresores
Sin embargo, escapó a Colombia. Y, aunque Bolivia lo solicitó en extradición para que responda por los delitos cometidos en ese país, la Corte Suprema de Justicia colombiana negó su entrega, basándose en un tratado de 1911 relacionado con la prescripción de este tipo de delitos.

Brisa acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y declaró al Estado de Bolivia responsable de haberla revictimizado y de haber vulnerado sus derechos. En Consonancia, se fijó un nuevo juicio oral (el cuarto), en el que, nuevamente, el procesado no se presentó. Mientras tanto, interpuso una acción de tutela para anular el concepto negativo de la extradición, la cual, tras dos fallos a su favor, fue declarada improcedente.
Entonces, la sobreviviente acudió a la Corte Constitucional de Colombia para reversar esa última decisión. En 2023, este alto tribunal seleccionó su caso para su estudio y se está a la espera de una determinación que ampare sus derechos.
Es así como, durante más de 20 años, Brisa ha acudido a las altas cortes de dos países para lograr que el señalado agresor y prófugo sea condenado por violencia sexual. En ambas naciones, la justicia le ha fallado y, desde su perspectiva, Bolivia y Colombia se convirtieron en sus victimarios.

“La Corte Interamericana dijo que Bolivia se convirtió en un segundo agresor y creo yo que ahora Colombia es el tercer agresor, primero, por negar la extradición, y segundo, por dejar que mi agresor instrumentalice el proceso judicial para intimidarme, para silenciarme”, afirmó.
Cuestionó el papel de las autoridades colombianas, que afirman respaldar y defender a la niñez, y que, al mismo tiempo, impide que los agresores sexuales, “que destruyen la vida de niños y niñas”, respondan como se debe y que, además, incurre en revictimizaciones.
Aunado a las trabas judiciales, Brisa asegura que parte de su familia también le dio la espalda. Según explicó, esa “exfamilia”, compuesta por 40 tíos o tías y numerosos primos, han contribuido a negar los hechos, pese a que no presenciaron lo ocurrido. “No hay una sola persona que haya querido escuchar mi historia”, dijo.
El papel de la Corte Constitucional colombiana

Ahora, la Corte Constitucional definirá sobre dos cosas:
- ¿Qué pasa cuando las acciones de un país impiden que otro cumpla con órdenes impartidas por la Corte Interamericana?
- ¿Qué pasa cuando un tratado como el de 1911 está en contradicción con el bloque de constitucionalidad, el bloque de convencionalidad, y los últimos estándares internacionales que cobijan a Colombia?

En medio del largo proceso judicial con Gutiérrez, Brisa creó la fundación Una Brisa de Esperanza, en Bolivia, que se encarga de apoyar a menores de edad víctimas de violencia sexual en el país, desde la parte legal y psicológica. Más de 2.600 niños y niñas han pasado por la organización, recibiendo orientación y avanzando en sus procesos de sanación.
De acuerdo con la sobreviviente, la fundación se enfoca en prevenir este tipo de casos, por medio de políticas públicas y cambios en la normativa nacional e internacional, de ahí que trabaje con 16 países en el acompañamiento de activistas y organizaciones. Otro de los objetivos de la organización es reparar a las víctimas de violencia sexual e impulsar la justicia en los procesos penales contra los agresores. Así, han logrado cambiar el índice de sentencias condenatorias, pasando de un 2% a un 95%.
El caso de Brisa trascendió fronteras y captó la atención del director de cina Nick Nanton, que produjo el documental Brisa, que será proyectado en Bogotá el 11 de julio de 2025, después de la audiencia de conciliación entre la sobreviviente y el señalado agresor.
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