Con un respaldo unánime, la Asamblea Departamental de Antioquia aprobó el miércoles 9 de julio el Proyecto de Ordenanza N.º 23 de 2025, que establece las bases para la formulación e implementación de una política pública integral orientada a la prevención, investigación y judicialización del abuso sexual infantil en el departamento.
La iniciativa, promovida por el diputado Mauricio Caly Padilla (Partido Mira) y coautora por la diputada Verónica Arango García (Centro Democrático), recibió 21 votos a favor y ninguno en contra, reflejando el consenso político en torno a un tema que exige respuestas urgentes.
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El proyecto nació como respuesta directa a las alarmantes cifras que ubican a Antioquia en los primeros lugares de casos de abuso sexual infantil en el país. Solo en 2023, según datos oficiales, se reportaron más de 5.400 casos de violencia sexual contra menores en el departamento. Este panorama motivó a los impulsores de la ordenanza a consolidar una política que no solo enfrente el fenómeno desde la reacción institucional, también desde la prevención, la educación y la articulación intersectorial.
Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la creación del “Sello Espacio Libre de ASI (Abuso Sexual Infantil)”, un distintivo que será otorgado a instituciones y establecimientos que demuestren un compromiso efectivo en la prevención del abuso y no registren casos de este tipo. Para el diputado Caly, este reconocimiento tiene un doble propósito: visibilizar los entornos seguros para niños y niñas, y fomentar una cultura sostenida de prevención.
“Con este proyecto queremos reconocer a quienes se esfuerzan por ofrecer espacios seguros para nuestros niños. Es una forma concreta de construir una cultura preventiva, más allá de los discursos”, explicó el diputado Caly en El Colombiano.
También señaló que la falta de cifras claras y unificadas fue uno de los principales desafíos que enfrentó la formulación del proyecto, lo que llevó a incluir como una prioridad la creación de un Sistema de Información para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Esta herramienta estará a cargo del centro de analítica de la Gobernación y permitirá tener datos actualizados, desagregados y confiables sobre la incidencia del delito, lo que facilitará la toma de decisiones oportunas y basadas en evidencia.
Además, el proyecto contempla la conformación de un Comité de Coordinación Intersectorial, cuya función será garantizar la articulación entre entidades estatales, organizaciones sociales, autoridades judiciales, educativas y de salud. Esta articulación busca fortalecer la respuesta institucional y reducir los vacíos que actualmente dificultan la protección integral de las víctimas y la judicialización de los agresores.
Durante el debate en la Asamblea, la diputada Verónica Arango alertó sobre el alarmante aumento de casos en Medellín. Con base en cifras que compartió, se registró un incremento del 1000% en los reportes de presunto abuso sexual infantil, pero solo se abrieron 212 procesos judiciales.
“Es urgente que desde nuestro departamento se tomen decisiones firmes. No podemos permitir que los casos sigan aumentando sin que haya una respuesta estratégica y coordinada”, afirmó Arango. También hizo énfasis en la necesidad de legislar en el ámbito digital, dado el creciente número de delitos sexuales cometidos a través de redes sociales contra menores.
La política pública tendrá un enfoque de derechos y será construida con la participación activa de la ciudadanía, organizaciones sociales, academia y menores de edad, que tendrán voz en los mecanismos de evaluación e implementación. De acuerdo con lo aprobado, la administración departamental deberá rendir cuentas anualmente ante la Asamblea sobre los avances y resultados de la política, así como los impactos en la reducción de casos.
El diputado Caly hizo un llamado al trabajo conjunto: “El Estado, las instituciones y la sociedad debemos actuar de forma articulada para proteger a nuestros niños y niñas. Esto implica educación en derechos, sensibilización y detección temprana. Solo así podremos evitar que se sigan cometiendo estos crímenes”.
Con la aprobación de esta política pública, Antioquia se convierte en el primer departamento del país en adoptar una ordenanza específica para enfrentar de manera integral el abuso sexual infantil.
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