Activista china experta en estadística, que asesoró nueva ley para reglamentar las encuestas políticas, respondió a las críticas: “No tiene nada de malo”

Hanwen Zhang, analista y comentarista activa en redes sociales, cuestionó públicamente las declaraciones emitidas por periodistas de Blu Radio en la mañana del 10 de junio, en medio de un debate sobre la nueva ley de encuestas que se discute en el país.

Según Zhang, durante la transmisión se afirmó que ella mantiene contratos con entidades del Gobierno y que se desempeña como una ferviente activista en defensa del presidente Gustavo Petro.

Frente a esta situación, Zhang negó tener vínculos contractuales con el Estado o con el Ejecutivo y enfatizó que, en caso de que existieran, estos no tendrían relación alguna con la actividad de análisis de encuestas ni serían motivo para deslegitimar su labor. Recordó, además, que en el pasado recibió amenazas de muerte relacionadas con contratos que sostuvo, lo que agrava la preocupación por la forma en que se usa este tema para poner en duda su credibilidad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Aclaro que no tengo contratos ni con el gobierno ni con el estado. Y así los tuviera no tiene nada de malo, y tampoco tendrían ninguna relación con el tema de las encuestas”, escribió.

El comentario que provocó la reacción de Zhang fue atribuido al periodista Ricardo Ospina, quien participaba en la discusión radial sobre la regulación de encuestas y su incidencia en la opinión pública. Para la analista, la afirmación sobre supuestos contratos estatales se utilizó de forma tendenciosa, presentándola como un argumento para desestimar su posición en el debate.

“Lo que me saca la piedra es que Ricardo Ospina no averigua la verdad sino que sale al aire a decir mentiras, además usa este tema de contratos de forma maliciosa para desacreditarme como si servir al estado fuera algo reprochable. El año pasado recibí amenazas de muerte en parte por los contratos que tenía, para que ahora salga irresponsablemente con esto”, expuso.

En cuanto al señalamiento sobre su presunto activismo petrista, Zhang recalcó que no se identifica con la etiqueta de ferviente defensora de la administración actual. Argumentó que una revisión de su historial de publicaciones en plataformas digitales bastaría para demostrar que no existe una postura uniforme o militante de respaldo absoluto al Gobierno, aunque reconoció que difícilmente logrará convencer a quienes insisten en esa calificación.

“No me considero una “ferviente activista”, si analizan mis trinos, se darán cuenta de que esa afirmación no tiene ningún sustento, pero nada que yo diga les convencerá de lo contrario, así que dejemos así“, concluyó.

El texto establece que las firmas encuestadoras tendrían prohibido divulgar mediciones de intención de voto o preferencias políticas en los tres meses anteriores a la fecha de inscripción oficial de candidaturas. De acuerdo con el calendario de la Registraduría Nacional, los plazos de inscripción para los comicios de 2026 vencen el 31 de enero, por lo que la restricción cobijaría el último trimestre de 2025. La medida aplicaría tanto para los comicios presidenciales como legislativos, y su alcance incluye futuras jornadas electorales.

Además, la ley contempla modificaciones en la composición de las muestras para los estudios de opinión, obligando a que los sondeos incluyan a todos los municipios con una población superior a 800.000 habitantes, según estimaciones del Dane. Este requisito busca ampliar la representatividad y precisión de las mediciones, abarcando las principales ciudades del país.

La eventual promulgación de la norma afecta directamente la dinámica de las campañas políticas. Los aspirantes han venido utilizando los resultados de las encuestas como insumo fundamental para definir estrategias electorales y negociar alianzas con otros movimientos.

No solo las tácticas de los equipos de campaña resultarían alteradas. Las organizaciones y empresas que respaldan financieramente a los aspirantes se han valido de las encuestas como parámetro para evaluar el impacto de sus inversiones y ajustar recursos de cara al inicio formal de las campañas. La nueva legislación les impediría obtener este tipo de información durante el periodo crucial previo a la inscripción de candidaturas.