Tras confesar falsos positivos, exsargento de inteligencia denunció que lo amenazaron de muerte: “La inteligencia militar participó activamente en los falsos positivos”

José Leonairo Dorado, exsargento de inteligencia militar y actual compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), teme por su vida luego de ser trasladado dentro de la cárcel militar en la que permanece recluido.

Dorado ha entregado información clave sobre presuntos crímenes cometidos por agentes del Estado.

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Sin embargo, no ha recibido aún el reconocimiento formal de su colaboración con la justicia transicional, a pesar de los múltiples testimonios que ha ofrecido y del respaldo de víctimas y autoridades judiciales.

“El ambiente dentro de la inteligencia militar sigue siendo de hermetismo. Tiene raíces que ejercen presión”, aseguró Dorado en una entrevista con el medio W Radio, quien se retiró del Ejército en 2008 tras más de dos décadas como suboficial de inteligencia.

A pesar del tiempo transcurrido, sostiene que esa cultura de silencio persiste y que su vida corre peligro debido a la información que ha entregado ante la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

Su testimonio tomó relevancia pública luego de que fuera entrevistado por Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, asesinado en la retoma del Palacio de Justicia en 1985.

En ese encuentro, Dorado identificó a responsables del crimen y detalló el papel que jugó la inteligencia militar en asesinatos, desapariciones forzadas y la ubicación de fosas comunes dentro de la Brigada 20 de Inteligencia, antes conocida como Batallón Charry Solano.

Durante más de seis años, Dorado ha colaborado con la justicia transicional entregando información sobre ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de dirigentes de la Unión Patriótica y de excombatientes del M-19.

Además, ha aportado detalles sobre detenciones ilegales, torturas y homicidios perpetrados por estructuras de inteligencia militar entre 1985 y 2008 en regiones como el Magdalena Medio, Putumayo, Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá.

“Aporté información puntual sobre lo que llamamos en inteligencia la consolidación nacional, es decir, cómo la inteligencia militar participó activamente en los falsos positivos”, explicó Dorado.

Según ha manifestado, su contribución ha sido certificada por las magistradas de la JEP Catalina Díaz y María del Pilar Valencia, así como por la directora de la Unidad de Búsqueda.

Además, la Fiscalía ha solicitado que se le garanticen condiciones de seguridad y los beneficios que por ley le corresponderían como compareciente que contribuye a la verdad.

Sin embargo, ni la JEP ni la administración judicial han formalizado ese reconocimiento. Su abogado y los representantes de las víctimas han elevado solicitudes para que se le otorguen medidas de protección y beneficios judiciales, sin éxito hasta ahora.

“Estoy bajo una decisión del magistrado Mauricio García Cadena, y tanto mi abogado como los abogados de las víctimas han pedido que se me reconozca como compareciente comprometido con la verdad”, señaló.

Durante más de seis años, Dorado ha colaborado con la justicia transicional aportando información sobre ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, torturas y homicidios perpetrados entre 1985 y 2008 en diversas regiones del país.

Ha certificado su aporte la JEP, la Unidad de Búsqueda y la Fiscalía, que además ha solicitado garantías para su protección, sin que hasta ahora se haya formalizado este reconocimiento.

En diálogo con el medio Cambio, Dorado calificó como “letal” el daño que altos mandos y exfuncionarios, incluyendo al general Mario Montoya y al expresidente Álvaro Uribe Vélez, causaron a las Fuerzas Militares y a Colombia.

Señaló que el ocultamiento de la verdad y la impunidad, que superó el 90 % en décadas pasadas, siguen vigentes en menor medida.

El reciente hallazgo de restos humanos en la Brigada 20 confirma sus denuncias previas. Dorado describió a la inteligencia militar como una “rueda suelta” donde comandantes actuaban con odio hacia la subversión y por intereses económicos, financiados parcialmente por países extranjeros, permitiendo que oficiales y suboficiales acumularan poder y riqueza a costa de operaciones encubiertas.