Gobierno Petro había advertido a Vicky Dávila sobre plan del Clan del Golfo para asesinarla: fue días después del atentado a Miguel Uribe

En la noche del 12 de junio de 2025, cinco días después del atentado contra el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, la aspirante presidencial Vicky Dávila fue alertada sobre un posible plan para atentar contra su vida.

La advertencia decía que las amenazas contra Dávila venían de miembros del grupo armado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo.

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En declaraciones al portal La Silla Vacía, la periodista colombiana señaló que dicha información le fue revelada por el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, en una visita especial que realizó el alto oficial en su apartamento en Bogotá.

“Me dice que el Clan del Golfo me quiere matar (...) Me mandaron a quedarme en la casa unos días, y a no acercarme a las ventanas. Pero la Policía se ha portado muy bien”, indicó la exdirectora de Semana en declaraciones al medio citado.

Las amenazas del grupo armado fueron obtenidas a través de inteligencia estatal, en la que incluso llegó hasta el presidente Gustavo Petro, que ordenó reforzar su seguridad y activar los protocolos de protección para la precandidata presidencial.

“Una agencia internacional le había confirmado a la Dirección Nacional de Inteligencia que había un plan para asesinarme, y la orden que había recibido era que había que reforzar mi seguridad”, manifestó Dávila.

El refuerzo de seguridad para Vicky Dávila se diferencia del de otros candidatos, ya que su esquema está compuesto únicamente por miembros de la Policía Nacional, a diferencia de quienes reciben protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Una semana después de la visita, durante una reunión en la Casa de Nariño sobre garantías electorales, el general Triana confirmó públicamente el refuerzo, aunque evitó mencionar la existencia de un plan concreto.

“Estuvimos en la residencia de la precandidata Vicky Dávila. Hay un refuerzo importante de su esquema de seguridad con policías de protección que tienen todas las capacidades”, declaró el alto oficial en rueda de prensa.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que se destinarán casi mil hombres y quinientos carros para la protección de los aspirantes.

“Ya hemos avanzado bastante y vamos a seguir adelante en la protección y en la tranquilidad de cada uno de los candidatos, que es también la tranquilidad del país y de la democracia”, afirmó el jefe de cartera.

La candidata, quien ha retomado su agenda de campaña fuera de la capital, ha sido una crítica constante de la política de “paz total”, en la que denunció a grupos criminales desde su etapa como directora de Semana.

En su cuenta de X, Vicky Dávila indicó que tras tener comunicación con un “militar activo de inteligencia”, fue advertida de que el atentado a Miguel Uribe Turbay había sido ordenado por “Iván Mordisco”, comandante de una de las disidencias de las Farc.

Además, Dávila aseguró que el senador y precandidato del Centro Democrático no sería el único político que estaría en ese listado, sino que se trataba de un “plan terrorista que incluye atacarnos a María Fernanda Cabal y a mí”, exponiendo de nuevo la necesidad de que su seguridad sea garantizada por el Estado.

“La misión la estaría ejecutando alias “Pelo”o alias “El Grande”, de las disidencias de las Farc. Dejo esta constancia“, puntualizó la precandidata.

No obstante, la información divulgada por la periodista fue replicada por varios sectores, en la que le pidieron que sea constatada ante la Fiscalía General de la Nación.

El periodista Edgar Yepes Carvajal formalizó la petición, argumentando que Dávila, ahora precandidata presidencial, no cuenta con la protección de la reserva de fuentes periodísticas y, por tanto, debe entregar los datos que conoce.

Añadió que la disposición de Dávila para entregar la información será determinante para demostrar su compromiso con el país y fortalecer el Estado de derecho: “Su decisión tiene un impacto directo en la credibilidad constitucional que proyecta como candidata y en el fortalecimiento del Estado de derecho. Agradezco su pronta atención y cumplimiento, el cual será entendido como un acto de responsabilidad inconstitucional y compromiso con la legalidad”.