
Incrementar las operaciones ofensivas, fortalecer el bienestar del personal, aumentar los niveles de transparencia y tolerancia cero a la corrupción, y proteger y modernizar las capacidades estratégicas: estos son los cuatro retos definidos por el Comando General de las Fuerzas Militares para el periodo actual.
La estrategia, más ofensiva que nunca, se traduce en 235 combates sostenidos, lo que representa un 51% más respecto al periodo anterior, y en la determinación de no ceder “un solo metro del territorio a quienes delinquen”. Con este enfoque, soldados, marinos y aviadores reafirman su compromiso de restaurar la confianza de las comunidades y consolidar la presencia estatal en las zonas más necesitadas.
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En entrevista con Infobae Colombia, el comandante general expuso los avances, obstáculos y proyecciones de la institución, a través del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus. “Ha sido un año lleno de retos. Un año con muchas tareas. Nos hemos definido importantes metas. Nos hemos impuesto grandes retos como comandante general, con la suma de las capacidades de nuestro Ejército, de nuestra Armada, y nuestra Fuerza Aeroespacial, que es mantener la ofensiva para poder impactar, afectar a grupos organizados que están delinquiendo en el territorio nacional”, expresó Francisco Cubides.

Además, el alto oficial subrayó la importancia de velar por el bienestar del personal y erradicar la corrupción dentro de las filas militares: “Aquel individuo que defina no actuar en lo correcto deberá pagar por sus conductas criminales ante la justicia”.
A pesar de limitaciones presupuestales y logísticas, las Fuerzas Militares han actuado con precisión, afectando las estructuras financieras y delictivas de los Grupos Armados Organizados (GAOs) mediante inteligencia, planeamiento y uso de la fuerza, asegurando que cada acción contribuya a la tranquilidad del país.
Durante el periodo evaluado, la ofensiva se tradujo en 13.632 afectaciones a estructuras criminales, de las cuales 321 fueron dirigidas contra el ELN, 1.306 al Estado Mayor Central (EMC), y 1.697 al Clan del Golfo, entre otros. A estas acciones se suman la recuperación de 443 menores de edad, 12.123 capturas, 768 sometimientos a la justicia y 88 presentaciones voluntarias, según el balance oficial.

“Este año hemos logrado afectar los grupos armados organizados en más de 13.600 individuos consolidados en personas que han sido capturadas, menores, recuperados, presentaciones voluntarias, igualmente muertos en operaciones militares, es un número amplio que llega hasta 210 muertos que desafortunadamente tenemos que declarar en ley”, detalló el almirante a este medio.
La lucha directa contra el narcotráfico también se reflejó en cifras relevantes: las incautaciones superaron las 783 toneladas, incluyendo más de 595 toneladas de cocaína, 167 de marihuana y 21 de pasta base de coca. Paralelamente, los uniformados destruyeron 3.218 laboratorios, confiscaron 165 toneladas de coltán, 393 dragas, 1.547 motores y motobombas, 471 socavones y 158 unidades de maquinaria amarilla destinadas a la minería ilegal. La logística de los grupos armados recibió un golpe adicional con la incautación de 3.884 armas, 16.038 artefactos explosivos y 641.395 municiones.
Esta ofensiva dejó como resultado 534 combates, 332 ataques a la fuerza pública, 155 hostigamientos, 162 ataques con drones, 101 neutralizaciones de ataques terroristas y 647 neutralizaciones de artefactos explosivos. El balance demuestra la intensidad de la confrontación actual, que eleva los riesgos para el personal militar y civil en las regiones más afectadas.

Actualmente, con base en lo informado por el Comando General, no existe ningún cese al fuego activo con los principales grupos armados; los acuerdos de cese con el ELN y el EMC terminaron el 3 de agosto de 2024 y el 18 de mayo de 2025, respectivamente.
Esto ha dado paso a una fase de operaciones ofensivas plenas, que abarca a todos los GAOs y factores de inestabilidad, bajo el cumplimiento estricto de la obligación constitucional. El almirante Cubides Granados, por su parte, reconoció que aunque los ceses de fuego han formado parte de la política de Paz Total impulsada por el presidente Gustavo Petro, en la actualidad se mantienen activas tres mesas de diálogo.
“Desde las Fuerzas Militares estamos apoyando al Ministerio de Defensa y a la Oficina del Alto Comisionado; en ese diálogo tenemos observadores militares que son un equipo técnico que siempre está presente en esas tres mesas; mientras que por el lado militar estamos contrarrestando con fuerza los demás grupos para que ojalá pronto se sienten y tengamos una paz total a la medida, como quiere el señor presidente de la República”, indicó el comandante.

Los cambios en las dinámicas criminales se evidencian en la reorganización de los grupos armados, que han buscado nuevas áreas de influencia y afinidad con economías ilícitas, especialmente el narcotráfico y la minería ilegal. Líderes como Jorge Suárez Briceño, alias Calarcá, expandieron operaciones desde Caquetá, Meta y Putumayo hacia otras zonas como Tolima y Guaviare, mientras que el Bloque Magdalena Frente 34 hace lo propio desde el Bajo Cauca antioqueño hacia el centro de Antioquia.
El combate a estas organizaciones se mantiene pese a limitaciones presupuestales y logísticas. En materia de presupuesto, la apropiación vigente alcanza $18 billones, lo que representa un incremento del 9% impulsado por los planes ’16 Mil’ y Siden. Hasta la fecha, se ha ejecutado el 54% de estos fondos, y tras el desbloqueo de más de $221.000 millones el 26 de junio, se aseguraron inversiones para el sostenimiento de unidades estratégicas, suministro de combustible y cumplimiento de compromisos legales recurrentes.
El fenómeno del narcotráfico, calificado por el alto oficial como la raíz de la violencia actual, alimenta a grupos que han dejado atrás pretensiones ideológicas y se enfocan en economías ilegales como el contrabando y la minería criminal.

“Mientras exista el narcotráfico, mientras existan actividades ilegales, van a haber esos grupos que hoy ya no tienen ningún interés en la toma del poder. Son netamente narcoterroristas dedicados a la minería ilegal, al contrabando. A esto nos corresponde seguir trabajando para afectarlos, porque esa es la visión que nos da la Constitución”, precisó Cubides a este medio.
Este tipo de actividades, junto con la instrumentalización de civiles y el uso de artefactos improvisados, ha obligado a las Fuerzas Militares a ajustar su inteligencia y táctica, logrando respuestas más ágiles y coordinadas en escenarios urbanos y rurales.
Los retos persisten: consolidar la paz exige, además de la acción militar, una presencia efectiva del Estado que articule esfuerzos en educación, salud y políticas de sustitución de cultivos ilícitos.
El comandante Cubides subrayó a Infobae Colombia la necesidad de “trabajar con el Estado a nivel general”, transformando el territorio para que la seguridad sea acompañada de desarrollo y bienestar social. En palabras del oficial, la paz verdadera requerirá un trabajo integral que permita al campesino migrar de lo ilegal a lo legal y que la llegada del Estado sea tan oportuna y sólida como el despliegue militar.
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