El miércoles 9 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que una falla eléctrica afectó el servicio de internet en la sede de la calle 12 en Bogotá, lo que obligó a suspender y reprogramar todas las citas para trámites consulares, incluida la expedición de pasaportes.
“(...) En este momento, un equipo técnico especializado se encuentra en el lugar atendiendo la emergencia. Como consecuencia de esta contingencia, las citas programadas para el día de hoy están siendo reagendadas. Agradecemos la comprensión de la ciudadanía y lamentamos los inconvenientes ocasionados. Para más información, por favor consulte nuestros canales oficiales”, indicó el Ministerio a través de un comunicado oficial.
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La situación se produjo en medio de una fuerte controversia por presuntas instrucciones desde el Gobierno para dilatar las citas de emisión de pasaportes. La falla técnica fue interpretada por algunos sectores como parte de un entramado más amplio, lo que llevó al recién designado jefe de gabinete, Alfredo Saade, a pronunciarse y lanzar una grave advertencia pública.
A través de su cuenta de X, Saade compartió el comunicado oficial de la Cancillería y expresó su preocupación por lo que considera una campaña de desprestigio en su contra. En un mensaje contundente, pidió la intervención del Ministerio Público:
“Pido a la Procuraduría General de la Nación adelantar las pesquisas necesaria para que la narrativa montada en mi contra no se ejecute. Todos alertas al posible sabotaje que pretenden hacer los que están llenos de avaricia”, escribió el funcionario.
La declaración se registró luego de que la ex canciller Laura Sarabia revelara, en una entrevista con la revista Cambio, que Saade habría dado instrucciones para retrasar las citas de expedición de pasaportes con el fin de “hacer rendir” el stock disponible.
“Cuando le pregunté por qué se había atrevido a dar tal instrucción, me contestó que demorarle las citas a la gente no tenía problema y que así el stock de pasaportes alcanzaba para más tiempo”, aseguró Sarabia.
Esta disputa ocurre en medio de la incertidumbre sobre la continuidad del suministro de pasaportes en Colombia. El Gobierno nacional ha insistido en que habrá un nuevo proveedor antes del 31 de agosto, fecha límite tras la decisión de no prorrogar el contrato con la firma Thomas Greg & Sons. Sin embargo, la propia Sarabia desmintió que exista un acuerdo firmado con una empresa portuguesa, como había asegurado Alfredo Saade previamente.
Procuraduría investiga a Alfredo Saade, Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo
El mismo miércoles cuando el jefe de Gabinete denunció presunto sabotaje, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra Luis Gilberto Murillo Urrutia y Laura Camila Sarabia Torres, en su condición de ministros de Relaciones Exteriores, y Alfredo Saade Vergel, jefe de despacho presidencial, por las presuntas irregularidades en que incurrieron para garantizar la elaboración y distribución de los pasaportes de los colombianos.
La Sala Disciplinaria de Instrucción del Ente de control, indicó que posiblemente, en el caso de Murillo y Sarabia no estructuraron de manera eficiente y oportuna el proceso durante el tiempo que cada uno ocupó la cartera ministerial, aunado al hecho de que en el caso de Murillo habría usado en forma indebida la figura de la declaratoria de urgencia manifiesta surtida en septiembre de 2024.
En el caso de Sarabia Torres, habría conocido en abril de 2025 que el cronograma propuesto era inviable para la implementación del nuevo modelo, con ocasión del proceso adelantado con la Casa de la Moneda de Portugal, así como la falta de capacidad operativa de la Imprenta Nacional.
El Ministerio Público señaló que en el caso de Saade, presuntamente se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, al haber impartido órdenes a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que racionalizaran la asignación de citas para la expedición de pasaportes.
Dentro de las pruebas que se ordenaron para el desarrollo de esta etapa procesal, se solicitó el apoyo técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, para que a través de inspección a la Imprenta Nacional, determine si tiene o no la capacidad técnica para asumir la impresión, personalización y distribución de los pasaportes.
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