A pesar de los múltiples cuestionamientos surgidos en el proceso de licitación, la Registraduría Nacional de Colombia se dispone a adjudicar este miércoles, a las 5 de la tarde, un contrato valorado en 2.1 billones de pesos a la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, en la que participa la empresa Thomas Greg & Sons.
La contratación abarca la organización logística de los comicios para los Consejos de Juventud, el Congreso y la Presidencia de la República en su primera vuelta, de acuerdo con el reporte de W Radio.
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Según informó el medio mencionado, trece empresas formalizaron su interés en el proceso inicial, pero nueve de ellas presentaron observaciones sobre las condiciones de la licitación, manifestando inquietudes que no recibieron respuesta efectiva.
Pese a la multiplicidad de propuestas, la Unión Temporal encabezada por Thomas Greg & Sons avanza como único oferente en carrera.
El medio señala que este hecho revive las discusiones que circularon en meses previos tras la adjudicación fallida del contrato de pasaportes, con la recurrente presencia de los mismos grupos empresariales.
El contrato detalla que la compañía seleccionada debe “contratar una solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios para la organización y realización de los procesos electorales a llevarse a cabo en los años 2025 y 2026, a los que se refiere el alcance del objeto, de conformidad con los requerimientos y especificaciones descritos en el Componente Técnico y demás documentos que integran el pliego de condiciones”.
En consecuencia, Thomas Greg & Sons asumiría funciones como la impresión de los tarjetones electorales, la distribución de los kits requeridos para las mesas de votación y la gestión del software de preconteo encargado de consolidar la información previa al escrutinio, además de otros aspectos logísticos.
El proceso licitatorio ha experimentado una falta de competencia efectiva, ya que únicamente un proponente logró cumplir los requisitos formales básicos, dejando fuera a otros interesados como el Grupo Cadena, entidad que también había participado en la polémica licitación de pasaportes.
En ese sentido, el Grupo Cadena presentó objeciones a los pliegos del proceso, advirtiendo acerca de la supuesta falta de experiencia de su competidor en contratos de características similares.
La preocupación de la firma se sintetizó en la cuestión planteada sobre la “falta de experiencia y profesionalismo” de la unión temporal seleccionada, según detalló la emisora. No obstante, su propuesta fue descartada y los representantes del grupo se manifestaron excluidos de la competencia.
El contrato conferirá a Thomas Greg & Sons la responsabilidad sobre aspectos críticos de la contienda electoral, incluyendo la impresión y distribución de todos los materiales necesarios para los comicios programados durante 2025 y 2026, así como la consolidación de datos mediante sistemas digitales previos al escrutinio final.
El papel de la Registraduría Nacional, como entidad responsable del proceso, también está bajo escrutinio tras haber desestimado observaciones de la mayoría de los postulantes en el proceso licitatorio.
Crisis en el Gobierno colombiano por contrato de pasaportes
La exministra de Relaciones Exteriores responsabilizó directamente al jefe de gabinete por la fractura interna, mientras el presidente Gustavo Petro denunció públicamente a la Procuraduría por obstaculizar la investigación de libre competencia sobre Thomas Greg & Sons.
En palabras del mandatario: “Este gobierno no está arrodillado a Thomas and Gregg, en cuya junta directiva hay expresidentes y excandidatos presidenciales. Absolutamente inmoral que candidatos de alta gama de la oligarquía, dirijan la empresa que hacen los cómputos. Enorme burla a la democracia”.
La controversia se intensificó cuando Petro utilizó su cuenta oficial de X para acusar a la Procuraduría de impedir la indagación sobre la empresa encargada de la expedición de pasaportes, sugiriendo que “viejas amistades políticas” interfieren en el cumplimiento de los deberes públicos.
El presidente subrayó que la facultad de proteger la libre competencia corresponde constitucionalmente al jefe de Estado y advirtió: “La procuraduría no está para atemorizar funcionarios en cumplimiento de su deber, sino para hacer cumplir la constitución”.
El conflicto institucional se agravó tras la renuncia de Sarabia, quien explicó a Cambio que su salida obedeció a un desacuerdo insalvable con Alfredo Saade, nuevo jefe de gabinete.
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