Oferentes que buscaban quedarse con contrato electoral cuestionaron requisitos: advirtieron que beneficiarían a uno de los interesados

El proceso de licitación para seleccionar a la empresa que se encargará de la “solución integral, logística, tecnológica, informática y de servicios para la organización y realización de las elecciones” de 2025 y 2026 tiene un único oferente: la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, integrada por varias empresas, entre ellas una que ya acapara los titulares de prensa, Thomas Greg & Sons. La compañía se encarga actualmente de la emisión de pasaportes en Colombia.

Los demás oferentes que mostraron su interés en la convocatoria dieron un paso al costado por múltiples razones, entre ellas, el hecho de que los requisitos habrían estado acoplados para que solo uno participante cumpliera con ellos.

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“Se observa que el requisito de experiencia exigido en el numeral 5.2.4.1 podría estar direccionado hacia un único oferente o restringir injustificadamente la participación de otros posibles interesados”, se lee en una carta revelada por Caracol Radio, correspondiente al oferente Servicios Postales Nacionales S.A.S.

Indicó, además, que no existe justificación técnica ni jurídica para exigir “cantidades tan detalladas”. Esto, limitaría la pluralidad de interesados en el proceso de licitación y en la adjudicación del contrato.

El oferente citó el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en la que se establece una regulación para garantizar la libre concurrencia de los interesados en este tipo de procesos de selección. En la normativa se indica que los requisitos habilitantes deben ser proporcionales, objetivos y razonables, para evitar que existan barreras de acceso al proceso.

En consecuencia, concluyó que, tras la revisión del pliego de condiciones y de otros documentos del proceso licitatorio, se podría estar vulnerando varios principios, entre ellos, el de la transparencia, la pluralidad y la selección objetiva.

Así también lo expresó la firma Cadena S.A., que cuestionó a la Registraduría Nacional del Estado Civil por afirmar que tanto Cadena, como otras firmas como Toppan Hogier, Quad Grafic Colombia y Linktic S.A.S., no estaban en condiciones de presentar una cotización para continuar en el “proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 03 de 2025 - Rnec”.

Según el oferente, la firma cuenta con todas las capacidades para cumplir con la responsabilidad de gestión en torno a las elecciones, pero el pliego de condiciones presentado por la Registraduría sería una limitante para permitir la participación de múltiples oferentes.

“Nuestra decisión no se basa en una falta de conocimiento o de capacidad técnica, ya que en numerosas ocasiones hemos respondido requerimientos similares, e incluso, hemos participado en procesos puntuales como subcontratistas y contratista; sino en un acto de coherencia con las múltiples comunicaciones que hemos enviado sobre la reiterada inclusión de condiciones que impiden la competencia abierta y plural”, indicó la firma en la carta enviada a la Registraduría, fechada el 5 de mayo de 2025.

El proceso de licitación que abrió la Cancillería en 2023 para elegir a la empresa que se encargaría del suministro y personalización de pasaportes en Colombia fue cuestionado por los oferentes, que hicieron varias observaciones sobre los requisitos que se establecían para la adjudicación del contrato.

De acuerdo con las firmas Accesos Holográficos y Cadena SA, IN Groupe, Idemia, Imprensa Nacional-Casa da Moeda (Incm), Veridos México y Smurfit Kappa, los requerimientos establecidos en el proceso licitatorio presentaban irregularidades. Estos, presuntamente, tendían a favorecer a Thomas Greg & Sons, la multinacional que hace parte de la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, que podría quedarse con el contrato para la logística de las elecciones.

El cuestionado proceso fue suspendido en junio de 2023, luego fue reanudado, pero finalmente se declaró desierto. Dos años después, Thomas Greg & Sons sigue encargada del suministro de los pasaportes y existe incertidumbre sobre el futuro de la prestación del servicio, que debería empezar a ser prestado por la Imprenta Nacional en septiembre de 2025.