La exministra de Relaciones Exteriores Laura Sarabia advirtió que la Imprenta Nacional no cuenta con la capacidad para asumir la producción de pasaportes, una tarea que deberá encargarse en poco tiempo, ya que en menos de dos meses se vence el contrato con Thomas Greg & Sons, vigente hasta el 31 de agosto de 2025.
Ante las afirmaciones de Laura Sarabia, el también excanciller Luis Gilberto Murillo, en una publicación de su cuenta en la red social X, se refirió al modelo que dejó diseñado para garantizar la continuidad en la expedición de pasaportes.
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Laura Sarabia, quien se retira de la Cancillería en un contexto especialmente complejo, frente a varios medios de comunicación advirtió que aún no se ha completado la etapa técnica necesaria para reemplazar al actual operador del servicio de pasaportes, un proceso que, según dijo, demanda una preparación específica que sigue pendiente.
“La trazabilidad de los documentos y lo que podemos decir es que hoy consideramos, desde la Cancillería, que la Imprenta no está lista y que necesita un tiempo de transición para que lleguen las máquinas, para el fortalecimiento de las capacidades”, dijo la saliente canciller.
En respuesta a las advertencias de Laura Sarabia, el exministro Luis Gilberto Murillo comentó que el modelo diseñado durante su gestión contemplaba una implementación gradual en la producción de pasaportes.
“El modelo de pasaportes que dejamos planteado no proponía que la Imprenta Nacional fabricara las libretas desde el primer día. La fabricación total estaba prevista para un plazo de hasta 10 años”, afirmó Murillo, al destacar que el plan buscaba una transición escalonada y sostenible.
Murillo explicó que el plan inicial no preveía una producción total inmediata por parte de la Imprenta Nacional, sino una participación limitada a la personalización de los pasaportes, es decir, la impresión de los datos del ciudadano y la entrega del documento terminado.
El excanciller añadió que las libretas eran fabricadas por un proveedor portugués, que además ofrecía apoyo técnico y transferencia de conocimientos. Según indicó, esta fase comenzó a aplicarse desde octubre de 2024.
“En la primera etapa, la Imprenta Nacional solo se encargaba de personalizar las libretas: imprimir los datos del ciudadano y entregar el pasaporte listo. Portugal fabricaba las libretas, y también brindaba acompañamiento técnico, tecnológico y generación de capacidades. Esta actividad comenzó a implementarse desde octubre de 2024”, explicó el exfuncionario en su publicación.
Murillo también destacó que uno de los avances clave del modelo fue la protección de la información de los ciudadanos, al quedar bajo control exclusivo del Estado: “La Cancillería asumió el control total de los datos personales y biométricos, como corresponde tratándose de información tan sensible”.
El excanciller señaló que el modelo contemplaba una estrategia de largo aliento para que la producción de pasaportes quedara plenamente en manos del Estado. Explicó que, con el acompañamiento técnico de Portugal, la Imprenta Nacional debía fortalecer gradualmente su capacidad operativa hasta asumir por completo la fabricación de las libretas en el país. Al término de este proceso, toda la infraestructura sería entregada a Colombia.
“A mediano y largo plazo, el plan era que la Imprenta Nacional fortaleciera sus capacidades para fabricar completamente las libretas en Colombia, con apoyo técnico y transferencia de tecnología de Portugal. Al finalizar ese proceso, la planta y toda la infraestructura sería donada a Colombia”, concluyó Murillo.
Aunque el debate por la expedición de pasaportes lleva tiempo en la agenda pública, cobró mayor fuerza luego de que el Gobierno optara por no continuar con Thomas Greg & Sons, la firma que ha gestionado este servicio desde 2007. La controversia se agravó tras la licitación fallida de 2023, cuando varias empresas se retiraron al considerar que los requisitos establecidos beneficiaban de forma desproporcionada al contratista histórico.
Tras quedar sin oferentes el proceso de licitación, el Gobierno optó por declarar la figura de urgencia manifiesta, lo que permitió que Thomas Greg & Sons continuara prestando el servicio de pasaportes. Sin embargo, esta medida tuvo consecuencias políticas: la Procuraduría sancionó disciplinariamente al entonces canciller Álvaro Leyva, quien fue suspendido del cargo.
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