Mientras el país sigue a la expectativa por el juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno a testigos, de forma paralela se adelanta la audiencia contra el abogado Diego Cadena, acusado por los mismos delitos.
De hecho, en la tarde del jueves 8 de julio, La Fiscalía General de la Nación solicitó la condena de los abogados Diego Javier Cadena Ramírez y Juan José Salazar Cruz por presuntamente buscar y presionar a testigos para que se retractaran en declaraciones que perjudicaban al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
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De acuerdo con el ente acusador, la solicitud se fundamenta en pruebas documentales, grabaciones y testimonios que apuntan a la existencia de pagos y ofrecimientos de beneficios jurídicos a exparamilitares con el objetivo de modificar sus versiones ante la justicia.
En la audiencia celebrada ante el juzgado tercero de conocimiento, el fiscal delegado Daniel Hernández afirmó que existen elementos probatorios suficientes para inferir la responsabilidad penal de ambos juristas en los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Según reportó la Fiscalía, Diego Cadena fue señalado por ofrecer honorarios legales y sumas de dinero a cambio de que varios exparamilitares cambiaran sus testimonios, con el objetivo de favorecer los intereses judiciales del expresidente Uribe.
Uno de los casos expuestos por la Fiscalía involucra a Carlos Enrique Vélez, conocido como alias ‘Víctor’, quien declaró que en 2017 Cadena lo visitó en la cárcel de Palmira, Valle del Cauca, y le ofreció doscientos millones de pesos (alrededor de 48.700 dólares) y asesoría legal para que modificara su versión.
Vélez y sus familiares narraron que, en realidad, recibieron pagos menores, que sumaron un total de 36 millones de pesos, tanto en inmediaciones del centro penitenciario como en entregas posteriores.
Pese a no recibir el monto íntegro, Vélez envió dos cartas a la Corte Suprema de Justicia retractándose parcialmente de sus afirmaciones, según detalló el fiscal Hernández en la audiencia.
“Días después, un emisario de la oficina de Diego Cadena se contactó con otro familiar de alias Víctor para entregaron otros diez millones de pesos”, señaló el fiscal.
El caso de Juan Guillermo Monsalve, considerado testigo clave contra Uribe y su hermano Santiago Uribe, fue otro de los ejes del alegato de cierre de la Fiscalía.
Monsalve afirmó que en febrero de 2018 fue visitado por Cadena en la cárcel La Picota de Bogotá. Durante este encuentro, Cadena le habría pedido firmar una retractación que sería remitida a la Corte Suprema, ofreciéndole asesoría jurídica, la gestión de una acción de revisión de su condena por secuestro extorsivo, y trámites para su incorporación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El relato de Monsalve estuvo acompañado por grabaciones tomadas con relojes espía, en las que se registraron los ofrecimientos y la presencia del colaborador Enrique Pardo Hasche en las reuniones.
Según publicó la Fiscalía, en las grabaciones no se perciben objeciones por parte de Cadena ante los ofrecimientos de Pardo Hasche y, por el contrario, se documentan varias visitas consecutivas de Cadena a la cárcel en busca de la retractación de Monsalve.
De igual forma, la Fiscalía relató que Cadena también ejerció presión sobre Deyanira Gómez—esposa de Monsalve—en un encuentro grabado en un establecimiento del centro de Bogotá, ofreciéndole beneficios a cambio de una retractación destinada a la Corte Suprema.
“No aceptaba las manifestaciones de Deyanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve (...) Decía que lo había escuchado llorar y que estaba arrepentido. En ninguna prueba se escucha a Monsalve llorar”, continuó el representante de la Fiscalía.
Frente a las imputaciones, la defensa de Diego Cadena negó los señalamientos y argumentó que el abogado se limitó a escuchar los planteamientos de los testigos y que los pagos entregados a alias ‘Víctor’ se trataron de “ayudas humanitarias”, justificando la condición de salud del hijo del exparamilitar.
No obstante, las pruebas técnicas, documentales y múltiples testimonios recabados por el ente investigador sostienen que los pagos y las presiones responderían a una estrategia para incidir en declaraciones clave del proceso.
La Fiscalía concluyó que tanto Diego Cadena como Juan José Salazar ejercieron sistemáticamente influencias, promesas de ventajas y pagos a exparamilitares y sus allegados para obtener retractaciones que beneficiaran al expresidente Uribe.
Como resultado de la investigación, la solicitud de sentido de fallo condenatorio implica que, de prosperar la acusación, los dos abogados podrían enfrentar penas superiores a siete años de prisión.
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