Seis excomandantes del último Secretariado de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad colectiva en el reclutamiento forzado de más de 18.000 niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado.
En una carta formal entregada este lunes a la JEP, los exjefes guerrilleros calificaron esta práctica como “un hecho injustificable que marcó de manera irreversible la vida de quienes fueron involucrados” y expresaron su compromiso con la verdad, la reparación y la no repetición.
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El documento, firmado por Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel Redondo (alias Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo y Jaime Alberto Parra, responde al Auto 005 de 2024, emitido en el marco del Macrocaso 07 que investiga el reclutamiento y utilización de menores por parte de la extinta guerrilla.
En noviembre pasado, la JEP imputó a estos seis exjefes como “máximos responsables” de esta conducta, señalándolos también por crímenes conexos como malos tratos, tortura, violencia sexual y homicidios.
“Reconocemos con profundo dolor que el reclutamiento y empleo de niñas, niños y adolescentes fue una herida colectiva que dejó cicatrices hondas en el tejido social”, se lee en la carta.
Si bien los comparecientes contextualizaron estos hechos dentro de una guerra prolongada, marcada por el abandono estatal y la desigualdad estructural, afirmaron que esto no exime la gravedad de los daños causados ni el sufrimiento generado.
Según el informe judicial de la JEP, entre 1996 y 2006 se reclutaron al menos 18.677 menores de edad en las filas de las Farc. Muchos de ellos fueron víctimas de violencia sexual, esclavitud, uniones forzadas y actos de tortura.
“Los niños reclutados perdieron la esencia de su niñez y fueron despojados de la posibilidad de forjar su propia identidad”, señaló la Sala de Reconocimiento de Verdad.
En su respuesta, los excomandantes insistieron en que su participación activa en el sistema de justicia transicional no se limita al reconocimiento formal, sino que busca aportar al esclarecimiento pleno de los hechos.
A través de un proceso de contrastación y en coordinación con su equipo jurídico, afirmaron que han asumido con rigor el deber de contribuir a una verdad judicial útil, reparadora y restaurativa.
La JEP ya había determinado que los seis exjefes participaron en las Conferencias Nacionales Guerrilleras que definieron políticas estratégicas del grupo armado, incluyendo las relacionadas con el reclutamiento de menores.
Como integrantes del último Secretariado, tenían responsabilidad sobre la implementación de estas políticas y omitieron adoptar medidas para prevenir o sancionar estas violaciones.
Los firmantes también solicitaron a la JEP que se unifiquen las resoluciones de conclusiones del Macrocaso 01 —relacionado con secuestros— y el Caso 07, como mecanismo para garantizar una justicia coherente y brindar seguridad jurídica a los firmantes del Acuerdo de Paz.
En su comunicación, argumentan que esa integración permitiría decisiones claras, consistentes y más eficaces para los derechos de las víctimas.
Entre las acciones mencionadas como parte de su aporte a la reparación están su participación en procesos de memoria histórica, como los desarrollados en el Club El Nogal —donde la extinta guerrilla perpetró un atentado en 2003—, el apoyo al desminado humanitario, iniciativas para la búsqueda de desaparecidos y la presentación de propuestas legislativas a favor de víctimas y poblaciones históricamente excluidas.
También destacaron su colaboración con Revipaz, una organización que agrupa a víctimas de secuestro.
El reconocimiento de responsabilidad llega en un momento clave para la JEP, que deberá decidir en los próximos meses si acepta esta contribución como suficiente para avanzar hacia la resolución de conclusiones, paso previo a una eventual sanción restaurativa.
La aceptación de responsabilidad colectiva también será valorada frente a los testimonios de las víctimas y los informes de contrastación que la Jurisdicción ha venido consolidando.
“Este pasado nos interpela, sus consecuencias aún resuenan en el presente del país”, declararon los excomandantes, reafirmando su disposición a contribuir con la paz y la reconciliación.
Aseguraron que sus observaciones al proceso judicial no buscan diluir responsabilidades individuales, sino fortalecer el camino colectivo hacia una justicia restaurativa, tal como lo contempla el Acuerdo Final de Paz firmado en 2016.
La JEP analizará en los próximos días el contenido de esta respuesta y definirá los pasos a seguir en el Macrocaso 07, considerado uno de los más sensibles dentro del sistema de justicia transicional, por tratarse de crímenes cometidos contra menores de edad en el contexto del conflicto armado.
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