La voz de las Madres de Falsos Positivos de Colombia resonó con fuerza en las redes sociales tras las declaraciones del exmandatario Álvaro Uribe Vélez en su audiencia judicial.
“Daño moral el que le causó a más de 6.402 familias cuando dijo que nuestros hijos no estarían recogiendo café, que habían ido a delinquir”, expresaron desde su cuenta oficial de X.
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La frase, dirigida directamente al expresidente, pone en el centro del debate la memoria de las víctimas y la dignidad de quienes han exigido justicia durante años en uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Colombia y surge luego de las declaraciones de Uribe Vélez en su audiencia.
El lunes 7 de julio de 2025, Álvaro Uribe Vélez compareció ante la justicia para presentar su alegato final en el proceso penal que enfrenta por presuntos delitos de fraude procesal, soborno de testigos y soborno en actuación judicial.
El exmandatario, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, se refirió a las acusaciones en su contra y, en un giro que ha generado controversia, señaló al senador Iván Cepeda como responsable de presunta manipulación de testigos y fraude procesal.
Precisamente, en este contexto Uribe sostuvo que “me causaron un daño moral. Mi interés es defender también la reputación de mi familia. Me afectaron electoralmente y en opinión pública. Basta con mirar la fecha del inhibitorio al senador Cepeda y la cercanía con las elecciones de 2018”.
En su alegato, Uribe Vélez también se refirió a las insinuaciones de Cepeda sobre supuestos intereses personales en la extradición de jefes paramilitares durante su gobierno.
“El senador Cepeda sugirió que mi gobierno, esto sí que es importante, señora juez, nuestra auditora, Rodrigo Pérez Álzate, y Julián Bolívar, ni a Freddy Rendón Herrera, el Alemán, y dio a entender que era por intereses personales míos. Señores que no conozco, que no me conocen. Paramilitarismo que desmonté como presidente”, afirmó el exmandatario.
Con estas palabras, Uribe buscó distanciarse de cualquier vínculo con los líderes paramilitares extraditados y defendió la legalidad de sus decisiones como jefe de Estado.
JEP investiga a exdefensora pública por presunto plan para asesinar testigo en caso de falsos positivos
“Voy a poner una denuncia penal porque no tengo ni idea de qué está hablando ese señor. ¿Usted cree que uno es tan bruto para hacer una cosa de esas? Señor Jesús. Es más, yo puedo reunir a todo el mundo, que yo haya llevado procesos del mayor Blanco, y le dirán yo como me portaba. Eso jamás sucedió”, afirmó Irma Yasmith Suárez Mariño en diálogo con la revista Cambio, negando de forma categórica las acusaciones que la vinculan con un presunto plan para asesinar a un testigo clave en el caso de los llamados falsos positivos.
La abogada, quien ejerció como defensora pública adscrita a la Defensoría del Pueblo hasta diciembre de 2021, enfrenta ahora una investigación formal por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras la denuncia presentada por el sargento Alexander Muñoz Orozco.
La JEP resolvió compulsar copias a la Comisión de Disciplina Judicial y a la Fiscalía General de la Nación para que se indague la conducta de Suárez Mariño, luego de que el testimonio de Muñoz, ofrecido en octubre de 2020, detallara una serie de hechos que comprometerían la ética y legalidad de la defensa ejercida por la abogada.
El auto que formaliza esta decisión lleva fecha del 27 de junio de 2025, según información a la que accedió Cambio, y la remisión a la Fiscalía se realizó el 2 de julio del mismo año.
El relato de Muñoz ante la JEP describe cómo, en 2014, mientras se encontraba privado de la libertad tras entregarse voluntariamente a la justicia, la abogada asignada para su defensa ,a quien identificó como “Jazmín”, le habría sugerido asesinar a su compañero de batallón, Mauricio Londoño Ardila, quien había decidido colaborar con la justicia especial y denunciar públicamente la existencia de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Batallón La Popa de Valledupar entre 2000 y 2008.
- “¿Sabe qué toca hacer, Muñoz? Toca callar a Londoño"
- “¿Cómo así, doctora? ¿Callar a Londoño? Pero Londoño ya dijo la verdad.“
- " No, a Londoño toca matarlo”.
se lee en una de las confesiones del sargento ante la JEP, citada por Cambio. El militar aseguró que la abogada no solo lo presionaba para silenciar a posibles delatores, sino que también le exigía pagos sin entregarle documentación ni avances concretos sobre su proceso judicial.
Según Muñoz, llegó a pagar 60 millones de pesos tras vender su vivienda para costear la representación legal, y posteriormente abonó otros 13 millones de pesos supuestamente para “callar gente”
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