Una ruptura sentimental cambia muchas cosas. Pero, cuando hay hijos de por medio, más allá de las emociones, hay compromisos legales que no pueden aplazarse. Uno de los más importantes, y tal vez el más sensible, es la cuota alimentaria, esa obligación que busca garantizar el bienestar integral de los menores tras la separación de sus padres.
En Colombia, la legislación es clara, esta contribución no es opcional y está diseñada para asegurar que los niños y adolescentes reciban todo lo que necesitan para crecer en condiciones dignas, aun si sus padres ya no comparten un hogar.
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Aunque muchos imaginan que se trata solo de alimentación, en realidad la cuota cubre un espectro más amplio, gastos de salud, educación, vivienda, vestuario y recreación. Es decir, todo lo esencial para el desarrollo físico, emocional e intelectual del menor.
En el país existen tres formas legales para fijar esta obligación. La más pacífica, y quizás la menos desgastante, es cuando ambos padres logran un acuerdo mutuo, que luego se valida en una notaría o centro de conciliación. Si no hay consenso, pueden acudir a una conciliación formal en una comisaría de familia, una personería o una defensoría del pueblo.
Pero, cuando ninguno de estos mecanismos funciona, la decisión recae en un juez de familia. El magistrado revisará las pruebas económicas que cada parte aporte y establecerá el monto con base en la capacidad de pago y las necesidades del menor.
Con el salario mínimo mensual legal vigente (Smmlv) en $1.423.500 para 2025, la ley establece un límite máximo para este tipo de cuotas. “Ningún padre está obligado a pagar más del 50% del salario mínimo por hijo”, lo que se traduce en un tope de $711.750, salvo que exista un acuerdo diferente o una orden judicial que modifique esa cifra. Este valor, no obstante, puede ajustarse según el número de hijos, el nivel de ingresos y otros factores económicos que demuestren los implicados.
La solicitud puede presentarla el padre o madre que tenga la custodia del menor. También puede hacerlo el propio menor, representado por un abogado o por un defensor de familia. Incluso las autoridades, de oficio, pueden activar el proceso si detectan abandono, negligencia o algún tipo de vulneración de derechos.
El incumplimiento de esta obligación no solo afecta al menor; también expone al deudor a consecuencias legales severas. Entre ellas, embargos sobre salario o cuentas bancarias, reportes negativos en centrales de riesgo como Datacrédito, restricción para salir del país, e incluso la pérdida de la patria potestad en casos extremos.
Además, se puede iniciar un proceso penal por inasistencia alimentaria. Este delito, contemplado en el artículo 233 del Código Penal, contempla penas de prisión que van desde 1 hasta 3 años, dependiendo de la gravedad, la reincidencia y el impacto causado al menor afectado.
Las circunstancias cambian y la ley lo contempla. Si alguno de los padres pierde su empleo, ve reducido su ingreso o, por el contrario, mejora sus condiciones económicas, puede solicitar una modificación del valor inicialmente pactado. Este trámite debe hacerse ante la misma autoridad que fijó la cuota, ya sea un juez, un conciliador o una comisaría.
¿Hasta cuándo se debe pagar?
Por lo general, la cuota alimentaria se mantiene vigente hasta que el hijo o hija cumple los 18 años, momento en el que legalmente se alcanza la mayoría de edad. No obstante, esta obligación puede extenderse hasta los 25 años si la persona beneficiaria se encuentra estudiando de manera continua y depende económicamente del padre o madre que realiza el aporte.
Para que esto ocurra, es necesario acreditar la condición de estudiante mediante certificados de matrícula y asistencia expedidos por la institución educativa correspondiente. Además, se debe demostrar que el joven no cuenta con ingresos propios suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Esta extensión busca garantizar el derecho a la educación y a una vida digna durante la juventud.
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