Petro llamó “viejos hidalgos españoles” a Álvaro Leyva y a Marta Lucía Ramírez: “Nunca creyeron en el voto popular”

El presidente Gustavo Petro dirigió señalamientos directos contra dos figuras de la política nacional: el excanciller Álvaro Leyva Durán y la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, luego de que se conocieran hechos que apuntarían a una posible estrategia para deslegitimar al actual Gobierno ante instancias internacionales, especialmente ante actores clave en los Estados Unidos.

El detonante de esta nueva controversia fue la publicación del diario El País de España, que divulgó unos audios atribuidos a Álvaro Leyva, en los que se le escucha supuestamente manteniendo una conversación con un congresista estadounidense. En dicho diálogo se alude a un plan en el que se estaría discutiendo la conveniencia de la permanencia del presidente Petro en el cargo y su relación con la diplomacia norteamericana.

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A esto se sumó otro elemento que elevó la temperatura política y fue una carta fechada el 3 de julio de 2025, en la que se expresa una profunda preocupación por la supuesta degradación de las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, dirigida por Marta Lucia Ramírez; el documento fue enviado desde Bogotá y dirigido al senador estadounidense Marco Rubio.

En su contenido, los firmantes advertían que la reciente decisión del gobierno colombiano de llamar a consultas al embajador John McNamara podría desembocar en una fractura diplomática de gran envergadura.

“El llamado a consultas del embajador ha sido interpretado como un signo de alta tensión y dificultad en la relación bilateral entre nuestros países, que podría, en un escenario extremo, derivar en la ruptura de relaciones diplomáticas”, se lee en el documento, que fue ampliamente difundido antes de ser eliminado. Lo que más llamó la atención no fue solo el tono del mensaje, sino las dudas que surgieron posteriormente sobre la legitimidad de las firmas que aparecían al pie del texto.

Al menos tres de las personas mencionadas como firmantes negaron haber autorizado el uso de su nombre, e incluso aseguraron no haber conocido previamente el contenido de la carta. La situación generó un efecto dominó que terminó en la eliminación del comunicado original de los canales públicos donde fue difundido, lo cual dio paso a cuestionamientos sobre la autoría y la intención de fondo que motivó su divulgación.

Frente a estos acontecimientos, el presidente Petro recurrió a su cuenta oficial de X para emitir una dura crítica que incluyó una referencia histórica con marcada carga simbólica.

En su publicación, junto a una fotografía en la que aparecen Leyva y Ramírez, escribió: “El tiempo de los viejos hidalgos españoles terminó, los que decidían que negro era bueno y quien no, a todos los convertían esclavos, quienes determinaban qué Presidente debía morir o vivir, nunca creyeron en el voto popular, los que siempre estaban al acecho del erario público”.

Este mensaje fue interpretado como una respuesta directa al intento de presentar su administración como enemiga de los intereses estadounidenses y como una forma de reivindicar su legitimidad política frente a sectores que, según él, no aceptan el mandato popular.

Además de este mensaje, el presidente acompañó este post, con otro como respuesta en el que vinculó directamente la polémica por el contrato de pasaportes con presuntas irregularidades dentro de la Cancillería y la empresa Thomas Greg & Sons.

Petro aseguró que “Thomas and Greg decidió ganarse el contrato con trampa a través de un pliego de condiciones sastre, que funcionarios corruptos de Cancillería permitieron”. Según el mandatario, esto habría motivado un cambio en el comportamiento de Álvaro Leyva, que inicialmente había sido propuesto para el cargo por el propio presidente: “Lo que explica el nuevo comportamiento del hidalgo (...) fue el contrato de pasaportes”.

El jefe de Estado también afirmó que “siempre funcionarios corruptos de cancillería han tratado de burlarse del presidente para imponer los intereses particulares de Thomas and Gregg (sic)” y señaló que la empresa “concentra peligrosamente los datos (...) en particular los datos electorales”.

Finalmente, pidió acción inmediata por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y advirtió que “los datos de los colombianos no deben ser monopolizados por una empresa privada”, por considerarlo un riesgo para la privacidad y la transparencia electoral.