Roy Barreras, exembajador en el Reino Unido y expresidente del Congreso, presentó una demanda por presunta calumnia y hostigamiento contra el senador de la Alianza Verde Jota Pe Hernández, que lo señaló de haber entregado $8.000 millones a un amigo mediante una empresa fachada para prestar servicios de producción al canal del Congreso en 2023.
Según Barreras, que para ese año era el presidente del Senado, Jota Pe afectó su “buen nombre y honra”, ya que las denuncias del senador eran “contrarios a la verdad”.
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La denuncia de Barreras fue interpuesta en abril de 2023, en la que se declaró víctima de afectaciones a su honra y buen nombre, luego de que el senador de la Alianza Verde publicara un video titulado “¡Atención! Nueva olla podrida en el Congreso - Roy Barreras respóndale a Colombia”.
El video aludía a posibles anomalías en la gestión contractual del Canal Congreso, atribuyéndolas a Roy Barreras, a integrantes de su entorno político y a su partido, La Fuerza de la Paz.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia falló en contra del exembajador, al concluir que las expresiones de Jota Pe no fueron difundidas con el objetivo de dañar la integridad moral del denunciante.
“La publicación reproduce hechos que actualmente son objeto de investigación por esta Corte”, se lee en el fallo revelado por Semana.
Según el alto tribunal, la publicación de Jota Pe se basó en una denuncia previa respaldada por documentos, los cuales aún están siendo evaluados en un proceso en curso contra Roy Barreras.
El fallo de la Corte Suprema, divulgado por Semana, señaló que la libertad de expresión ampara las manifestaciones de crítica política.
La Corte Suprema de Justicia concluyó que no se cumplían los requisitos para tipificar penalmente los hechos y dispuso el archivo del proceso contra Hernández. No obstante, dejó abierta la opción de reactivar el caso, si surjen nuevas evidencias.
Denuncia de Luis Carlos Reyes
Roy Barreras no solo se enfrenta a Jota Pe Hernández ante los tribunales, sino también al exministro de Comercio y exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes.
El exfuncionario denunció que Jerlin Arley Campo Angulo, a quien rechazó para un cargo por ser supuestamente recomendado por el entonces embajador en el Reino Unido, Roy Barreras, aparece actualmente como director de Impuestos y Aduanas en Buenaventura.
Según Reyes, la hoja de vida de Campo fue hallada durante un allanamiento a la residencia de alias Papá Pitufo, señalado de liderar una red de contrabando.
La afirmación, divulgada en redes sociales, reactivó una disputa judicial entre Reyes y Barreras. El abogado de este último, Mauricio Pava, respondió acusando a Reyes de falso testimonio. Negó que Barreras haya ejercido presiones para favorecer nombramientos en la Dian y afirmó que su defendido no tiene vínculos con las personas investigadas por supuestos cupos burocráticos.
Como parte de su defensa, Pava informó que presentará a la Corte Suprema informes elaborados por investigadores independientes, tras revisar más de 15 horas de sesiones en las que Barreras presidió el Senado. Aseguró que no existen evidencias del trato indebido que Reyes le atribuye.
El abogado también sugirió que las acusaciones del exdirector de la Dian podrían tener un trasfondo: desviar la atención sobre decisiones adoptadas durante su propia gestión, como la designación de funcionarios que hoy son investigados por delitos como contrabando, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
El caso forma parte de una investigación más amplia sobre la infiltración de redes criminales en entidades estatales encargadas del control aduanero. Reyes, en su momento, entregó a la Fiscalía un listado con 48 nombres de figuras públicas que habrían solicitado cargos en la entidad, entre ellos el de Barreras.
La Corte Suprema deberá determinar si hubo tráfico de influencias, un delito que no exige que las recomendaciones surtan efecto, sino que se haya intentado utilizar el poder político en beneficio de terceros.
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