El testimonio de Daysuris Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro Burgos, sobre la compra de un inmueble en Villa Campestre, un barrio en Barranquilla, es una de las pruebas clave en la investigación disciplinaria contra Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro.
Según los avances de la Procuraduría, tras las declaraciones de Vásquez, afirmó: “Alcanzamos a entregar el 60 por ciento del valor de la casa. Entregamos 793 millones de pesos”, en referencia a una propiedad de 1.650 millones de pesos.
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La Procuraduría General de la Nación está próxima a formular cargos disciplinarios contra Nicolás Petro Burgos por un presunto incremento injustificado de su patrimonio en cerca de 1.200 millones de pesos durante 2022.
El proceso se inició el 2 de marzo de 2023, tras denuncias sobre transferencias de dinero provenientes de fuentes irregulares, entre ellas el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, contratistas de los Llanos y Gabriel Hilsaca, hijo del empresario Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca.
La investigación recoge pruebas testimoniales, documentales y periciales que apuntan a que el aumento patrimonial de Petro no corresponde con sus ingresos como diputado del Atlántico.
Según el expediente citado por el medio mencionado, Petro Burgos justificó ingresos netos por $219.925.000 en el periodo analizado, mientras su patrimonio aumentó en $1.189.732.000 y reportó gastos por más de $1.400 millones. “A pesar de que no tuvo otra actividad económica”, reseña el informe.
El abogado defensor del sindicado, Alejandro Carranza, cuestionó estos hallazgos: “Eso es imposible. Nicolás tiene pasivos, no activos, así que el incremento está mal calculado. No se puede hablar de incremento patrimonial, sino de decremento, pues Daysuris del Carmen se quedó con dinero que no he logrado que le entregue a la Fiscalía”. Sobre los 400 millones aportados por Hilsaca, reconoció que no ingresaron a la campaña presidencial y que Petro aún tiene una deuda con él.
El expediente incluye el testimonio de Antonio Eduardo Varela Heinicke, quien indicó que Petro y Vásquez tomaron en arriendo el inmueble y luego intentaron adquirirlo a través de un tercero: “Dieron como cuota inicial la suma de 675.250.000 pesos, de los 1.650.000.000 que costaba el inmueble”. Varela entregó documentación de las transacciones, mientras que César Vásquez Buendía, tío de Day Vásquez, confirmó los hechos.
Otros testigos, como Tulia Inés Cifuentes, corredora inmobiliaria, y María Esperanza Agudelo, representante de los intereses de la pareja, también figuran en la investigación. Además, Gabriel Hilsaca declaró ante la Procuraduría que entregó 400 millones de pesos con destino a la campaña presidencial, pero el dinero terminó en manos de Nicolás Petro.
La Procuraduría también se apoyó en peritajes digitales obtenidos tras la extracción de datos del teléfono de Vásquez, incluyendo conversaciones por WhatsApp con Petro Burgos y otros implicados. Estos mensajes fueron claves para avanzar en la investigación, junto con estudios patrimoniales practicados a ambos.
Una declaración juramentada de Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol y exgerente de campaña presidencial, también fue incorporada.
Según el documento presentado ante el Consejo Nacional Electoral y citado por Semana, Roa afirmó: “La plata que recogió terminó en sus bolsillos”, refiriéndose a Nicolás Petro, y aseguró que no realizó aportes a la campaña de su padre.
En entrevista con el mencionado medio, Daysuris Vásquez mencionó a Máximo Noriega, exaspirante a la gobernación del Atlántico, como pieza clave en la canalización de recursos: “Todo se hizo a través de Máximo. La plata que entregaban se la entregaban a Máximo. Todo fue a través de Máximo”, según cita los testimonios recogidos por el medio mencionado.
Según la Procuraduría, la defensa de Nicolás Petro Burgos no ha desacreditado las pruebas recaudadas. El expediente detalla movimientos bancarios difíciles de justificar y advierte sobre maniobras para ocultar el origen del dinero, como usar a un tercero para figurar como propietario del inmueble, lo que puede constituir un indicio de lavado de activos o enriquecimiento ilícito.
Aunque la etapa penal cerró el 7 de junio de 2024, el proceso disciplinario continúa.
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