La Contraloría General de la República presentó el más reciente informe financiero sobre la situación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), con corte al 31 de diciembre de 2024.
El documento señala una “profunda crisis estructural que compromete la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, derivada en gran parte del crecimiento de la deuda de las EPS y del reiterado incumplimiento de los requisitos financieros mínimos establecidos por la norma.
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El informe detalla que la deuda acumulada de las EPS alcanzó los $32,9 billones, lo que evidencia un problema de insostenibilidad financiera generalizado.
De las 29 EPS activas, solo seis cumplen con los tres indicadores requeridos para la habilitación financiera: capital mínimo, patrimonio adecuado y la inversión en reservas técnicas exigida por la regulación.
Estas seis compañías, sin embargo, solo cubren un 10,92% de la población afiliada al sistema. El resto de los usuarios está vinculado a EPS que incumplen uno o más de estos requisitos, lo que agrava los riesgos para la atención y garantía de los usuarios.
Según la Contraloría, 15 EPS no cumplen con el capital mínimo, 14 presentan deficiencias en el patrimonio adecuado y 22 no invierten adecuadamente sus reservas técnicas.
La entidad advirtió que 16 EPS presentan problemas de liquidez, lo que limita su capacidad de responder a sus obligaciones inmediatas y genera retrasos en los pagos a proveedores, hospitales y operadores farmacéuticos.
El informe tambien subraya el deterioro del sistema a lo largo de las últimas décadas. Desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se autorizaron 157 EPS, pero actualmente solo permanecen en operación 29.
La contraloría indicó que las múltiples liquidaciones han sobrecargado a las EPS que continúan prestando servicios, forzándolas a asumir millones de afiliados sin que exista capacidad operativa ni financiera suficiente para ello.
En el ámbito de las obligaciones con proveedores farmacéuticos, el documento resalta que las EPS mantienen deudas por $2,8 billones, pese a que en 2024 el sistema pagó cerca del 90% de la facturación (equivalente a $13,3 billones de un total de $14,7 billones).
Esta situación ha repercutido directamente en la entrega oportuna de medicamentos a los usuarios y se ha convertido en el principal motivo de peticiones, quejas y reclamos (PQR) ante el sistema de salud.
El caso de la Nueva EPS es especialmente llamativo, ya que, a pesar de contar con más de 11,5 millones de afiliados, no ha presentado estados financieros certificados desde 2023 y reporta un patrimonio negativo. Esta EPS maneja una parte significativa de la población afiliada y concentra el 22% de las quejas y reclamos presentados en el sector.
Por su parte, EPS como Sura, Emssanar y Aliansalud reportaron utilidades operativas y netas por $198.745 millones. Según certificaciones oficiales, estos recursos se reinvirtieron en reservas legales y en la cobertura de pérdidas acumuladas, como lo exige la normativa vigente.
El informe también aborda los gastos administrativos de las EPS. La ley permite un margen máximo de 8% para el régimen subsidiado y de 10% para el contributivo. Durante 2024, 27 EPS reportaron valores comprendidos entre el 4% y el 8%.
La Contraloría llamó la atención sobre la ausencia de lineamientos técnicos por parte del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud para el cálculo y control de estos gastos, lo que dificulta la vigilancia y la gestión eficiente de los recursos..
En cuanto al comportamiento financiero, la siniestralidad —relación entre los costos en salud y los ingresos por Unidad de Pago por Capitación (UPC)— promedió un 110,1% durante el último año. Esto significa que, en general, las EPS han gastado más de lo que han recibido por cada afiliado. Cajacopi Atlántico reportó la menor siniestralidad (87%), mientras que Ferrocarriles Nacionales alcanzó la cifra más alta (131%).
El entorno descrito ha tenido consecuencias directas en los usuarios. Las peticiones, quejas y reclamos aumentaron un 23,2%: el sistema pasó de tramitar 1,3 millones de PQR en 2023 a más de 1,6 millones en 2024. Las dificultades de acceso a servicios y tecnologías de salud continúan siendo el principal motivo de insatisfacción.
En el ámbito judicial, durante 2024 se presentaron 175.025 tutelas por servicios incluidos en el Plan de Beneficios, lo que representa un aumento del 35% frente al año anterior. La judicialización del acceso a la salud evidencia fallas estructurales para satisfacer oportunamente las necesidades de los afiliados.
Finalmente, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez advirtió que la situación obliga a tomar medidas de fondo. “No se trata solo de cifras. Se trata de camas, tratamientos, diagnósticos y vidas que están en riesgo, si no se toman decisiones estructurales y urgentes”, afirmó.
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