Ejército destruyó 59 artefactos explosivos en Caquetá que ponían en riesgo la vida de poblaciones campesinas

El Ejército Nacional confirmó la destrucción de varios artefactos explosivos improvisados en la zona, que ha devuelto la esperanza y tranquilidad a las familias campesinas en el departamento de Caquetá.

En medio del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas de la Décima Segunda Brigada adscrita a la Sexta División del Ejército Nacional localizaron y desmantelaron dos depósitos ilegales que almacenaban los 59 artefactos en el corregimiento de Santana Ramos, específicamente en las veredas La Victoria y La Herradura.

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Cada unidad contenía 300 gramos de pentolita y mecanismos de activación por cable, presión y tensión, con jeringas adaptadas como mecanismos de activación. Los explosivos, camuflados estratégicamente en zonas de difícil acceso, representaban un riesgo latente tanto para campesinos como para uniformados.

La operación fue producto de labores de inteligencia militar que permitieron identificar la ubicación exacta de los explosivos. Personal antiexplosivo del Batallón Especial Energético y Vial N.º 19, grupo especializado EXDE, ejecutó la destrucción controlada del material, evitando daños colaterales en viviendas y preservando el entorno natural.

Las autoridades militares atribuyeron estos artefactos a la Estructura Iván Díaz del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción disidente del grupo armado organizado residual Calarcá. El hallazgo se realizó durante tareas de registro y control militar orientadas a debilitar la logística y la capacidad ofensiva de estas organizaciones ilegales.

El Ejército Nacional recalcó que el uso de artefactos explosivos improvisados está tipificado como delito en el Código Penal Colombiano y constituye una grave infracción al derecho internacional humanitario, por cuanto emplea métodos indiscriminados que ponen en peligro a la población civil, en particular a la infancia. La presencia de estos dispositivos en caminos rurales afecta de manera especial a los niños del campo, tradicionalmente invisibilizados por el conflicto armado interno.

Durante el año 2025, la Décima Segunda Brigada ha ubicado y destruido 84 artefactos explosivos improvisados en el departamento de Caquetá, con un enfoque particular en las zonas rurales de Puerto Rico. Estas acciones han protegido de manera directa a comunidades campesinas, dirigentes sociales, juntas de acción comunal y, prioritariamente, a los menores que a diario transitan por esos caminos rurales.

Según el Ejército Nacional, este avance responde al segundo objetivo estratégico del Plan Ayacucho Plus, que busca debilitar las capacidades logísticas y ofensivas de las estructuras armadas ilegales y evitar el uso de explosivos contra la población civil, la infraestructura crítica o las tropas desplegadas en operaciones.

Las operaciones militares continuarán desarrollándose de manera sostenida, como parte de la estrategia integral para contrarrestar la acción de los grupos armados ilegales y garantizar el derecho de la niñez, la educación rural y la vida campesina en un Caquetá más seguro.

La destrucción de 800 kilogramos de material explosivo en la vereda La Rosa, zona rural de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo, frustró el plan de grupos criminales de fabricar aproximadamente 2.500 minas antipersonal.

Según informó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, a través de su cuenta oficial en la red social X, los explosivos incautados estaban destinados a la creación de artefactos que pondrían en grave riesgo a campesinos, niños, comunidades indígenas, y miembros de la fuerza pública en zonas rurales de Putumayo, Caquetá, Amazonas y Cauca.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, soldados de la Sexta División del Ejército Nacional localizaron el depósito mientras realizaban operativos de control y vigilancia territorial. El material incautado consistía en una mezcla altamente volátil de nitrato de amonio y ACPM, dos sustancias químicas capaces de ocasionar grandes daños, lo que implicaba un grave peligro para el entorno y la población local.

El ministro Sánchez señaló que la propiedad de estos explosivos fue atribuida al grupo armado ilegal Comandos de Frontera, organización que pretendía intimidar a los habitantes de las distintas regiones mediante la colocación de minas artesanales. La incautación y destrucción del material evitaron la ampliación del riesgo sobre las comunidades más vulnerables y permitieron neutralizar una amenaza latente contra la seguridad regional.