Ecopetrol se niega a conciliar y enfrenta millonaria demanda de Helicol por más de $90.000 millones

Lo que pudo ser una solución amistosa terminó en desencuentro. La audiencia de conciliación extrajudicial que sostuvo el viernes 4 de julio la compañía Helicol S.A.S. con Ecopetrol S.A., citada por la Procuraduría General de la Nación, concluyó sin acuerdo. El resultado abrió paso a un millonario pleito judicial entre la empresa de transporte aéreo especializado y la petrolera estatal.

Durante la diligencia, Helicol planteó la reactivación del contrato en los términos inicialmente pactados como fórmula para evitar el litigio. La propuesta buscaba restablecer las condiciones comerciales y operativas suspendidas tras la decisión unilateral de Ecopetrol de dar por terminado el acuerdo. No obstante, la propuesta no fue acogida por la estatal petrolera, que mantuvo su posición y rechazó la posibilidad de restablecer el vínculo.

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El encuentro fue convocado en cumplimiento del artículo 103 de la Ley 23 de 1991, norma que exige agotar la etapa conciliatoria como requisito de procedibilidad antes de acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En este contexto, el intento de acercamiento legal no pasó de ser un trámite obligatorio.

El desacuerdo entre las partes gira en torno a un contrato de transporte aéreo especializado, suscrito para prestar apoyo logístico en zonas clave para la operación energética del país. Este tipo de servicios es fundamental en áreas de difícil acceso donde Ecopetrol mantiene actividad permanente, y cuya continuidad depende, en parte, de la movilidad garantizada por empresas como Helicol.

Sin previo aviso, y de manera unilateral, Ecopetrol decidió dar por finalizado el contrato, una acción que Helicol considera arbitraria y lesiva tanto para su operación como para la estabilidad contractual que esperaban mantener.

“Su terminación unilateral por parte de Ecopetrol afectó de manera significativa la estabilidad del servicio, vulneró principios de buena fe contractual y generó impactos operativos y económicos que ahora serán reclamados ante la justicia”, afirmó la empresa aérea en una declaración oficial tras la audiencia.

Con la conciliación agotada sin éxito, Helicol confirmó que interpondrá una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Según explicó el abogado Juan Pablo Estrada, apoderado de la compañía, la acción judicial reclamará una suma superior a los 90.000 millones de pesos, monto que incluiría los perjuicios económicos derivados de la interrupción abrupta del contrato.

Estrada agregó que la demanda tendrá como eje central la figura de la responsabilidad contractual del Estado, en tanto Ecopetrol, aunque sociedad por acciones, es una empresa de naturaleza estatal y, por lo tanto, está sujeta a los principios y reglas que rigen el actuar administrativo.

Los perjuicios alegados por Helicol no solo se limitan a una afectación directa de ingresos. Según detalló la compañía, también hubo impactos logísticos que comprometieron parte de su estructura operativa, al haberse asignado aeronaves, tripulación y recursos técnicos a un contrato que se proyectaba estable a mediano y largo plazo. La terminación abrupta, sin fase de transición, dejó a la empresa con recursos ociosos y contratos laborales en riesgo.

El litigio será seguido de cerca tanto por el sector jurídico como por el empresarial. El caso pone sobre la mesa la discusión sobre los límites de las facultades unilaterales de terminación contractual por parte de entidades estatales y las garantías que tienen los contratistas privados frente a esas decisiones.

A nivel legal, el proceso podría extenderse por años y sentar precedentes importantes en materia de contratación pública. En juego no solo está una millonaria suma, sino la confianza entre las empresas privadas y las entidades públicas en la ejecución de contratos de alto valor y complejidad técnica.

Por ahora, Helicol afina los argumentos de su demanda, mientras Ecopetrol guarda silencio frente al caso. La controversia avanza, sin conciliación, hacia los estrados judiciales.