A la cárcel funcionario de un municipio de Antioquia, acusado de robarse más de $3.700 millones: transfería dinero público a sus cuentas personales

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra José Artagnan Jaimes Jaime, que ejerció como secretario de Hacienda del municipio de Hispania, departamento de Antioquia, en el periodo 2020 - 2023.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, el exfuncionario habría transferido fondos desde cuentas oficiales del municipio a tres cuentas personales, apropiándose de 3.781.419.279 pesos, por lo que fue acusado por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

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Así mismo, el ente acusatorio detalló que las operaciones se efectuaron de forma virtual, sin los soportes, anexos ni reportes requeridos en el sistema de la alcaldía municipal.

Además, se identificó una posible falsificación de informes bancarios, lo que habría dificultado el rastreo y seguimiento financiero tanto por parte de las autoridades como de la administración municipal actual.

“Se estableció una posible falsificación de los informes bancarios para, presuntamente, obstaculizar el rastreo y seguimiento financiero de las autoridades y de la actual administración municipal”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Jaimes Jaime, de 52 años, fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) el 1 de julio en el municipio de Sabaneta (Antioquia).

Durante la audiencia judicial, el exsecretario no aceptó los cargos imputados en su contra, por lo que fue remitido hacia un centro penitenciario, mientras avanzan las investigaciones del caso.

Este no ha sido el único escándalo que se ha registrado en el municipio de Hispania, ubicado en el suroeste antioqueño. A finales de 2023, durante la administración de Leidy Johana Cardona, se conoció que la Alcaldía de Hispania destinó en 2022 más de $7.400 millones a celebraciones, mientras el Hospital San Juan de Dios del municipio antioqueño atravesaba una crisis financiera que obligó a sus funcionarios, médicos y enfermeras a organizar rifas para recaudar fondos.

Adicionalmente, en noviembre de 2023, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Cardona Rueda por omitir los procesos de planeación, ejecución y evaluación de políticas en gestión de riesgos, incendios y desastres durante su mandato. No obstante, el ente de control también halló que en 2022 la exalcaldesa no gestionó contratos o convenios con un cuerpo de bomberos para el municipio.

De acuerdo con una investigación del medio local El Colombiano, Cardona Rueda mantiene una relación con Juan David Benjumea, exalcalde de Hispania (2008-2011), condenado a 16 años de prisión por inflar el precio de tres lotes en más de 283 millones de pesos, pese a que fueron adquiridos por el municipio en 374 millones de pesos para proyectos de vivienda de interés social.

El caso de Hispania guarda similitud con el del municipio de Apartadó (Urabá antioqueño), donde la administración local denunció en 2025 el saqueo de 3.572 millones de pesos de las arcas públicas, que corresponden al periodo entre mayo de 2024 y marzo de 2025.

La investigación, que involucra a las autoridades locales y a la Contraloría General de Antioquia, se centra en transferencias realizadas desde cuentas del municipio hacia cuentas bancarias de funcionarios, sin que existan documentos que respalden dichas operaciones.

Adolfo Romero, que asumió el cargo tras unas elecciones atípicas celebradas en 2025 debido a la destitución de su antecesor, fue quien presentó la denuncia ante las autoridades competentes.

Según el informe preliminar de la Contraloría General de Antioquia, se identificaron 49 transferencias electrónicas desde cuentas municipales a terceros, de los cuales, 41 tuvieron como destinataria principal a la empresa Fenomenal Soluciones y Logísticas Zomac S.A.S., la cual solo registra contratos por cerca de 500 millones de pesos en el Secop II. Para el organismo de control, esta discrepancia sugiere un posible detrimento patrimonial por pagos no justificados y una presunta vulneración a los principios de eficiencia, legalidad y transparencia en la gestión pública.

“Se configura un posible hallazgo fiscal con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por un monto de $3.554.740.000, correspondiente a recursos públicos comprometidos, sin soporte contractual, sin registro contable y sin justificación legal”, advirtió la Contraloría en un informe.

El documento también resalta deficiencias en el control interno de la Alcaldía de Apartadó. A pesar de las advertencias emitidas por funcionarios técnicos, no se implementaron acciones correctivas ni planes de mejora, lo que permitió la materialización de las irregularidades. Ante estos hallazgos, la Contraloría solicitó fortalecer los mecanismos de control y advirtió sobre la posible configuración de delitos como peculado por apropiación y concierto para delinquir.

Como resultado de la denuncia y el informe, la Fiscalía abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales.