Nicolás Petro viviría en la misma casa que ocupó el expresidente Álvaro Uribe en Bogotá: el hijo de Gustavo Petro alega problemas de seguridad

El posible traslado del hijo del presidente a la residencia que ocupó el exmandatario en el complejo policial de Bogotá genera controversia por razones de seguridad y cuestionamientos éticos entre autoridades y sectores políticos

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El expresidente fue informado de
El expresidente fue informado de que debe abandonar la residencia en el complejo policial, tras más de una década de ocupación, mientras busca alternativas para mantener su seguridad y cumplir funciones legislativas en Bogotá - crédito Colprensa y X

La futura residencia de Nicolás Petro en Bogotá ha generado un debate inesperado dentro de la política y la seguridad en Colombia.

Según revelaciones recientes de la periodista D’arcy Quinn, el hijo del presidente Gustavo Petro estaría próximo a ocupar la misma vivienda en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo) en Bogotá, que en su momento sirvió de residencia al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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Esta decisión responde, de acuerdo con La FM, a que “esa es, según dicen, la casa más segura del complejo”, un factor clave ante el contexto de medidas de aseguramiento que pesan actualmente sobre Nicolás Petro.

De acuerdo con el informe presentado por el medio mencionado, la situación se ha tornado compleja porque la fiscal general, Luz Adriana Camargo, impuso como condición primaria que la residencia destinada para un funcionario en Cespo no albergue a personas privadas de la libertad en sus alrededores.

La asignación de la vivienda
La asignación de la vivienda más segura del Cespo al hijo del presidente y la salida del exmandatario reavivan discusiones sobre protección, ética y manejo de inmuebles estatales para figuras públicas bajo investigación - crédito Luisa Gonzalez / Reuters

Además, insistió en no ocupar la casa de un exmandatario investigado por la Fiscalía, aduciendo que “no tendría presentación que la jefa del ente acusador viviera en la casa de alguien a quien su institución investiga”.

Ante el traslado de Nicolás Petro a ese sector, surgen preguntas sobre las medidas que se adoptarán en lo sucesivo, ya que “nadie lo sabe aún”, según planteó el medio.

Mientras tanto, la Policía Nacional envió una notificación al senador Uribe para que abandone la residencia de Cespo. Así lo reportó RCN Radio, señalando que Uribe ocupa esta vivienda desde que concluyó su mandato presidencial en 2010.

Una resolución emitida en 2012 estableció un periodo máximo de cuatro años para que los expresidentes permanezcan en residencias dentro de complejos policiales como Cespo, plazo que está a punto de expirar en dos meses.

Frente a este escenario, Uribe busca una alternativa para residir en Bogotá que le permita cumplir con sus funciones legislativas, dado que contempla la posibilidad de permanecer en la capital durante el día y desplazarse a su vivienda en Rionegro (Antioquia) por las noches.

La inminente reubicación de Nicolás
La inminente reubicación de Nicolás Petro en la vivienda que ocupó Álvaro Uribe reabre el debate sobre los límites y criterios éticos en la asignación de residencias oficiales para figuras de alto perfil estatal - crédito Presidencia

La decisión sobre la vivienda de Uribe ha motivado reacciones políticas. Según El Heraldo, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia Laserna, denunció la medida y responsabilizó al presidente Juan Manuel Santos de comprometer la seguridad del exmandatario: “Nos hemos enterado de que al expresidente Uribe, que tenía alquilado un modesto apartamento en Cespo en la Policía para garantizarle su seguridad, le han prohibido tenerlo alquilado más tiempo; de manera que ahora tendrá que irse quién sabe a dónde, con las seguridades que él enfrenta”.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido una declaración oficial respecto al tema. Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, declaró en La FM: “No conozco la situación, pero entiendo que el Gobierno y su obligación, como lo explicábamos en el caso de Pastrana, es garantizar la protección a los expresidentes de la República, obviamente, ellos han ocupado la más alta dignidad del Estado y merecen todo el respeto y la consideración y las medidas de protección que estoy seguro en el caso del Ministerio de Defensa y en el caso del director nacional de la Policía, general Palomino, están cumpliendo con ese deber”.

El contexto de esta polémica tiene un antecedente que data de la salida de Álvaro Uribe de la Presidencia.

Según publicó El País de Cali, el entonces mandatario y su familia se establecieron en Cespo a partir de acuerdos para “no incomodar” a potenciales vecinos en otros conjuntos residenciales de Bogotá y organizar un esquema de seguridad eficiente.

El secretario de prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez, indicó que “Uribe se trasladará a dicha ciudadela para facilitar todo el sistema de seguridad”, añadiendo que la decisión buscaba evitar alteraciones en la vida cotidiana de los residentes de cualquier edificio común.

La disputa por la vivienda
La disputa por la vivienda más segura del complejo policial evidencia los retos de conciliar la seguridad de exmandatarios y funcionarios con la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones - crédito Fiscalía/Colprensa

El mismo reporte recordó que, poco antes de su traslado, Uribe fue nombrado general de cuatro soles ad honorem por el Ministerio de Defensa mediante el decreto 2202 del 2010, en reconocimiento a sus servicios prestados al país. Por otra parte, el expresidente cuenta también con una casa campestre en Rionegro, cerca de Medellín, y una hacienda en la zona rural de Montería.

Actualmente, la decisión de que Nicolás Petro pueda instalarse en la misma casa que dejó Uribe añade complejidades operativas y éticas. Según La FM, la fiscal Luz Adriana Camargo manifestó preocupación respecto a la imagen pública que supone que el jefe del ente acusador resida en el hogar de un personaje investigado activamente por esa misma fiscalía, postura que ahora se ve reflejada en el caso del hijo del presidente.

Además, según reconoció el ministro del Interior en diálogo con La FM, el Estado colombiano conserva la responsabilidad legal y moral de proteger a quienes han ostentado la máxima dignidad del poder ejecutivo, ajustando los detalles de dicha protección conforme evolucionan circunstancias personales y políticas: “Estoy seguro en el caso del Ministerio de Defensa y en el caso del director nacional de la Policía, general Palomino, están cumpliendo con ese deber”.