Mientras los drones sobrevuelan el Catatumbo, las desmovilizaciones se disparan un 98%: así es la nueva ofensiva del Estado

En medio de un escenario complejo en materia de seguridad, el Ministerio de Defensa reveló un balance detallado de sus operaciones durante el último año. El informe no solo se centra en las cifras de neutralización de miembros de grupos armados ilegales, también en el fortalecimiento tecnológico de las Fuerzas Militares y en los avances concretos en la lucha contra el narcotráfico.

Uno de los puntos más llamativos tiene que ver con la incorporación de nuevas tecnologías en zonas estratégicas. “Hemos potenciado nuestras capacidades de inteligencia con una flotilla de más de 900 drones que operarán en el Catatumbo. Hoy tenemos tres helicópteros MI-17 en funcionamiento y esperamos incorporar seis más en las próximas semanas para cerrar el año con 11 aeronaves activas”, explicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

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En el frente de combate, la cifra total de integrantes de grupos armados neutralizados asciende a 3.019. El Clan del Golfo es, hasta ahora, el más golpeado, 686 de sus miembros han sido neutralizados. También destacan la caída de varios cabecillas, entre ellos alias Chirimoya (Clan del Golfo), “Wilmer” o “W” (ELN – Magdalena Medio), “Fabián” (EMC – estructura Joaquín González), y los conocidos como “El Paisa”, “Cholinga”, “Duber” y “Nino”, vinculados a grupos residuales.

La ofensiva no se limita al terreno. El Ejército Nacional ha adquirido 48 sistemas C-uas (anti-drones) y fabricado otros 22, en alianza con Codaltec, la empresa adscrita al Grupo Social y Empresarial de la Defensa (Gsed). Esta última firmó contratos por $65.000 millones para fortalecer tanto los sistemas C-uas como el mantenimiento del sistema Talos, clave para la Fuerza Aeroespacial Colombiana. A eso se suma el desarrollo de drones tácticos por parte de Ciac, con capacidad de carga de hasta 7,5 kg y alcance de 10 kilómetros. Además, se ampliaron 500 horas de vuelo para los helicópteros MI-17.

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, las cifras también muestran una tendencia al alza. La incautación de pasta base de coca aumentó en un 25%, pasando de 20.585 kg en 2024 a 25.819 kg este año. La erradicación de cultivos ilícitos se incrementó de 1.864 a 2.338 hectáreas. También se destruyeron 1.902 infraestructuras para producción de drogas, un 26% más que el año anterior.

En lo que respecta a la maquinaria utilizada para estos fines, la intervención de equipos creció un 36% frente a 2024, con un total de 362 unidades incautadas de maquinaria amarilla.

Finalmente, en el marco de la Operación Themis 2.0, orientada a la protección de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz, se realizaron 42 capturas y dos bajas de presuntos responsables de homicidios. “Cada 62 horas se ha capturado a un implicado en asesinatos contra esta población vulnerable”, informó el Ministerio.

Más allá de los datos operativos, el balance de seguridad presentado por el Ministerio de Defensa deja entrever efectos sociales de fondo que merecen una lectura más cuidadosa. El aumento del 98% en desmovilizaciones, por ejemplo, no solo refleja la presión militar sobre los grupos armados, sino que podría estar marcando un cambio de percepción dentro de las propias filas criminales.

Este fenómeno abre una oportunidad —aún frágil— para replantear políticas de reincorporación con enfoque territorial. Si quienes desertan no encuentran apoyo ni alternativas, el ciclo se reinicia. En regiones como el Catatumbo o el Bajo Cauca, donde ya operan los drones del Estado, lo que se necesita también es presencia institucional en salud, educación y justicia. La seguridad no puede seguir pensándose como un ejercicio exclusivamente técnico.

Por otro lado, la ofensiva contra las infraestructuras del narcotráfico genera impactos económicos silenciosos. Cada laboratorio destruido implica también una fuente de ingreso que desaparece en zonas donde el Estado no ofrece opciones inmediatas. Esto puede traducirse en más violencia o en nuevas formas de ilegalidad.