El asesinato de ocho líderes evangélicos en zona rural del municipio de Calamar, Guaviare, ha generado una profunda conmoción entre las comunidades religiosas del país.
A través de sendos comunicados, la Confederación Cristiana de Colombia y la Confederación Evangélica de Colombia manifestaron su rechazo a estos crímenes, atribuidos a las disidencias de las Farc, y exigieron al Estado colombiano acciones concretas para garantizar la seguridad de los líderes religiosos, especialmente en zonas marcadas por la violencia.
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Las víctimas de esta masacre, identificadas como Maryuri Hernández, Jesús Valero, James Caicedo, Óscar García, Nixón Peñaloza, Maribel Silva, Isaid Gómez y Carlos Valero, pertenecían a los concilios Cuadrangular y Alianza de Colombia. Según información oficial, los cuerpos fueron hallados en una fosa común tras operaciones conjuntas de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 11 del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, activadas por mecanismos de búsqueda urgente iniciados en abril del presente año.
Un ataque contra la vida y la libertad religiosa
“Expresamos nuestro profundo dolor, indignación y enérgico rechazo por estos hechos violentos; no solo atentan contra la vida de personas comprometidas con el servicio a Dios y a sus comunidades, sino que también constituyen una grave amenaza contra la libertad religiosa, la labor ministerial y los derechos humanos fundamentales”, señaló la Confederación Cristiana de Colombia.
La organización hizo un llamado urgente a las autoridades judiciales y de seguridad para que actúen de manera diligente, con celeridad y transparencia. “Nos unimos al urgente llamado nacional a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y demás organismos judiciales y de investigación, a una pronta, transparente y rigurosa investigación, que permita esclarecer estos hechos y llevar a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes ante la justicia, sin impunidad ni dilaciones, incluyendo en el llamado a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Interior, a la Gobernación del Guaviare”.
Además, resaltaron que estos actos violentos constituyen una grave vulneración a derechos fundamentales consagrados tanto en la Constitución como en tratados internacionales. En su pronunciamiento, citan los artículos 11, 18 y 19 de la Constitución Política de Colombia, que protegen el derecho a la vida, la libertad de conciencia y la libertad de cultos, respectivamente.
Clamor por protección y fin del discurso de odio
En su comunicado, la Confederación Cristiana también instó al Gobierno nacional a establecer y fortalecer mecanismos eficaces para proteger a los líderes religiosos que ejercen su labor pastoral en regiones afectadas por el conflicto armado.
“Sea esta una nueva oportunidad para solicitarle de manera abierta y especial, que los líderes del sector interreligioso, mencionados de manera parcial o total, sean excluidos de los discursos políticos de odio como ha venido siendo reiterativo”, sostuvieron.
Pese a la difícil situación que atraviesan, las comunidades cristianas reafirmaron su compromiso con la paz y la reconstrucción social. “Reconocemos que la labor pastoral y social que desarrollan los líderes cristianos en Colombia es esencial para la reconstrucción del tejido social, la reconciliación y el bienestar de nuestras comunidades”.
Finalmente, expresaron solidaridad con las víctimas y sus familias: “Extendemos una voz respetuosa de solidaridad y condolencia a sus seres amados, a las congregaciones que pastoreaban, y elevamos oración a Dios para que su consuelo y fortaleza sean impartidos sobre ellos de manera especial”.
Confederación Evangélica también se pronunció
La Confederación Evangélica de Colombia también emitió un comunicado público en el que destacó el papel de las Fuerzas Militares y judiciales en el hallazgo de los cuerpos, como resultado de una búsqueda activada meses atrás.
Asimismo, la organización reiteró su llamado a las autoridades para que se brinden garantías reales a quienes lideran espiritualmente en territorios en disputa: “Solicitamos oración por paz y consolación a estas familias; elevamos una voz firme de clamor y exigencia a las autoridades para que estos crímenes no queden impunes, se avance con celeridad en las investigaciones y se brinden garantías reales para la protección de la vida e integridad de quienes ejercen liderazgo espiritual en las regiones más vulnerables del país”.
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