En el último día de alegatos, defensa de Álvaro Uribe Vélez calificó como “delito imposible” la acusación por manipulación de testigos

La defensa de Álvaro Uribe concentró su intervención en tres ejes fundamentales: el episodio del encuentro en Neiva con Juan Guillermo Monsalve, los presuntos intereses de la exfiscal Hilda Niño en el caso, y la aparición de Harlingtont Mosquera como un actor involucrado en el proceso.

En primer lugar, el abogado Jaime Granados se dedicó a refutar la versión presentada por la Fiscalía sobre la supuesta manipulación de Monsalve en Neiva.

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Según la acusación, Carlos López, alias Caliche, habría contactado a Monsalve para que se retractara de sus afirmaciones en contra del expresidente Uribe.

La Fiscalía sostiene que “Caliche” actuó por delegación directa del expresidente, ofreciéndole beneficios jurídicos y económicos a Monsalve a cambio de una retractación que pudiera debilitar las pruebas en el proceso.

Sin embargo, Granados subrayó que el escrito de acusación es impreciso y no esclarece cuál fue el ofrecimiento concreto hecho a Monsalve, ni presenta evidencia que pruebe que Monsalve fue inducido a mentir.

A su juicio, la Fiscalía no aporta elementos que configuren una presión, instrucción o intención dirigida por Uribe para manipular al testigo.

Uno de los puntos neurálgicos de la defensa fue la inexistencia del video que, según la Fiscalía, habría sido grabado para evidenciar la retractación de Monsalve.

Granados argumentó que dicho video nunca se grabó, ni se entregó a la justicia, y que esta ausencia es determinante para considerar que la conducta imputada no es típica, pues la falta de esta prueba anula la posibilidad de que se haya cometido fraude procesal.

“¿Cómo puede haber fraude procesal si Juan Guillermo Monsalve nunca grabó un video de retractación? No hubo retractación, no hubo presión, no hubo delito”, reiteró el abogado, al tiempo que calificó la acusación como un “delito imposible”.

Explicó que de haberse producido el video, este habría sido radicado en las instancias judiciales pertinentes, pero no existe rastro alguno de ello.

Además, resaltó que Monsalve mismo manifestó que no haría el video por miedo a incurrir en falso testimonio, lo cual desvirtúa la hipótesis de la Fiscalía.

El abogado también denunció graves errores cronológicos en el escrito de acusación. Indicó que la Fiscalía manejó fechas inconsistentes respecto al encuentro de Neiva, lo que a su juicio pone en duda la rigurosidad del proceso y el respeto por el debido proceso.

“Aquí no se pueden cometer semejantes ligerezas. Se debe trabajar con la evidencia y con la verdad, y solo eso”, expresó.

Por otro lado, la defensa reafirmó que la relación de amistad entre Carlos López “Caliche” y Monsalve está probada y no es una invención para manipular la narrativa.

Este vínculo, según Granados, es un hecho relevante para entender el contexto del episodio de Neiva y cuestionar la versión oficial.

Finalmente, Granados presentó registros telefónicos y otras pruebas que, según él, desmontan la teoría de la Fiscalía sobre una supuesta intervención directa del expresidente Uribe o del Centro Democrático en el contacto con Monsalve.

Subrayó que no hay evidencia que respalde la existencia de órdenes o intereses desde Bogotá para influir en Neiva, ni que Uribe haya participado en esos hechos.

El abogado concluyó su intervención señalando que la Fiscalía no ha logrado demostrar con pruebas contundentes la responsabilidad del expresidente, y que la acusación se sustenta en hipótesis y afirmaciones sin sustento fáctico.

“No existe prueba alguna que conecte a Uribe con una maniobra para manipular testigos. Por eso, este caso debe ser desestimado”, sentenció.

El próximo lunes 7 de julio, el exsenador comparecerá nuevamente ante los juzgados de Paloquemao para ejercer su defensa material, tal como lo establece el Código de Procedimiento Penal colombiano.

El abogado Jaime Lombana confirmó la presencia de Uribe en la audiencia, subrayando que el acusado tiene derecho a intervenir personalmente al final del juicio.

La trascendencia del caso llevó al Consejo Superior de la Judicatura a suspender temporalmente el reparto de nuevos procesos al Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, bajo la dirección de la jueza Heredia.

Esta medida, vigente durante todo julio, responde a una solicitud de la propia jueza y busca garantizar la dedicación exclusiva al juicio.

Además, la Judicatura dispuso que el juzgado rinda informes semanales sobre el avance del trabajo exclusivo durante este mes.

El proceso judicial se acerca a sus términos de prescripción, previstos para octubre de este año, lo que ha motivado a la jueza a exigir máxima diligencia.

Heredia advirtió sobre la proximidad de la prescripción y la necesidad de acelerar el trámite.

Se prevé que el sentido del fallo se anuncie en la última semana de julio, y la sentencia definitiva se emitirá en un plazo máximo de ocho días, decisión que corresponde a la jueza y no a una imposición de la Judicatura.