
Una publicación hecha por el presidente Gustavo Petro reavivó el debate en torno al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), aunque el mensaje iba dirigido contra Olmedo López, exdirector de esa entidad, la reacción que generó vino acompañada de nuevas acusaciones por parte del exsenador David Luna, que no se limitó a respaldar la solicitud del mandatario, ya que cuestionó la ausencia de señalamientos contra otro funcionario del alto Gobierno nacional.
Petro había comentado desde sus plataformas digitales que Olmedo López debía recibir “la máxima condena”, tras conocerse que el exfuncionario aceptó su responsabilidad en el millonario desfalco a esa entidad. El jefe de Estado afirmó: “Un hombre de izquierda jamás debe robar a los pobres y a las víctimas. Es un vampiro de la codicia”. Esta declaración se dio en un momento en el que la defensa del exdirector de la entidad insistió en que su cliente colaboró de forma decisiva con la justicia.
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El caso de corrupción en la Ungrd se trata del presunto desvío de millonarios recursos públicos destinados a la atención de emergencias en varias regiones del país, en especial a la compra de 40 carrotanques que llevarían agua potable a La Guajira. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, altos funcionarios de la entidad habrían direccionado contratos, autorizado pagos irregulares y participado en una red que favoreció intereses particulares y hasta a las reformas del Gobierno, por lo que salieron salpicados congresistas, exministros, entre otros.

Ante el mensaje del mandatario sobre el caso, no pasaron muchas horas antes de que Luna, perteneciente al Cambio Radical, se pronunciara. En su intervención, no solo coincidió con Petro en la necesidad de castigar a los responsables del hecho, sino que puso sobre la mesa el nombre de Carlos Ramón González, que hasta hace poco fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
“De acuerdo, Presidente. Todo corrupto debe ir a la cárcel, sea quien sea, de derecha o de izquierda. Yo incluso propongo que también se le quite todo, con extinción de dominio total. Ahora bien Presidente, ¿y para Carlos Ramón González?”, expresó Luna a través de su cuenta de X.
El pronunciamiento del excongresista se da debido a la decisión judicial del Tribunal Superior de Bogotá que impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra González. En el departamento, el magistrado Leonel Rogeles autorizó la captura del exfuncionario por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros.

Según lo revelado por Caracol Radio, el fallo excluyó el cargo de lavado de activos, pero dio vía libre a la detención, pues en el texto de la determinación se leyó: “Una vez se haga efectiva la captura del imputado, se le traslade al establecimiento de reclusión que el Inpec considere pertinente, para la correspondiente reseña, verificación y custodia del cumplimiento de la medida aquí impuesta”.
La situación de González adquiere una dimensión adicional luego de que la fiscal del caso, María Cristina Patiño, advirtiera que existen indicios sobre su posible intención de evadir la acción de la justicia. De acuerdo con información técnica incluida en la audiencia, el rastreo de su señal de celular lo ubicaría en Nicaragua. “Es altamente probable que Carlos Ramón González no tenga la intención de someterse a la investigación, a la persecución penal ni al cumplimiento de una eventual pena”, advirtió la fiscal.
Estas nuevas revelaciones reactivaron las tensiones políticas que rodean la gestión del presidente Petro frente a los hechos de corrupción. Aunque el mandatario fue enfático en señalar públicamente a Olmedo López, incluso en escenarios oficiales donde se ha referido a él como un “bandido”, distintos sectores cuestionan lo que consideran un tratamiento diferenciado entre los implicados.

David Luna, en su rol como precandidato presidencial, es una de las voces más criticas frente al manejo del Gobierno en diferentes aspectos, como la seguridad, las políticas, reformas y los casos de corrupción. Su insistencia en que González reciba el mismo trato judicial que López apunta a una preocupación por la equidad en la aplicación de justicia, así como al impacto institucional que puede tener la percepción de selectividad.
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