El sacerdote Fabián Yulian Figueroa Yulque fue enviado a la cárcel por decisión de un juez de control de garantías, tras ser señalado de abusar sexualmente de su sobrina, una menor de 11 años, en el municipio de Vigía del Fuerte, en el Urabá antioqueño.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en el 2024, en la casa cural donde este hombre ejercía labores como párroco, mientras que la pequeña estaba de visita.
En ese lapso, el sacerdote aprovechó su cercanía familiar para cometer los actos de abuso sexual, hechos que posteriormente fueron denunciados ante las autoridades por parte de la familia de la menor.
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Según el fiscal del caso, señaló el sacerdote “como presunto responsable de realizar tocamientos indebidos a su sobrina, de 11 años, un Juez de control de garantías accedió a la solicitud de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un religioso de 57 años de edad, quien se desempeña como sacerdote en un municipio costero del Urabá antioqueño”, indicó el ente investigativo en su comunicación oficial.
Los reportes indican que fue el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) la entidad que brindó acompañamiento tras la denuncia y que recopiló el testimonio de la víctima. Voceros de esta señalaron que “la menor y su familia reciben apoyo psicosocial y jurídico para garantizar sus derechos y bienestar”.
Tras la recolección de pruebas, la Fiscalía imputó al sacerdote los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos con menor de 14 años.
Figueroa Yulque no aceptó los cargos. En la audiencia, la juez determinó que “la gravedad de los hechos y el tipo de relación de confianza que existía entre el presunto agresor y la víctima hacen necesaria la medida de aseguramiento intramural”.
Por abuso sexual a menor de edad juzgan a exsacerdote en Santander
La decisión eclesiástica que expulsó a Jaime Vargas Ruiz del estado clerical sentó un precedente en la Diócesis de Socorro y San Gil, al instruir públicamente la petición de perdón de la Iglesia por los delitos cometidos en su seno. Esta medida, conocida el 8 de agosto de 2024, no solo marcó el fin de la carrera sacerdotal de Vargas Ruiz, sino que también impulsó el curso judicial penal que avanza en su contra.
Según informó Caracol Radio, este proceso penal tuvo un nuevo capítulo la mañana del martes 22 de abril, cuando Vargas Ruiz fue presentado ante un juez en los juzgados penales de Moniquirá por los delitos de abuso sexual a menor de edad, cargos que habrían sido cometidos mientras ejercía su ministerio sacerdotal en el departamento de Santander.
Las acusaciones se originan en hechos de 2007, cuando la presunta víctima, Jonathan Ortega, tenía 16 años. Ortega relató al medio de comunicación que el presunto acceso carnal solo fue denunciado hasta 2020, después de superar años de miedo y silencio: “Dejé mi temor e interpuse la denuncia”.
El medio detalló que Vargas Ruiz ya había enfrentado consecuencias en la esfera eclesiástica, e incluso había sido sentenciado por el tribunal interno de la Iglesia: “Interpuse la denuncia tanto por el Foro Eclesiástico como el penal”.
Jaime Vargas Ruiz ya fue condenado y expulsado por la iglesia. A su vez, el proceso penal también avanzó. Tuvimos la audiencia de imputación de cargos y preparatoria; y ahora un juez nos citó para audiencia de juicio oral público”, afirmó Ortega.
La resolución que expulsó al sacerdote se formuló invocando el canon referente al “delictum contra sextum cum minore”, es decir, la prohibición de cometer adulterio con un menor, en consonancia con el derecho canónico. Por orden de la jerarquía eclesiástica, la diócesis debía pedir perdón a la víctima, reconociendo formalmente el daño causado.
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